(emitido a las 8.45 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Esta semana el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, resolvió impulsar una reforma constitucional para prohibir la compra de tierras por parte de extranjeros.

Preocupado por lo que considera un abuso, Lula conformó un grupo de ministros y colaboradores para elaborar una propuesta de enmienda constitucional.

De acuerdo a la información revelada anteayer por el diario Valor Económico, la norma incluso habilitaría la anulación de algunos títulos de propiedades que ya están en manos de extranjeros. En la nota firmada por Mauro Zanatta surge como un dato, y para sorpresa de muchos, que los principales tenedores extranjeros de tierras brasileñas son japoneses, libaneses, chinos y en cuarto lugar uruguayos.

EMILIANO COTELO:
Este último dato sorprendió a muchos, y obviamente generó un interés especial sobre el tema en nuestro país. Aunque también nos interesa porque esta posibilidad de regular la tenencia de tierras por extranjeros cada tanto aparece en la agenda política nacional.

JAE – Y, paradójicamente, cuando ese tema se discute acá se destaca que mucha tierra uruguaya está en manos de brasileños.


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Con el periodista autor de este artículo, Mauro Zanatta, vamos a conversar en los próximos minutos para evacuar algunas dudas con respecto a estos datos.

JAE – ¿Cuáles son las principales razones que llevan a impulsar este tema?

MAURO ZANATTA:
El gobierno está muy preocupado con el tema de la seguridad alimentaria. Está intentando garantizar que los inmuebles rurales queden en manos de brasileños para poder manejar la política agrícola e impulsar sus programas internos.

JAE – ¿Por qué está este concepto de seguridad alimentaria? ¿Cuál es el peligro que podría existir?

MZ – El tema es que en Brasil somos casi 200 millones de habitantes, vamos a crecer mucho en términos de población y el gobierno tiene eso como una preocupación central: garantizarle alimentos baratos a la gente, obviamente para mantener la inflación bajo control.

JAE - ¿Pero el hecho de que extranjeros estén comprando tierras es un problema que se ha acentuado en los últimos tiempos?

MZ – Sí, en los últimos cinco años el gobierno ha registrado un impulso en las adquisiciones de tierras por extranjeros. Ahora asciende a 4 millones de hectáreas, pero eso está subestimado. El gobierno estima que sólo en Mato Grosso, que es el estado agropecuario más importante de Brasil, grupos argentinos como Los Grobo o El Tejar tienen más de 1 millón de hectáreas. Es algo muy importante y que lleva mucha preocupación al gobierno.

JAE – ¿Y cuáles son las zonas y los estados que hoy son más apetitosos para los inversores?

MZ – Mato Grosso, Mato Grosso do sul, Sao Paulo, Bahía y Minas Gerais son los estados donde está más de la mitad de las inversiones extranjeras en Brasil.

JAE – De todas maneras, parece ser un porcentaje bajo en relación a lo que es la superficie total.

MZ – Sí. Por ejemplo, si comparas los 4 millones con los casi 50 millones de hectáreas que están dedicadas a la producción de granos y cereales en Brasil es menos de un 10% del territorio. Pero como te dije antes, es algo subestimado, hay gente que cree que más de 10 millones de hectáreas estarían en manos de extranjeros en Brasil.

La principal preocupación del gobierno es por las ganas que tienen los chinos de invertir en Brasil. Los chinos y los fondos internacionales manejados desde los Emiratos Árabes, por ejemplo, que tienen mucho interés en producir alimentos en Brasil.

JAE – ¿Qué otras nacionalidades son las más importantes a la hora de adquirir tierras?

MZ – En el registro oficial los inversores principales serían los japoneses, tendrían casi 500.000 hectáreas en Brasil. Pero hay italianos, libaneses, uruguayos –que tendrían unas 90.000 hectáreas–, argentinos, paraguayos, estadounidenses y chinos.

JAE – En la nota que publicaste en Valor Económico aparece Uruguay como el cuarto principal origen de los fondos para la compra de tierras. Es un dato que sorprendió mucho de este lado, ¿qué otra información al respecto se puede brindar?

