EMILIANO COTELO:

La semana pasada, la Unión Europea generó una gran controversia internacional cuando aprobó un reglamento conjunto para hacer frente al ingreso de inmigrantes indocumentados. El Parlamento Europeo oficializó el miércoles la denominada "Directiva de retorno", que determina la forma en que los 27 países integrantes del bloque actuarán frente al ingreso de indocumentados.

Desde América Latina se levantaron voces muy críticas. El presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó con cortar el suministro de petróleo a la Unión Europea y expulsar a las inversiones de ese origen. Su par de Ecuador, Rafael Correa, anunció que llevará el tema a la Comunidad Andina de Naciones y planteó la posibilidad de congelar las negociaciones en curso para un acuerdo comercial entre ese bloque y el viejo continente. En un estilo más mesurado, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, también rechazó la medida y el canciller Gonzalo Fernández tiene previsto plantearle sus preocupaciones a su par español, Miguel Ángel Moratinos.

Además, ya está resuelto que el tema sea analizado en la Cumbre del Mercosur, que tendrá lugar este mes en Tucumán, Argentina.

Pero mientras esos debates se procesan, vale la pena ordenar la información.

¿En qué consiste la decisión adoptada por la Unión Europea? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se tomó esa resolución? ¿En qué se diferencia de la situación que existía hasta ahora? Vamos a conversarlo con nuestro corresponsal en París, Rafael Mandressi.

Hace unas cuantas semanas que tenemos pendiente una charla contigo por estas cuestiones de la inmigración y los debates en Europa. Hubo un momento especialmente candente cuando el nuevo gobierno de Silvio Berlusconi, en Italia, anunció disposiciones propias que pasaban al Parlamento para su consideración. ¿A ti te tiene preocupado esto?

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RAFAEL MANDRESSI:

Me interesa mucho el tema de la inmigración en general en Europa, en cierta medida me comprenden las generales de la ley, porque aunque no soy un indocumentado, sí soy un inmigrante. Además es uno de los temas más importantes de los últimos años y de los que vendrán; por lo menos en los próximos 10 o 20 años va a seguir siendo un tema central, aunque no se trate –al menos en este momento– de uno de los que más preocupan a la opinión pública. Según encuestas que circulan, esta no es una de las cuestiones que más inquietan a la población, aunque sí a los gobiernos y a la Unión Europea como tal, que en estos últimos días ha estado en el centro de las discusiones y los debates a raíz de esta directiva.

EC - Te propongo ver en primer lugar cuáles son las principales disposiciones de esta directiva de retorno.

RM - En primer lugar, se establece el principio del retorno de todo inmigrante clandestino en situación irregular (es decir los indocumentados) a su país de origen o el traslado hacia un país de tránsito con el cual tenga acuerdos la Unión Europea o, en otra hipótesis, hacia un tercer país adonde la persona decida dirigirse por su propia voluntad.

Una vez que la persona es detenida, se le acuerda un plazo de entre 7 y 30 días para lo que la directiva llama su "retorno voluntario", que puede prolongarse más allá de ese plazo en función de algunas circunstancias particulares, como el hecho de tener hijos escolarizados o algún otro tipo de vínculo familiar o social.

Uno de los puntos más polémicos es el que tiene que ver con la retención, es decir con el hecho de que la persona sea detenida, lo cual puede ser decidido cuando se considere que hay un riesgo de huida, de fuga, o si la persona indocumentada rechaza la expulsión. El plazo de esta detención es lo que ha dado más que hablar, porque, si bien como principio general se plantea un plazo máximo de seis meses, de hecho ese plazo puede ser prolongado por 12 meses más –hasta un total de un año y medio– si hay "escasa cooperación" de la persona o si hay dificultades para obtener los documentos necesarios para el regreso al país de origen o el traslado hacia algún otro país.

En caso de que se llegue a los 18 meses sin que la persona haya sido efectivamente expulsada, queda libre, y cuando una expulsión se hace efectiva va seguida de la prohibición de regreso durante cinco años. Una persona expulsada no puede ingresar, ni siquiera de manera legal, antes de transcurridos cinco años a ninguno de los estados de la Unión Europea.

Y por último, el otro punto importante –un aspecto relativamente urticante– que ha marcado la discusión, tiene que ver con la posibilidad de expulsar a menores de edad no acompañados, aunque hay una serie de garantías que rodean esta posibilidad, como el acceso a la educación, la confirmación de que en los países adonde se van a expulsar a esos menores existan estructuras adecuadas para acogerlos.

Esos son los principales aspectos de este texto que está en vigor desde el 18 de este mes, cuando lo aprobó el Parlamento Europeo.

EC - Fue aprobado por 367 votos a favor, con 206 en contra y 109 abstenciones. Sería bueno hilar un poco más fino. ¿Quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra? ¿Cómo está la relación de fuerzas en la Unión Europea?

RM - Antes, repaso algunos antecedentes. Esto es el final de un proceso que llevó tres años de discusión y que en lo relacionado con la votación en el Parlamento Europeo lo que hizo fue ratificar un acuerdo que se había establecido en mayo en el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea.

Actualmente, en términos políticos, la Unión Europea está volcada a la derecha, tanto en cuanto a los gobiernos –21 de los 27 gobiernos de los estados miembros están en manos de la derecha– como al Parlamento Europeo, donde los partidos de derecha son mayoritarios. Estos partidos de derecha, tanto los conservadores como los liberales, votaron –el Partido Popular Europeo y el Partido Liberal– prácticamente de manera unánime a favor del texto, y la izquierda votó dividida, mayoritariamente en contra, excepto los socialistas españoles y los socialistas alemanes.

