(emitido a las 8.33 hs.)

EMILIANO COTELO:
En Perú, en un fallo histórico y después de 484 días de proceso, el Tribunal de la Corte Suprema condenó ayer a 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori.

Al fundamentar la decisión de la Corte, el presidente del Tribunal, César San Martín, dijo que los crímenes cometidos constituyeron la más grave y severa desvaloración de la persona por parte de Fujimori.

(Audio)

"Cabe afirmar que el Tribunal ha llegado a una certeza razonable acerca de los cuatro hechos juzgados. Este Tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria".

(Fin del audio)

Fujimori fue condenado por su responsabilidad en dos matanzas en las que murieron 25 personas y dos secuestros, todos hechos ocurridos durante su gestión.

Se trata de la primera vez que un ex mandatario constitucional latinoamericano es juzgado por crímenes de lesa humanidad en su propio país.

Para conocer más detalles acerca de esta sentencia y lo que significa para Perú, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el sociólogo uruguayo Romeo Grompone, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, profesor de la maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de Postgrado de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.


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EC – Esto que estamos considerando es la resolución que se conoció ayer a nivel judicial, en una de las tantas causas que se le siguen a Fujimori, no es el único caso ¿no?

ROMEO GROMPONE:
No, lo que pasa es que las acusaciones a Fujimori están sujetas a las condiciones que motivaron la extradición, sólo puede ser juzgado por aquellas causas que se le determinara en el momento en que se lo traslada a Perú. Entonces hay otras causas pendientes pero de menor cuantía. Por ejemplo, ya fue condenado por allanar ilegalmente la casa de Montesinos nombrando un fiscal que no lo era -simplemente era un mando militar- y hay otras acusaciones acerca de apoyos económicos indebidos a Montesinos que en realidad no son lo central del proceso, lo central del proceso, la acusación, fue lo que ocurrió ayer.

EC – Estamos hablando de crímenes que en realidad fueron ejecutados por el grupo militar encubierto "Colina", ¿verdad?

RG – Claro, pero lo de encubierto cada vez es más relativo. La tesis del Tribunal es la del delito mediato, o sea, que es un delito que era realizado por este grupo con el conocimiento de Fujimori y el control de la organización. Y además, lo que hace más fuerte el fallo, es que la sentencia –son 800 páginas, obviamente no las leí en conjunto- remarca que Fujimori ejercía efectivamente el comando y el mando sobre los cuadros intermedios del Ejército, no sólo por el atributo general de ser el comandante general de las Fuerzas Armadas por ser el presidente del Perú, sino porque efectivamente hay una serie de actos que demuestran que no solamente establecía la política general -que fue el argumento de la defensa- sino que conocía acciones concretas como las de este grupo.

EC – ¿Qué consecuencias políticas puede tener esta sentencia para el Perú?

RG – Se abre un escenario bastante complejo. La primera cosa es que hasta lo que se sabía antes de la sentencia, en el caso de Lima dos tercios de la población estimaba que era culpable. Pero ocurre que la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, -y el fujimorismo en general- tiene un apoyo popular no mayoritario pero considerable, tanto que en las últimas encuestas de opinión aparecía como la número uno entre las candidatas posibles para las elecciones de 2011.

EC – ¿Efectivamente es la favorita según las últimas encuestas?

RG – Sí, bueno, es el 17% frente al 16% de Lourdes Flores, todos candidatos ubicados –por decirlo así– en un espacio de derecha o centro-derecha, pero que se está por definir. En todo caso, una de las consecuencias es que el fujimorismo tratará de marcarse como una fuerza política mucho más importante en la vida política del país. El problema es que si lo hace solamente en torno al tema de la libertad de Fujimori, pierde vigencia, pierde espacio de maniobra. El segundo problema que me parece...

EC – ...recordemos un par de antecedentes: Keiko había prometido que en caso de acceder a la presidencia una de las medidas que tomaría sería perdonar a su padre.

