(emitido a las 8.31 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La decisión del presidente venezolano, Hugo Chávez, de cerrar más de 30 radios incrementó los cuestionamientos que se realizan desde dentro y fuera de Venezuela a la política de su gobierno con relación a los medios de comunicación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó este miércoles que el gobierno de Hugo Chávez avanza sobre los medios independientes con cierres de radios, ataques a televisoras y una serie de medidas que buscan hacer desaparecer a la prensa crítica.

En estos días, venezolanos contrarios a Chávez expresaron su rechazo a los cierres de medios de comunicación en protestas callejeras.

(Audio)

"No más cierres" es lo que se escucha. Sin embargo, desde el gobierno de Chávez se afirma que se trató de una medida adoptada por razones administrativas.

Hay que agregar, porque también fue noticia de las últimas horas, que un tribunal venezolano ordenó la detención de Lina Ron, una partidaria del presidente Hugo Chávez, porque participó junto a unos 30 seguidores del primer mandatario en un ataque contra la cadena de televisión Globovisión. El mismo Chávez condenó públicamente este hecho.

O sea que en las últimas horas aparecen dos noticias: el incidente en Globovisión por un lado y por otro, el cierre de esas radios, más de 30, en Venezuela.

Este miércoles se discutió el tema en la tertulia y a raíz de eso el embajador de Venezuela en Uruguay, Franklin González, solicitó la posibilidad de brindar su visión del asunto.

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JAE – Este miércoles toda la audiencia tuvo oportunidad de escuchar opiniones de los contertulios sobre los hechos ocurridos, pero en primer lugar sería bueno preguntarle a usted, como representante del gobierno de Hugo Chávez, ¿por qué se realizaron estos cierres de las radios?

FRANKLIN GONZÁLEZ:
En primer lugar, ahí no hubo ningún cierre, porque esos no eran unas fábricas, unas zapaterías; eran unos señores que tenían unas emisoras a los cuales se le otorgaron unas concesiones. Hay que recordar que las frecuencias son propiedad de la sociedad que se regentan a través de los estados. Eso es en Venezuela, en Uruguay, en los Estados Unidos, Inglaterra, en cualquier país democrático del mundo.

No hay propiedad privada sobre las frecuencias; lo que hay es propiedad privada sobre los equipos, los aparatos, etcétera, que funcionan en las emisoras. Entonces, ahí no hubo ningún cierre; lo que hubo fue una decisión administrativa de no renovación de concesiones a personas que estaban regentando esas concesiones de manera ilegal desde hace más de 20 años. Nosotros tenemos en el gobierno apenas 10 años y resulta que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que es la institución el organismo del Estado venezolano que orienta y dirige el tema de las telecomunicaciones, estableció un determinado plazo para que los concesionarios de radio y televisión enviaran su recaudo para verificar la situación legal de los mismos. Y resulta que se determinó que un total de 151 medios radioeléctricos actúan ilegalmente...

JAE – ...¿Qué quiere decir eso?

FG – Es decir que tienen vencidas las concesiones desde hace tiempo o quien está regentando eso, quien aparece como regentando esa concesión, en ningún momento se le dio la concesión a esa persona.

Algunos de ellos asumen que eso lo recibieron porque en algún momento se asociaron con otra persona que fue quien recibió eso, pero quiero recordar una vez más que ahí no hay propiedad privada, ahí nada es hereditario; no es una casa, no es un edificio, no es un apartamento que se hereda porque se le murió el papá y el hijo lo hereda.

JAE – Está claro. Ahora, simplemente para aclarar ante la pregunta que yo le realizaba al principio: cierres de radios usted aclara que no, pero en definitiva las empresas que operaban esas ondas dejan de funcionar. Eso es así.

FG – Bueno, pero fíjate lo siguiente: yo no soy el que hago las preguntas, pero uno tendría que preguntarse así. Yo estoy absolutamente seguro que en Uruguay ningún uruguayo puede estar justificando la ilegalidad...

JAE – ...No, pero yo le hago la pregunta sobre el tema del cierre, que hay empresas que utilizaban ondas y que ya están fuera del aire.

FG – Porque son ilegales, ningún principio puede estar por encima de la legalidad, pero eso es válido aquí en Uruguay, en Estados Unidos y en Venezuela también. O sea, yo no puedo justificar un periodista ni un medio de comunicación que justifique a otros ilegales que son legales en Venezuela. Ahora se abrió este período administrativo y resulta que nosotros tenemos en Venezuela 794 emisoras FM. De esas, 472 son privadas, casi el 60%, y hay un 30% que son comunitarias, el Estado sólo tiene 9.9% de esas emisoras.

