(emitido a las 9.12 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
"Lo que nos interesa saber son los movimientos en las cuentas corrientes de la persona. Si gasta la plata en un supermercado o yéndose de vacaciones, nos da lo mismo".

La frase corresponde al doctor Ricardo Escobar, director del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, quien en los últimos meses defendió a capa y espada un proyecto de ley para regular el intercambio de información tributaria y levantar el secreto bancario.

La semana pasada, tras varios meses de discusión parlamentaria, la iniciativa se convirtió en ley. Con este paso, el gobierno trasandino anunció que prevé sellar su ingreso formal a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 15 de diciembre.

Para golpear las puertas de este selecto club de países más desarrollados, Chile debió cumplir con ciertas exigencias. Entre otras: actualizar –vía ley– la estructura de las sociedades anónimas, con la introducción de la figura del director independiente y el establecimiento de barreras en matera de información privilegiada; aprobar una norma sobre responsabilidad penal a las empresas por casos de cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos; eliminar el secreto bancario a los efectos de intercambiar información tributaria, y reformar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

El 13 de octubre pasado, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que estas iniciativas permitirán "mejorar en los hechos las condiciones que han hecho respetable a Chile en el mundo".

(Audio Michelle Bachelet.)

"Se trata de un gran paso en la perspectiva de fortalecer la transparencia y la buena marcha de la economía. Estamos convencidos de que para modernizarse y dar este salto al desarrollo nuestro país tiene, naturalmente, que colocarse cada vez metas más altas. Ese es el sentido de las diversas leyes y medidas que buscan una mayor transparencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado".

(Fin.)

JAE - A la luz de los planteos que varias organizaciones internacionales vienen haciendo con relación a la necesidad de facilitar el intercambio de información entre países y erradicar "paraísos fiscales", en En Perspectiva decidimos centrarnos en el paso que Chile dio con respecto al proyecto de información tributaria que levanta el secreto bancario.

¿Cuánto incidió la presión de los países desarrollados en la introducción de estos cambios? ¿Cómo va a operar esta norma en la práctica? ¿Qué efecto tendrá en la economía real?

Para responder estas y otras preguntas, recibimos al doctor Ricardo Escobar, director del SII de Chile.

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JAE - En primer lugar, ¿qué razones se manejaron para tomar la decisión de incorporarse a la OCDE?

RICARDO ESCOBAR:
El gobierno de Chile está interesado en participar en la OCDE porque es una institución que promueve la adopción de buenas prácticas económicas, de manejo de gobierno y de desarrollo económico a nivel internacional. Si se es parte de este grupo es posible por un lado beneficiarse de la adopción de esas prácticas, pero también influir en el desarrollo de los nuevos estándares, de las nuevas reglas que se van adoptando a medida que la economía va evolucionando. Entonces Chile puede ser parte de ese proceso de discusión de las nuevas reglas hasta que estas sean adoptadas.

JAE - Es un avance en materia política para el país, pero por otra parte usted señala que hay prácticas de gobierno o de Estado que pueden mejorar por la vía de la incorporación de Chile a la OCDE.

RE - Al incorporase a la OCDE uno acepta jugar con las reglas de juego que han sido convenidas por el grupo de países que la conforman. Y estas reglas son producto de la experiencia internacional, se busca que los países compartan las reglas, los comportamientos, las regulaciones económicas, las regulaciones de gobierno, etcétera, que han resultado más exitosos, que son más convenientes para los países en particular pero también para la comunidad y el comercio internacionales.

JAE - Tengo entendido que por un lado la OCDE ha planteado y exigido actualizar vía ley la estructura de sociedades anónimas con la introducción de la figura del directorio independiente estableciendo barreras en materia de información privilegiada, y por otro lado la aprobación de una norma sobre responsabilidad penal de las empresas en casos de cohecho, financiamiento de terrorismo y lavado de activos, además de la reforma de Codelco y la eliminación del secreto bancario y el establecimiento de normas para intercambio de información tributaria.

¿Cómo fue el proceso de conformación de la norma sobre secreto bancario e intercambio de información tributaria que se acaba de aprobar?