RG – Claro, ahora ahí hay una discusión. Jurídicamente, en delitos de lesa humanidad contra los Derechos Humanos no corresponde el indulto de acuerdo a los convenios internacionales que tiene el Perú. Pero otros pueden decir que eso no se puede aplicar retroactivamente para actos cometidos en 1992. En todo caso, aparentemente no podría indultarlo, se daría la paradoja de que Keiko Fujimori no podría indultar a Alberto Fujimori, pero por supuesto eso entra mucho más en una especulación que en un manejo político real.

EC – Lo cierto es que ella ha insistido en que el fujimorismo no va a quedarse de brazos cruzados.

RG – Claro, por supuesto, va a haber una amplia movilización. Mi impresión es que probablemente el fujimorismo va a ser desplazado por otras fuerzas políticas dentro de ese mismo espacio –por decirlo así– conservador.

Otra pregunta que uno se hace, una pregunta velada, es qué actitud va a tomar finalmente Alan García. Él necesita la alianza con el grupo fujimorista porque en un contexto de desorganización de los partidos políticos es el que le asegura el apoyo de una bancada coherente, y como además también ha sido acusado por actos de violación de Derechos Humanos puede decir: "yo, en un acto histórico, concedo el indulto"; pero todavía falta la apelación.

EC – Para pasar en limpio: ¿usted dice que ya hoy el presidente Alan García necesita al fujimorismo para gobernar?

RG – No, yo no estoy diciendo que haya una alianza expresa en el sentido de que haya un pacto firmado, pero da la impresión de que hay coincidencias en las líneas generales de política económica. Además, en el juego político, ocurre que las dos bancadas más fuertes son la del Apra, con 38 congresistas, y la de Fujimori, con 13; en un congreso de 120 integrantes da para obtener mayoría. Entonces ahí va a haber un juego político de acercamientos y alejamientos.

EC – Usted estaba mencionando otro factor de "aproximación" y es el hecho de que Alan García también ha sido acusado de violación a los Derechos Humanos durante su primer gobierno en la década de 1980.

RG – Sí, claro, lo que ocurre es que la mayoría de los delitos o han sido absueltos o se consideraron prescriptos, son cosa juzgada, pero usted sabe que en esos temas siempre existe la posibilidad latente de una apertura, como también ha ocurrido en Uruguay ¿no?

Yo creo que ese es el escenario y por supuesto no sabemos qué va a pasar en la apelación. La apelación no va a discutir nuevamente testigos ni pruebas, sino que va a calificar únicamente el expediente, ahí puede cambiar.

EC – Se anuncia que la apelación se resolvería a más tardar en los próximos cuatro meses, ¿efectivamente puede ser ese el plazo?

RG – Sí, aparentemente sí. Otra cosa que quiero señalar, porque de repente no es muy conocido, es que en realidad esos 25 años pueden reducirse a seis, aún en esta sentencia.

EC – ¿La condena de 25 años dice usted?

RG – Sí. Porque existe una legislación sobre beneficios penitenciarios, vigentes aún para quienes cometieron esos delitos antes de la nueva legislación sobre Derechos Humanos. Entonces, Fujimori puede acogerse al beneficio de una semi libertad por un tercio de la sentencia y a una especie de ley que redime la pena por trabajo. Un cálculo que hacen algunos juristas reputados es que la condena de carcelería real rondaría los seis años. Recordemos que ya lleva dos años, veintidos meses.

Lo fundamental del fallo fue el control no sólo de actos concretos de manejo del aparato militar sino especialmente su alianza con Vladimiro Montesinos, que evidentemente controlaba todo el servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia pasa a tener una posición hegemónica de poder dentro de las Fuerzas Armadas y es evidentemente el que está conectado, en una línea de mando irregular -porque Montesinos no tenía cargo formal en el Ejército sino que era un asesor-, con toda una cadena militar. Entonces, el grupo Colina no es un grupo paramilitar en sentido estricto, es un grupo del Ejército que actúa en operaciones y comete esos crímenes en una especie de "guerra de baja intensidad".