Las manifestantes aseguraron que la decisión en 2006 de criminalizar el aborto terapéutico, que era permitido por la legislación nicaragüense desde hace décadas, ha costado decenas de vidas.

La decisión de penalizar el aborto terapéutico fue tomada en plena campaña presidencial de 2006, y ha hecho de Nicaragua uno de los países de la región con políticas más restrictivas respecto a la interrupción de un embarazo.

El actual presidente, Daniel Ortega, quien competirá por su reelección el próximo 6 de noviembre, se opone a la reinclusión del aborto terapéutico en la legislación del país.