RE - No es que la OCDE exija que se hagan estos cambios, sino que, como dije antes, cuando uno quiere ser parte de una organización debe compartir las reglas de esa organización. Al gobierno de Chile le interesa adoptar aquellas reglas que hoy son parte de la comunidad de países desarrollados, y en ese sentido, al revisar la estructura de nuestra legislación aparecieron varios temas en los que Chile podían hacer mejoras. Y este que usted menciona es uno de ellos.

En ese proceso el gobierno presentó en abril de este año un proyecto de ley al Congreso que luego de su tramitación en la Cámara de Diputados y en el Senado fue aprobado la semana pasada. Este proyecto de ley le permite a la autoridad tributaria, al SII, acceder a la información de cuentas corrientes de personas en el país, bien para fines de fiscalización interna o bien a pedido de otros países con los cuales existan convenios de intercambio de información. Este es un estándar habitual, normal hoy en la mayor parte de los países desarrollados, pero además se está convirtiendo en un estándar general. En este momento, a partir de las Naciones Unidas, a partir de la OCDE, pero principalmente del G-20 en el último año, el estándar que de que los servicios de impuestos internos de los países puedan acceder a la información bancaria completa y estén en condiciones de entregarla a pedido de otros países con los que tengan convenio es el que hoy se está conviniendo en el mundo.

JAE - ¿Qué implica esto en el caso de Chile, que está incluido en la lista gris del último informe de la OCDE? ¿Chile sale de esa lista?

RE - Debería, porque con este cambio legal vamos a estar en condiciones de hacer intercambio de información con los países con los que tenemos convenios para evitar doble tributación, en los cuales ya tenemos la cláusula para poder hacer intercambios de información. El proyecto de ley debería estar formalizado entre ahora y diciembre, me imagino que ya debería estar completo, y prevé que a partir del año 2010 estaremos en condiciones de entregar esa información. Con eso, en la próxima revisión que se haga, que debería ser hacia abril del próximo año, nuestro país ya no debería estar en esa lista gris.

JAE - Se refiere a un proyecto complementario que legisla sobre la doble tributación, que es otro elemento de preocupación de la OCDE.

RE - Hay dos maneras dentro de la OCDE en que los países pactan la posibilidad de que sus servicios de impuestos internos intercambien información. Una es que hagan acuerdos específicos sobre esa materia, sobre intercambio de información, y la otra, que es muy común, es que dentro de los tratados para evitar doble tributación que firman los países exista una cláusula que permita hacer ese intercambio. En el caso de Chile ya tenemos más de 20 –creo que 22– convenios vigentes, y todos tienen una cláusula de intercambio de información.  Lo que pasa es que mientras teníamos una norma que no permitía que el SII accediera a información bancaria en casos civiles, no podíamos entregar esa información; podíamos entregar todo lo demás, pero no podíamos entregar la información de las cuentas corrientes bancarias. Con la nueva legislación vamos a poder hacer eso, y por lo tanto no deberíamos seguir en la lista gris.

JAE - ¿De quién depende el acceso a la información de cuentas bancarias? ¿Depende de una cuestión administrativa del servicio que usted dirige, o de la Justicia?

RE - Puede ser cualquiera de los dos, en el modelo que se adoptó en Chile se busca respetar al máximo los derechos de las personas, entonces el SII le pedirá al banco la información de una persona determinada, el banco le avisará a su cliente, le dirá que tiene ese pedido, y ahí pueden pasar tres cosas: que la persona diga "perfecto", y simplemente nos entreguen la información, o que la persona se oponga, o que no diga nada, no responda. Si la persona se niega o no dice nada y el servicio quiere obtener esa información, tiene que ir a los tribunales a solicitar la autorización para que el banco nos entregue la información. En el tribunal la persona puede exponer las razones por las que no quiere entregarla, y nosotros tendremos que decir por qué sí creemos que sí tenemos derecho a obtenerla.

JAE - ¿Qué cambia con respecto a la situación que estaba vigente hasta ahora?

RE - Hasta ahora no teníamos la posibilidad de acceder a esa información, salvo en los casos de investigación de delitos. Había una reserva legal sobre ese tipo de información y si se la pedíamos a los bancos, ellos no tenían ninguna obligación de entregarla. No había un procedimiento ni estaba habilitado un derecho para que o bien en una investigación de una fiscalización meramente civil de cumplimiento de impuestos o bien porque lo había pedido otro país pudiéramos exigirle al banco que entregara la información. En cambio ahora va a existir la obligación de entregar la información si la persona accede o si un tribunal lo ordena.