Se abrió el período administrativo para que se introdujeran los recaudos y resulta que 151 no cumplen con la legalidad, mientras que el resto, 400 o 300, y pico sí cumplen con la legalidad y los que lo cumplen con la legalidad siguen funcionando. Yo le recomendaría por cierto que no solamente le pregunten a los ilegales que ahora hablan de cierre, sino también a los que se les otorgó la concesión, que cumplen con la legalidad, que son privados y que además no profesan con nuestro gobierno. Sería bueno que les preguntaran a ellos qué opinan, que ellos son legales y a ellos no se les ha aplicado ninguna medida.

Entonces yo no puedo justificar, ni siquiera explicar, que alguien pueda, en aras del principio de la libertad de expresión, defender la ilegalidad. Estos señores son unos ilegales. Habría que preguntarle a ellos mismos: "¿ustedes son ilegales o no?", respondan esa pregunta.

JAE – Y entonces qué lectura hace de la crítica que ha hecho la SIP, que ha rechazado el cierre de este grupo de radios aduciendo que se ataca la libertad de expresión.

FG – Yo creo que la SIP en el mundo cada vez tiene menos prestigio. Por cierto que la SIP no respondió tan rápidamente sobre el golpe de Estado en Honduras y el cierre de las emisoras en Honduras. Eso sí fue cierre en Honduras y todavía estamos esperando que la SIP se pronuncie. Pero en menos de 24 horas se pronunció sobre lo de Venezuela; ¿qué te parece? Qué forma de defender la libertad de expresión, que cuando se trata de intereses particulares defienden una posición y cuando se trata de otros intereses asumen otra posición. Para nosotros, la SIP no tiene ningún prestigio, pero afortunadamente no es para nosotros nada más; cada vez tienen menos prestigio porque no actúan de igual manera en casos incluso diametralmente opuestos, porque quiero informar, quiero repetir, que en Honduras se cerraron las radios, medios impresos, televisión, y la SIP todavía estamos esperando que se pronuncie.

JAE – ¿Qué medios se cerraron en Honduras?

FG – Todos, todos se cerraron, tú has visto sólo la información que sale por los canales o ha sido Telesur o ha sido CNN a través de Telesur.

JAE – Sí, pero hemos accedido nosotros aquí, a través de las páginas Web, a todos los medios de prensa escrita, las radios en Honduras y sin entrar en detalle de cuál es la orientación que tienen, están funcionando como hasta ahora.

FG – Pero tú sabes que en Honduras expulsaron a unos periodistas y los metieron presos del canal de televisión venezolana, de televisión de nuestro país, sabes que expulsaron a la gente de Telesur. Yo te pregunto: ¿qué dijo la SIP sobre eso? ¿O eso no es ataque a la libertad de expresión? ¿Eso qué es? Entonces nosotros tenemos que ser sobre todo la gente que está vinculada con los medios de comunicación, sobre todo quienes son productores independientes deberían realmente reflexionar sobre este asunto, porque no es posible que se actúe de una manera en un caso y de otra en otro caso. En todo caso para nosotros la SIP no tiene mayor significación y afortunadamente no es sólo para nosotros. Cada vez tiene menos audiencia y prestigio en el mundo, entre otras razones, porque su comportamiento no es moral, no es ético.

Ahora, lo que quiero significar en el caso del cual nos interesa es que esta medida de nuestro gobierno y de esta comisión nacional de telecomunicación está ajustado absolutamente a derecho y quisiéramos escuchar de los que no se les renovó las concesiones que ellos dicen que fue un cierre si ellos actuaban legal o ilegalmente. Y yo estoy absolutamente que los uruguayos y uruguayas no pueden avalar la ilegalidad en Venezuela, en Uruguay o en cualquier país del mundo. Quien evade impuestos, quien no tenga las concesiones en regla es un ilegal y por tanto no puede hablar en nombre de la libertad de expresión.

En segundo lugar, ahí no se está atentando contra la propiedad privada porque ahí no existe propiedad privada, eso es absolutamente falso. Las frecuencias están en manos del Estado, en Estados Unidos, en Inglaterra y en cualquier país serio del mundo, y también en Venezuela y esas frecuencias las otorga el Estado venezolano por determinado tiempo. Por cierto que ahora renovó por cinco años a todos los que legalmente cumplen con los requisitos que son la inmensa mayoría, porque resulta que estamos en presencia de una minoría que como tienen mucho poder económico y mucho poder mediático hacen escándalo y entonces parece que eso es la verdad, cuando resulta que son unos ilegales. Entonces yo no sé cómo quien no tiene moral quiere hacer escándalo y consigue, lamentablemente, audiencia en algunos incautos que se hacen, digamos, engañar por esta gente que lo que tienen que hacer es cumplir con la ley; cumplan con las leyes y si cumplen con las leyes, entonces podrán seguir actuando.

Quiero decirte que además muchos de ellos tenían hasta 40 emisoras en el país y ninguna documentación para justificar por qué tenían esa frecuencia, ninguna justificación para quien le había otorgado esa concesión. Así que ese es el problema que ha ocurrido en Venezuela. Eso no se llama cierre; eso se llama que no cumplieron con las leyes, son unos ilegales y por tanto deben ser sancionados.

