(Emitido a las 08.15)

EMILIANO COTELO:
Ayer la comunidad indígena aymara de Ayo Ayo, ubicada a 90 quilómetros apenas de la ciudad de La Paz, dio una nueva muestra de su crudo enfrentamiento con las autoridades bolivianas. Este pequeño poblado de apenas 7.000 habitantes resolvió nombrar sus propias autoridades, ignorando al gobierno central. Esto ocurre exactamente una semana después de que los pobladores de Ayo Ayo lincharan al alcalde del pueblo, al que acusaban de corrupto, y quemaran su cuerpo en una plaza pública.

Este caso puntual, uno más de justicia por mano propia en Bolivia, podría quedar como un ejemplo más de un fenómeno que viene in crescendo en ese país. Pero, y por eso es que resolvimos detenernos en esta situación, ocurre que el caso de Ayo Ayo tiene lugar cuando falta menos de un mes para la fecha elegida por el gobierno boliviano para celebrar un referéndum sobre el destino del principal producto de exportación del país, que es el gas natural.

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Estamos en comunicación con el periodista Mauricio Rabuffetti. Yo hacía este preámbulo más largo que lo habitual para remarcar algo que conversamos contigo fuera de micrófonos y que fue en definitiva lo que nos llevó a ocuparnos de este episodio en esta comunidad aymara boliviana. Hablo de la proximidad de este referéndum y del recuerdo, muy cercano, de la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada a raíz de una rebelión indígena en Bolivia.

MAURICIO RABUFFETTI:
Así es. Como bien decías, esta situación en Ayo Ayo sería una más, grave por supuesto pero una más, en un marco de incremento de este fenómeno de la justicia por mano propia en las comunidades indígenas bolivianas, y también peruanas, porque ahora vamos a ver que esto no se circunscribe sólo a Bolivia. Pero la proximidad del referéndum sobre el destino del gas natural boliviano y algunos elementos adicionales que contribuyen a la inestabilidad política en Bolivia, hacen que este caso nos decidiera a abordar el tema antes del 18 de julio, que es cuando está previsto el referéndum. Sobre todo, y con esto apenas completo lo que tú decías recién, que la caída de Sánchez de Lozada en octubre del año pasado fue propiciada por una rebelión indígena justamente, en protesta contra un plan para exportar gas a América del Norte.

EC - Tú pusiste sobre la mesa un número importante de elementos que creo que valdría la pena ir desglosando. Empecemos por lo primero, o mejor dicho por la última noticia relacionada con esta situación, que es esta especie de declaración de independencia, si se la puede llamar así, de Ayo Ayo.

MR - Lo voy a hacer más fácil, a ver si a partir de esta noticia podemos plantear un panorama general de la situación de Bolivia de cara a este referéndum tan crucial.

EC - De acuerdo.

MR - Hace una semana los pobladores de Ayo Ayo secuestraron al alcalde de la ciudad, Benjamín Altamirano, lo lincharon y quemaron el cuerpo en una plaza pública, acusando a este funcionario de corrupción. Las circunstancias de este hecho no están aclaradas del todo. Hay versiones de prensa que señalan que este hombre habría sido quemado vivo atado a un poste en la plaza pública, algunos dicen que fueron rivales del alcalde asesinado quienes propiciaron esto. En definitiva, al hombre lo mataron y una semana después, sin que las autoridades bolivianas hayan podido no ya restablecer el orden, sino incluso sin que hayan podido ingresar las fuerzas oficiales a Ayo Ayo...

EC - Sí, no se puede investigar, no se puede saber, hay como un pacto de silencio, ante la pregunta de quién fue casi contestan: "Fuenteovejuna, señor".

MR - "Lo mató toda la población", dicen algunos dirigentes. Eso hace que las agencias internacionales de prensa y los diarios bolivianos den cuenta de que los indígenas aymaras de esa comunidad nombraron un "gobierno propio" -en palabras de la agencia estadounidense AP que me parecen muy exactas-, un gobierno integrado por dirigentes sindicales, y establecieron incluso sus propias fuerzas de seguridad.

EC - ¿Qué es lo que piden exactamente?

MR - Quieren que una comisión de los tres poderes del Estado se constituya en Ayo Ayo y les prometa la liberación de las personas detenidas por el crimen del alcalde. Claro, así presentado, muchos oyentes estarán pensando que esto puede ser un caso muy terrible, pero se preguntarán dónde está la amenaza a la institucionalidad boliviana.

EC - Incluso se preguntarán por qué el gobierno boliviano no impone el orden por la fuerza.

MR - Ahí está la clave de este asunto. El gobierno de Carlos Mesa, que asumió después de la caída de Sánchez de Lozada, recordemos en medio de una revuelta popular que dejó varias decenas de muertos, se presentó desde el primer momento como un gobierno volcado al diálogo, contrario al uso de la fuerza. Los aymaras constituyen casi 60 por ciento de la población boliviana, en comunidades muchas veces organizadas en torno a líderes locales con un gran poder de convocatoria. El gobierno sabe que si entra con la policía o con el ejército, esto puede ser visto por el resto de la población aymara como una provocación a una comunidad que hizo justicia a la vieja usanza, por mano propia. Y, si eso ocurre, lo único que habrá logrado el gobierno será generar las condiciones para una nueva rebelión popular, incluso antes de que pueda cumplir con el compromiso asumido al empezar su mandato por el presidente Mesa, de someter a consulta popular el tema del gas natural. Por eso es que a raíz de estos sucesos también nosotros decidimos adelantar un tema que teníamos previsto tratar un poco más adelante.

EC - Entonces, brevemente, ¿hacia dónde se encamina la situación en esta comunidad del Altiplano boliviano?

MR - El gobierno nombró una comisión negociadora. Hay un ultimátum de las nuevas "autoridades" locales de Ayo Ayo para que se cumplan sus pedidos de liberar a los detenidos por el crimen del alcalde y si no, según leía ayer en el diario boliviano La Razón, amenazan con bloqueos de rutas, con volar torres de alta tensión y gasoductos.

EC - Se nos fue un buen tiempo explicando por qué esto que ocurre hoy en esta pequeña comunidad andina boliviana es tan importante, y dejamos por el camino algunos elementos de este tema que tú de alguna forma presentaste al comienzo, como por ejemplo el hecho de que no se trata de un caso aislado y tampoco circunscrito a Bolivia.

MR - No. Ayer veía una nota de la semana pasada de la agencia Reuters en la que se mencionaba, entre otros, el de Ilave, un pueblito aymara peruano ubicado a más de 1.300 quilómetros de Lima, cerca de la frontera con Bolivia, en el cual también fue linchado el alcalde. A estos dos últimos casos se suma otro factor de inestabilidad en esta zona, en los dos países, que es la renuncia a su cargo de diputado de uno de los líderes indígenas aymaras más importantes de Bolivia: Felipe Quispe. Quispe es un indígena, ex guerrillero, que quiere fundar una república aymara. Es bastante claro entonces que si en este contexto de bloqueos de caminos, de permanentes revueltas populares, de disconformidad de la población aymara mayoritaria en Bolivia, la iniciativa de Quispe logra adhesión popular podría convertirse en un factor de inestabilidad ya no sólo en Bolivia, sino también en Perú.

EC - En los próximos días nos vamos a ocupar específicamente del tema del referéndum sobre el gas boliviano y por supuesto vamos a referirnos a los detalles de esta convocatoria, sus posibilidades de éxito, sus consecuencias para Bolivia y para la región.

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Edición: Jorge García Ramón