(emitido a las 7.29 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Finalmente, después de varios días de especulaciones y advertencias, ayer se confirmó que el Estado argentino expropiará el 51% del capital accionario de la empresa YPF, que desde 1999 está en poder del grupo español Repsol.

Hablando en cadena de radio y televisión, la presidenta Cristina Fernández anunció el envío al Congreso –donde el oficialismo tiene mayoría– de un proyecto de ley que declara de interés nacional la explotación de los hidrocarburos y prevé que de esas acciones a estatizar el 51% a su vez pase a manos del gobierno nacional, mientras que el 49% restante se asigne a las provincias productoras de petróleo.

(Audio Cristina Kirchner.)

"El modelo, además, que hemos elegido no es un modelo de estatización. Que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada, vamos a hacer una conducción, una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Y cuando digo esto quiero hacer una autocrítica de nosotros los argentinos que durante mucho tiempo distintos sectores de la economía manejados por el Estado los manejamos con un criterio casi partidario o de política que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también."

(Fin.)

Para profundizar en esta decisión, estamos en contacto con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez.

Ha sido el tema excluyente desde ayer.

FERNANDO GUTIÉRREZ:
Sí, totalmente. Fue un día intenso, que algunos podrían calificar aquí en Argentina como un "día peronista", un día que tuvo todos los condimentos de esos que al Gobierno le gustan como para que quede signado como un día histórico. Hubo una reestatización que se inscribe en la línea de revertir las políticas liberales de los años 90, con lo que implica la empresa YPF para los argentinos. Esta empresa, fundada en 1922, petrolera pionera en América Latina, es un verdadero emblema nacional. Así que el anuncio, como habrán visto, contó con una hinchada eufórica y provocó el entusiasmo de todos los que tienen nostalgia nacionalista. Además, como la presidenta Cristina Kirchner mostró números en los cuales se ve cómo ha declinado la producción de petróleo y gas y también la existencia de reservas, sonó casi como un acto de justicia. Todos los politólogos coinciden en que si se hiciera un plebiscito preguntándole a la gente si considera correcto que el Estado vuelva a tener la mayoría accionaria de YPF, seguramente una abrumadora mayoría votaría a favor.

El tema es que las cosas siempre son un poquito más complejas que una simple disyuntiva entre estatismo o privatismo. Hay un motivo de fondo por el cual se quiere retomar el control de YPF, y es la grave crisis energética que vive la Argentina. Un país que se enorgullecía de ser autosuficiente desde el punto de vista de la energía el año pasado tuvo que comprar 10.000 millones de dólares, sobre todo en gas, que es el principal insumo de la matriz energética nacional. Fueron 50 barcos con gas licuado que llegaron el año pasado a las plantas regasificadoras de puertos argentinos. Y hablamos solo de los barcos, pero además está el gas que llega por tuberías desde Bolivia. Y para este año se prevé que los barcos que lleguen con ese gas licuado ya no van a ser 50 como en 2011, sino 80, y que el déficit comercial energético va a llegar a 7.500 millones de dólares.

Parece increíble que estemos diciendo todo esto sobre un país que tiene en su subsuelo el tercer reservorio más grande de shell gas del mundo. Pero para sacar este gas, que está contenido dentro de la roca, hay que realizar inversiones gigantescas: no menos de 25.000 millones de dólares en un período relativamente corto, de unos pocos años.

Y ahí empieza el juego de las culpas. El gobierno dice que Repsol no invierte lo suficiente, pero los críticos del gobierno dicen que en realidad toda la culpa es de Cristina Kirchner, que mantiene una fuerte distorsión de precios de manera que mientras en los países vecinos –por ejemplo en Brasil– los inversores sacan 108 dólares por barril de petróleo después de haber hecho una fuerte inversión, en Argentina les pagan 40.

Otro tema muy polémico es que en el año 2008, a instancias de Néstor Kirchner, los españoles de Repsol le vendieron el 25% de YPF a un grupo privado argentino dirigido por la familia Eskenazi, que no tiene experiencia petrolera, son unos banqueros de la provincia de Santa Cruz. Y los Eskenazi cumplieron eso con lo que todos soñamos alguna vez, que es comprar pero que la plata la ponga otro.

EC - Ahí va una de mis preguntas. Lo que se está expropiando es el 51% de la empresa que pertenece a Repsol, empresa de origen español pero no solo de capitales españoles. ¿Qué pasa con el 49% restante? ¿Ese no se toca?

FG - Lo único que se declaró como materia expropiable es el 58% de las acciones de Repsol-YPF. Es decir, dentro del 58% que tiene Repsol, hay un 51% que es expropiable. El resto corresponde a este grupo liderado por la familia Eskenazi, que no se va a tocar, y además a lo que cotiza en bolsa y una buena parte en el mercado de Nueva York, donde hay grandes fondos de inversión de Estados Unidos; eso tampoco se va a tocar.

Los Eskenazi habían comprado en aquel momento sin poner dinero. Se pactó que el pago se realizaría con dividendos futuros de la empresa. Estaba tácito en aquel acuerdo entre Néstor Kirchner y Repsol que YPF disminuiría sus inversiones, porque la forma de cobrarse ese 25% iba a ser transformando las ganancias en dividendos a ser embolsados. En ese entonces todavía no era evidente que se estaba gestando una crisis energética, pero hoy ya no hay forma de ocultarlo y Cristina Kirchner decidió que el camino a seguir es esta ruptura con Repsol.