JAE – Hablando de leyes, hay otro tema que también ha sido cuestionado por una parte de los medios de comunicación, que tiene que ver con el proyecto de ley de delitos mediáticos, en el que en la exposición de motivos se dice que "se prevén sanciones a periodistas que provoquen zozobra y pánico con informaciones que difundan y que pueden ser penados con penas de seis meses a cuatro años de prisión". Algunos han calificado esto como una ley "mordaza". ¿Usted qué dice al respecto?

FG – Y bueno, eso mismo dijeron con la ley de responsabilidad social en radio y televisión, que la ley "mordaza", que ellos iban a cerrar los medios. Tú sabes que desde hace 10 años se la pasan diciendo que en Venezuela va a ocurrir tal o cual cosa y lo dicen, además, por los medios y dicen que no hay libertad de expresión; llaman al presidente "fascista" y llaman al presidente "mono", le dicen cualquier cosa, llaman al "magnicidio", al "golpe de Estado", por los medios. Y dicen que va a haber la ley "mordaza". Eso en Venezuela le llamamos "el coco", yo no sé cómo le dicen acá. Eso, en la realidad, habla mucho más que los deseos y que las mentiras.

Pero yo quiero decirte sobre eso que tú me acabas de preguntar, del que ahora otra vez vuelven con lo de la ley "mordaza": afortunadamente el pueblo nuestro está bien consciente. Simple y llanamente la fiscala generala de la República Bolivariana de Venezuela introdujo ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que está obligado además a hacerlo porque nosotros aprobamos una Constitución en referéndum popular, el pueblo de Venezuela nos aprobó una Constitución, primera vez en la historia de nuestro país, en 1999 y a partir del 2000 comenzó a desarrollarse esa Constitución, pero como en todas las constituciones del mundo esa Constitución es la ley macro y entonces hay que desarrollar las leyes sectoriales y hemos venido desarrollando las leyes y cada ley es un escándalo mediático: la ley de tierra, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos; y esta ley es de responsabilidad social en radio y televisión. Y ahora hay que desarrollar los artículos 58, 59 y 60 de la Constitución Nacional. Eso hay que desarrollarlo a través de las leyes y lo que ha hecho la fiscala general es introducir ante la Asamblea un proyecto de ley. Y lo que está establecido en el preámbulo de ese proyecto de ley es lo que está establecido en la Constitución que fue aprobada por el pueblo venezolano. No hay nada distinto que se diga en esa ley que no esté en la Constitución. Entonces, lo primero que deben saber antes de hablar de esto es leerse los artículos de la Constitución que fueron aprobados por el pueblo venezolano con un 80% cuando se le consultó.

JAE – El tema que la Constitución no tiene los detalles, por ejemplo, que sí están contenidos en este proyecto sobre delitos mediáticos, ¿no?

FG – Sí, pero la Constitución te da esos artículos, establece cuáles son los parámetros generales sobre los cuales debe desarrollarse esta ley. Por ejemplo, el artículo 60 dice: "Toda persona tiene derecho a la protección en su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación"; y resulta que entonces en un canal de televisión no pueden ponerse a decir que el señor Chávez es un mono o llamar a un magnicidio y que eso quede sin ninguna sanción, porque eso lo dice la Constitución.

Sin embargo, esta Constitución –repito- fue aprobada en 1999, comenzó a desarrollarse en el año 2000, o sea, va para 10 años, y ahora es que nosotros estamos desarrollando estas leyes. Y entre eso esta ley que tiene que ver con el comportamiento ético. Yo, por ejemplo, aquí en Uruguay no observo que los medios de comunicación se la pasen hablando de las intimidades de la gente en los medios, porque eso no se permite; y como no se permite aquí tampoco puedo entender cómo un uruguayo puede estar de acuerdo con que en Venezuela eso sí se pueda hacer libremente sin ningún tipo de sanción.

JAE – Franklin González, embajador de Venezuela en Uruguay, ha sido muy amable que tenga un buen día.

FG – Muchas gracias a ti por este contacto y te quiero decir que yo mandé llamar ayer a esta emisora porque tú sabes que la libertad de expresión tiene que ser para todos.

JAE – Por supuesto, por eso nos parecía interesante escuchar la opinión.

FG – Y te voy a decir no solamente en este caso con mi persona, que soy el representante del gobierno venezolano aquí, sino también sería bueno que le preguntaran a quienes sí se le otorgaron las concesiones, que son privados y no están con nuestro gobierno, no a los ilegales, sino también a los que son legales y cumplen con los requisitos. A mí me gustaría escuchar a esa gente para ver qué dicen ellos a ver si dicen lo mismo que los ilegales.