La oposición rechaza la iniciativa, que cuenta con apoyo del oficialismo, fuerza mayoritaria en el Congreso.

Otro sector de la oposición (socialdemócrata) exige cambios en el proyecto, como férreos controles sobre el uso de los fondos de pensiones por parte del Estado.

El gobierno argumenta que aporta unos 4.000 millones de pesos anuales (unos 1.200 millones de dólares) al sistema privado para garantizar el pago de las jubilaciones mínimas, pero desde la oposición estiman que la iniciativa es una maniobra para capturar fondos frente a los fuertes vencimientos de la deuda pública que debe enfrentar en 2009.

El debate en las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de la Cámara de Diputados contará con la presencia hoy del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que defenderá el proyecto del gobierno.

El anuncio de estatización de las jubilaciones generó desconcierto al sistema privado, creado en 1994, muchos de los cuales amenazan con juicios al Estado, y acentuó pérdidas en la Bolsa de Buenos Aires, que viene sufriendo el impacto de la crisis financiera global.

Las 10 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cuentan con 9,5 millones de trabajadores anotados, pero sólo 3,6 millones son aportantes efectivos, ya que los restantes no cumplen con las contribuciones por evasión de las empresas o de los autónomos.