JAE - La nueva norma le permite al SII conseguir información a los efectos de investigar.

RE - Para poder hacer investigación, fiscalización común de impuestos. Antes solo lo podíamos hacer en los casos en que estábamos investigando un delito tributario. Ahora para confirmar si una persona ha declarado bien su renta, por ejemplo, que no ha ocultado rentas, vamos a poder pedir la información de las cuentas corrientes de una empresa o de una persona física, y el banco nos tiene que entregar la información si la persona lo autoriza, o vamos a poder ir al tribunal para que el juez nos autorice y el banco nos entregue la información.

JAE - He leído que usted estima que la aplicación de la nueva norma puede tener un impacto de mayor recaudación, del orden de los 600-800 millones de dólares solo como consecuencia de una reducción en la evasión, de acuerdo con estándares de países en los que se aplica este criterio.

RE - No, esos fueron unos titulares que tomó algún periódico en algún minuto, tras entender mal una cosa que es bastante más sencilla. Yo explicaba que en aquellos países que han adoptado este tipo de normas, cuando los servicios pueden acceder a la información bancaria, tiende a haber una reducción de la evasión de impuestos, porque las personas saben que el servicio de impuestos internos puede detectar sus mayores rentas. Y por lo tanto, cambia el comportamiento de las personas, las personas pagan los impuestos que antes no pagaban, algunas personas que antes no pagaban cambian a continuación como consecuencia de eso. Pero eso varía de país a país, hay países en los que cuando se mide eso, según el instrumento que use para medir, eso ha llegado a significar uno, dos e incluso cerca de tres puntos del potencial de recaudación de IVA.

Entonces yo decía que en un máximo, si eso se llegara a dar en Chile –pero no tenemos ningún fundamento técnico para sostener que necesariamente vaya a ser así–, podría significar en el orden de 600 millones de dólares. Pero si se diera eso, que no tiene por qué darse. Decimos que donde se han adoptado estas regulaciones, como es lógico, tiende a caer la evasión. Por eso es una herramienta importante, porque tiene una incidencia en la recaudación, pero el objetivo de estas regulaciones es por un lado que caiga la evasión y por otro lado cooperar internacionalmente para que también caiga la evasión a nivel internacional, que no se utilicen las reglas de ciertos países para dejar de pagar impuestos en otros. Hoy las administraciones tributarias del mundo están cooperando unas con otras para compartir la información y permitir que se cobren los impuestos debidos de los contribuyentes de sus respectivos países.

JAE - ¿Tiene costos esto? Porque el argumento que se ha manejado para sostener el secreto bancario es que genera seguridad, que incentiva la radicación de inversiones. ¿Cómo han evaluado estos argumentos?

RE - En el caso de Chile no vemos que haya una gran diferencia en lo que podría ser la conducta de los inversionistas, porque el SII tiene acceso a la información de todo tipo de rentas de las personas, la única información que no tenía era la información de los movimientos de las cuentas corrientes bancarias a la cual ahora vamos a poder tener acceso. Así que eso no debería tener costos.

Y por otro lado, al hacer esto la administración chilena en forma recíproca podrá obtener información de actividades que hacen contribuyentes chilenos en otros países. Con lo cual la sociedad chilena también se beneficia, porque se reduce la posibilidad de que las personas dejen de pagar los impuestos que corresponden en Chile por la maniobra de tener o de recibir dinero en el exterior. Al tener la información, podemos exigir que esos dineros que se han recibido fuera de Chile también sean declarados en ese país los tributos correspondientes de acá.

JAE - ¿Qué le falta a Chile para cumplir con esos planteos e ingresar a la OCDE?

RE - Chile ya cumplió todas las condiciones para estar en pie de igualdad con los demás países de la OCDE, por lo tanto no debería haber obstáculos para que entremos a esa organización. Si el cronograma se cumple, probablemente en los próximos dos o tres meses Chile va a ser invitado a ser parte de la OCDE.

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Transcripción: María Lila Ltaif

(Foto: web.fulbright.cl)