Noriega, de 76 años, llegó a París este martes en horas de la mañana extraditado desde Estados Unidos, donde cumplió 17 años de cárcel en Miami por complicidad en el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero a cambio de sobornos del cartel colombiano de Medellín.

"Me atengo a que tengo derecho a todo lo que establece la Convención de Ginebra (...) a la repatriación tras el fin del cautiverio como prisionero de guerra", declaró Noriega en la audiencia, celebrada en la sala novena del Palacio de Justicia de París.

El ex dictador fue capturado en 1989 después de que tropas norteamericanas perpetraran una invasión a su país y lo derrocaran, llevándolo a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a 40 años de prisión, pena que después fue sucesivamente reducida a 30 años y a 17 años posteriormente.

Fue condenado en ausencia en Francia en 1999 a 10 años de reclusión por lavado de dinero del narcotráfico, principalmente en inversiones inmobiliarias.

La Justicia francesa había indicado entonces que Noriega había blanqueado varios millones de euros presuntamente procedentes del cartel de Medellín y que tanto él como sus allegados tenían una veintena de cuentas bancarias en París y Marsella.

Los defensores del ex dictador panameño, condecorado en 1987, esgrimieron el estatuto de prisionero de guerra de Noriega, su inmunidad como jefe de Estado y la prescripción de los hechos que se le imputan, para reclamar la liberación de su cliente, según señaló a Radio Francia Internacional Julio Berrios, abogado de Noriega en Panamá.

"Esos delitos a esta altura del tiempo ya están prescriptos y él estará algún tiempo mientras los tribunales francesae reconocen esa situación. El problema es que la salud del general es precaria; él ha sufrido dos infartos cerebrales y las cárceles francesas no son modelos de cárcel. No tiene los privilegios que tenía en Estados Unidos como prisionero de guerra. Esa es la única preocupación de su familia en cuanto a su permanencia en Francia", explicó Berrios.

El fiscal de la República rechazó el estatuto de prisionero de guerra y consideró que los delitos que se le imputan no pueden ser considerados los de un jefe de Estado, negando que el delito haya prescripto.

Sus abogados anticiparon que en los próximos días apelarán la decisión del juez y pedirán la liberación de su cliente.

Noriega enfrenta también en Panamá una condena a 54 años de cárcel por violaciones a los Derechos Humanos.