Ejecutados, decapitados, cuerpos atados y torturados con mensajes contra bandas rivales o policías y anuncios callejeros amenazadores conforman la geografía de la violencia en varios estados de México, en una escalada que en el transcurso del año dejó 1.378 muertos hasta finales de mayo, 47% más que en igual período de 2007.

Tras asumir el cargo en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón se propuso "rescatar todas las regiones azotadas por los narcos", una difícil meta tras seis años de operativos con escasos resultados durante el gobierno de su antecesor Vicente Fox, el primer representante del Partido Acción Nacional (derecha) que llegó al poder.

Ese período fue aprovechado por los cárteles para ampliar una compleja red de complicidades con policías y funcionarios de distintos niveles y armar ejércitos de sicarios que hoy se enfrentan a sangre y fuego en las calles de urbes como Culiacán (noroeste) y Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

Calderón ha reclamado a Estados Unidos una corresponsabilidad en el combate al tráfico de drogas y atribuyó la violencia en la frontera a que ese país es el mayor mercado mundial de cocaína, donde hay 6 millones de consumidores.

De Estados Unidos provienen además cerca del 80% de las armas que utilizan las organizaciones criminales, muchas veces más modernas que las de las fuerzas de seguridad.

Ese fue el motivo que las autoridades alegaron en el caso de los homicidios de siete policías en Culiacán el 27 de mayo, quienes engrosaron la lista de unos 450 agentes asesinados desde el inicio de la ofensiva oficial en diciembre de 2006, sobre un total de 4.172 ejecutados en ese período.

No obstante, el gobierno ha asestado varios golpes al poder de fuego de las mafias al confiscar en ese lapso 13.500 armas, de las cuales 8.216 son largas, 900 granadas y 1,5 millones de municiones, así como 7.402 vehículos y 263 aeronaves, según datos oficiales.

Esta cifra "es suficiente para armar un ejército", ejemplificó el procurador.