No puede dejar de analizarse que la izquierda que no está en el gobierno fue la que votó en contra, por lo menos en el caso de los partidos socialistas, y que los partidos socialistas o socialdemócratas que están en el gobierno, como en España y en la coalición de gobierno alemán, votaron a favor del texto. De todos modos, es una iniciativa que corresponde a la predominancia de la derecha, desde hace ya unos cuantos años, en el bloque europeo.

EC - Repasemos las reacciones dentro y fuera de Europa.

RM - Dentro de Europa, los partidos de izquierda reaccionaron muy fuertemente en contra, así como la totalidad de las organizaciones no gubernamentales, en particular las que se ocupan de la defensa de los derechos humanos.

Fuera de Europa, al margen de la reacción Chávez –que fue muy comentada por aquí–, la de Correa y la de Evo Morales (las reacciones vinieron sobre todo de América del Sur), también muy crítica fue la reacción de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, que protestó muy duramente contra la aprobación de esta directiva. Además de cuestionar la duración de la detención y otros aspectos concretos, hizo dos grandes objeciones: por un lado, que se criminalice la inmigración y por otro, que se proceda a detener a individuos por infracciones de tipo administrativo, lo cual es inaceptable para quienes se oponen y critican la directiva.

Por su lado, quienes defienden la directiva, argumentan que de hecho implica una mejoría en la situación. Y no les falta cierta razón, porque en el texto no se trata de armonizar las políticas europeas, sino de fijar máximos, es decir reglas mínimas que tienen que ser cumplidas por los estados. Si uno repasa las legislaciones y las disposiciones que rigen en varios estados, se da cuenta de que lo que esta directiva establece es bastante más benigno que lo que se practica en nueve países de la Unión Europea. Por ejemplo, en el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia y Holanda, la duración de la detención de un inmigrante indocumentado no tiene límite en el tiempo. Esto marca un máximo, sin obligar a los países que tienen disposiciones más benignas, a ajustarse a él.

En Francia, el ministro encargado de estos asuntos ya anunció que no se van a cambiar las disposiciones internas, que en cuanto a la duración de la detención de una persona indocumentada establecen un máximo de 32 días. No se va a ir hacia los 18 meses potenciales que establece la directiva. Es que esta norma no obliga a volver más severas las legislaciones, pero obliga a bajar los plazos en aquellos países con normas más duras.

De modo que, al margen de garantías –que en muchos casos no existen– que se les aseguran a las personas detenidas, hay también una argumentación a favor porque se considera que mejora el panorama general de la Unión Europea para el caso de la inmigración ilegal.

De hecho, puede interpretarse, más allá de las disposiciones específicas, que se trata de una señal política en el sentido de que la Unión Europea está decidida a combatir a la inmigración clandestina, aunque en los hechos esta directiva no modifique sustancialmente el paisaje normativo que rige hoy, salvo en el caso de algunos países, para mejorarlo.

De modo que las protestas tienen que ver con la reacción frente a una señal explícita colectiva de toda la Unión Europea en cuanto a una actitud firme y rigurosa en el control de la inmigración clandestina.

EC - ¿Qué vislumbras a partir de toda esta avalancha de críticas, de cuestionamientos e incluso amenazas que Europa ha recibido después de aprobar esta directiva la semana pasada? ¿Qué tipo de respuesta puede haber?, ¿puede haber alguna flexibilización, alguna modificación?

RM - No creo que se modifique lo que ya se aprobó. Simplemente va a manejarse con una estrategia de no respuesta, de silencio en términos generales respecto a las críticas, y las cosas van a quedar más o menos como están, en una situación bastante complicada y contradictoria.

La Comisión Europea estima que hay unos ocho millones de inmigrantes indocumentados en Europa y la situación demográfica de muchos países europeos, más especificidades locales relacionadas con el mercado de trabajo y la presión migratoria, que no sabe mucho de atenerse a directivas, van a seguir existiendo. De modo que en términos generales la situación europea, que oscila entre una apertura selectiva y gestos de severidad, no va a modificarse y van a seguir dándose las situaciones muchas veces trágicas que se dan.

Si me permitís, pongo un pequeño ejemplo concreto: supón que estás en tu jardín, cortando el césped o arreglando algunas plantas, y a tres metros oís el ruido de una bolsa de papas que cae del cielo. Ese ruido corresponde a un cadáver que cae del cielo, cuando el tren de aterrizaje de un avión se abrió y dejó caer a una persona que se había escondido allí y que murió durante el viaje.

En París y la región cercana esa situación ocurre tres o cuatro veces al año. Y situaciones análogas, igualmente horrendas, pueden constatarse porque se está ante un fenómeno incontenible, que ninguna directiva va a poder controlar si lo que se pretende es cerrar las fronteras; son casos de personas que ingresan o que intentan ingresar por todos los medios y que una vez que están dentro, al ser perseguidas o controladas, muchas veces dan lugar a episodios que alimentan la crónica roja de todos los días en todos los países de Europa.

Al mismo tiempo, los empresarios demandan que se deje ingresar mayor cantidad de inmigrantes para atender necesidades de puestos de trabajo y de mano de obra más barata. Con lo cual los gobiernos, en particular los de derecha, están en una situación de tensión porque tienen que dar satisfacción a una postura ideológica que sostuvieron en las campañas electorales y al mismo tiempo atender reclamos del sector empresarial, que es uno de los grupos a los cuales tienden a escuchar con atención.