MZ – No sé si serían nacionales uruguayos exactamente, sino que podrían ser empresas con sede en Uruguay que manejarían inversiones en Brasil. Eso es lo que piensa el gobierno. Pero como el tema es un poco oscuro todavía, porque no se tienen registros muy fiables, sobre todo en los estados, el gobierno no tiene una certeza sino una estimación sobre lo que realmente ocurre en Brasil con el tema de la tierra.

JAE – Vamos a lo que es el proyecto en sí. Por un lado, se establece la posibilidad de no permitir que extranjeros tengan tierras brasileñas. ¿Qué otro elemento se destaca? Porque en la nota también se sugiere que podría eventualmente existir la posibilidad de anulación de títulos ya registrados por parte de extranjeros a partir de una fecha determinada de corte.

MZ – Sí, exactamente, eso es lo que dice el ministro de Desarrollo Agrario, en nombre del presidente Lula: que el gobierno está dispuesto a enviar al Congreso una propuesta para sustituir las reglas actuales sobre la tenencia de tierras por extranjeros en Brasil.

Todavía no se sabe si esta propuesta podría modificar la regla actual a partir de su vigencia o si se podría adoptar una fecha anterior a la publicación de la eventual ley.

JAE – Claro, porque eso podría generar en todo caso un debate sobre inseguridad jurídica, que muchas veces ocurre cuando aparecen este tipo de normas. ¿Se ha planteado, a la luz de la información que publicaste anteayer, algún debate en torno a posibles cambios sobre títulos que ya fueron registrados?

MZ – Sí, el gobierno se está planteando, hay un grupo de ministros más cercanos al presidente que ya empezaron a evaluar qué medida se puede adoptar para que no se genere una incertidumbre jurídica, ni se rompan los contratos. Pero hay una disposición muy evidente del gobierno de evitar o prohibir que los extranjeros avancen más sobre las tierras de Brasil. Entonces a nosotros todavía no nos es posible evaluar exactamente lo que va a hacer el gobierno. Lo que dice el ministro Guilherme Cassel es que no quieren extranjeros produciendo en Brasil. Dice textualmente que "es una política del presidente Lula".

JAE – ¿Qué otro elemento vinculado a este tema maneja esta propuesta de enmienda constitucional? Porque de eso se trata, de una enmienda constitucional.

MZ – Sí, lo que se pretende es cambiar la Constitución, las reglas constitucionales, porque hoy el concepto de empresa nacional de capital extranjero es equivalente al concepto de una empresa controlada por no residentes en el país o con sede en el exterior. O sea, la clave del tema es cambiar los conceptos para que se pueda identificar exactamente de dónde vienen las inversiones. Si es una empresa realmente brasileña, comandada por brasileños, o si es una empresa de testaferros por ejemplo. Porque hemos tenido –ustedes lo saben en Uruguay– un problema en Rio Grande do Sul con la finlandesa Stora Enso, en la que algunos directivos de la empresa compraron tierras o las registraron a su nombre pero en realidad las tierras eran de la empresa, eran para la papelera. Entonces el gobierno tiene muy claro que algunos intentos como esos deben tener una regla muy clara.

JAE – Stora Enso tiene una pastera en la zona de Porto Alegre, en Rio Grande, ¿no?

MZ – Sí, es en la franja de la frontera con Uruguay.

JAE – Y en ese caso ¿no puede Stora Enso, de acuerdo a la norma actual, tener tierra para explotar?

MZ – No, no puede porque la ley no permite a extranjeros tener tierras en la franja de la frontera en una extensión de 150 kilómetros; en esa franja de frontera que en la dictadura militar en Brasil se llamaba "franja de seguridad nacional".

JAE – Volviendo a la propuesta, que de alguna manera se está delineando, porque se ha formado una comisión que está trabajando, ¿cuál es el trámite que sigue?

MZ – Ahora los ministros van a plantear una propuesta para el presidente y luego la presentarán al Congreso. Pero eso depende de algunas posiciones políticas, porque estamos en medio de un proceso electoral que empieza ahora en julio y el Congreso se vacía. No habrá muchas sesiones en el Congreso porque todos los diputados y senadores estarán en sus estados para la campaña política. Es un tema que a lo mejor lo manejan con más intensidad en noviembre o diciembre.

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