La nueva ley aprobada por el Gobierno, forma parte de las reformas económicas emprendidas por el presidente Raúl Castro y entrará en vigor a partir del próximo 10 de noviembre, quedando restringida a los ciudadanos cubanos y extranjeros con residencia permanente.

Los problemas de la vivienda han sido durante décadas una "odisea" social, económica y burocrática en Cuba, donde hasta ahora las opciones para acceder a una casa se limitaban a las permutas, las herencias, conseguir un permiso estatal de construcción o acudir al mercado ilegal.

La necesidad de sortear las prohibiciones creó en la isla un mercado negro con construcciones clandestinas, falsificación de documentos, funcionarios corruptos y estafas.

Además Cuba, con 11,2 millones de habitantes, tenía hasta el año pasado un déficit reconocido de unas 600 mil casas, en parte por los destrozos que causaron tres huracanes en 2008. Según datos oficiales, más del 50% de las construcciones en la isla están en mal estado.

Precisamente uno de los objetivos de la nueva normativa divulgada este jueves es "contribuir a la solución del problema habitacional" que enfrenta la isla.

En cuanto a la compraventa, una de las primeras dudas que surge es si se fomentarán créditos hipotecarios para que los cubanos puedan acceder a la compra de vivienda, ya que gran parte de la población no dispone de recursos para afrontar un desembolso muy grande.

El decreto firmado por Castro establece que la operación de compraventa se realizará ante notario por el precio que libremente acuerden las partes y el comprador debe acreditar, entre otras cosas, la existencia del dinero en una sucursal bancaria y presentar una declaración que garantice que la cantidad se ha obtenido lícitamente.

La forma de pago será a través de un cheque gerencial emitido por el banco donde previamente el comprador habrá ingresado el dinero.

Respecto a las otras formas de transmisión de la propiedad, las nuevas disposiciones, que entrarán en vigor el 10 de noviembre, flexibilizan las posibilidades de permuta y clarifican las situaciones por herencias.

Las operaciones de transmisión de propiedad de vivienda estarán sujetas a impuestos y en el caso de la compraventa será de un 4% sobre el precio del inmueble.

El Gobierno mantendrá limitaciones sobre el traspaso de inmuebles en determinadas zonas del país de "alta significación para el turismo".


Tras la apertura del mercado de la vivienda, los cubanos están pendientes de la reforma migratoria, anunciada por el presidente Castro en agosto, y la posibilidad que se suprima la llamada "tarjeta blanca" o permiso de salida obligatorio que los habitantes de la isla deben solicitar para salir del país.

Las nuevas normativas sobre viviendas y vehículos, liberada su compraventa a finales de setiembre, y la posibilidad de una reforma migratoria figuran en el documento que aprobó el VI Congreso del Partido Comunista, que incluye más de 300 lineamientos para "actualizar" el modelo económico cubano.