La presidenta está muy preocupada porque ella necesita tener un superávit comercial de 10.000 millones de dólares. Se preguntarán ustedes por qué es necesario para un país tener semejante superávit con tanta urgencia. Les recuerdo que Argentina no tiene acceso al mercado internacional de crédito, entonces no puede, como hacen los demás países, refondearse y emitir bonos nuevos para pagar el vencimiento de los viejos cada vez que tiene obligaciones financieras. Argentina tiene que pagar todo al contado y usar las reservas del Banco Central. Además, como es un país donde hay una fuga de capitales ya estructural, tiene que haber siempre un sobrante de dólares por si hay que hacer frente a alguna corrida cambiaria. La presidenta está preocupada ante la perspectiva de que todo su superávit comercial se tenga que ir para comprar combustibles

Estas son someramente las razones del Gobierno.

EC - El implícito en ese razonamiento es que con YPF en manos del Estado o con el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado sí se llevarán adelante las inversiones que permitirán una mayor extracción y, por lo tanto, evitar ese flujo importador de petróleo, etcétera.

FG - Es un tema importante porque, precisamente, lo que apuntan los críticos del Gobierno es que la solución de fondo, que es quién pone la plata en definitiva, no se va a resolver de un día para el otro, porque el Estado argentino no tiene los recursos para poner este dinero. Por eso la presidenta se preocupa tanto en señalar el punto de que esto no es una estatización. Cristina teme ser confundida con la política de Hugo Chávez; recuerden aquellos días en que Hugo Chávez tenía un largo listado de empresas que iba mencionando de a una y decía "nacionalícese". Ella no quiere que se la confunda, más bien quiere que se vea a Argentina como adoptando el modelo brasileño para Petrobras. Allí el Estado tiene el control pero la empresa cotiza en varias bolsas del mundo y tiene la política de asociarse con grandes jugadores del mercado petrolero internacional a la hora de hacer inversiones específicas en los grandes yacimientos que se han encontrado últimamente.

Algunos creen que no va a ser fácil –después de todos estos gestos que se pueden calificar como hostiles o poco amigables para las inversiones– encontrar esos grandes jugadores que quieran venir a Argentina.

Y además de los hechos en sí sobre la estatización, está la cuestión de las formas. Porque había dado la sensación de que el Gobierno español estaba dispuesto a negociar e incluso a aceptar una reducción de su participación accionaria para asociarse con el Estado argentino. Pero Cristina no solamente no negoció con el gobierno de Mariano Rajoy, sino que además sorprendió con una medida más dura aún de lo que se esperaba, porque deja a Repsol casi sin acciones en la empresa mientras que no toca a los otros inversores. Por eso hay un gran enojo del Gobierno español, y si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar al canciller español García Margallo, y al ministro de Industria, José Soria, habrán visto que esa gente está muy irritada. El canciller en algún momento dio la sensación de estar más ofuscado por las formas del gobierno argentino y por la negativa al diálogo que por la expropiación en sí. La cuestión es que hubo palabras muy duras. Los funcionarios españoles hablaron de gestos hostiles, de discriminación, de ruptura de las relaciones fraternales, recordaron que España había sido solidaria y había ayudado a Argentina en su peor momento después del colapso financiero del 2001.

Es un lenguaje impensado en la relación bilateral entre Argentina y España, y los expertos en relaciones internacionales advierten que esto podría ser desastroso para Argentina incluso en términos de comercio exterior. No solamente se van a venir una cantidad de litigios en tribunales internacionales, donde Argentina ya es un protagonista habitual, sino que además pueden venir sanciones comerciales no solo de España, sino que arrastrarían a los 27 países de la Unión Europea. España fue muy clara respecto de que intentará comprometer a todo el bloque europeo en este altercado. La Unión Europea le compra a Argentina un tercio de la soja, un tercio de la carne vacuna, un 20% de la minería, y es además el segundo destino de las exportaciones de autos. Estamos hablando de un diferendo potencialmente muy grave para la Argentina desde el punto de vista comercial. Hay quienes creen que España forzará la expulsión de Argentina del llamado Grupo de los 20. Es decir, desde el punto de vista diplomático y de relaciones internacionales es algo potencialmente desastroso para la Argentina.

EC - ¿Otros puntos que valga la pena incorporar en este primer enfoque?

FG - En estos primeros días en Argentina toda la atención va a estar puesta en el trámite parlamentario para la aprobación de este proyecto de ley, y además en la intervención de Argentina sobre YPF. Ya fueron removidos los directores y está bajo el mando de los funcionarios, pero restan muchas dudas que empezarán a ser dilucidadas en estos días.

EC - ¿Por ejemplo, cuáles serían esas dudas?

FG - Una de las principales es cuánto va a haber que pagar por indemnización y de dónde va a salir la plata. Les recuerdo que las expropiaciones internacionales se pagan al contado, acá no hay posibilidades ni de pagar en cuotas ni de decir te pago en bonos ni con ganancias futuras. La cuestión es que va a haber un fuerte diferendo, porque para los españoles la empresa vale 18.000 millones de dólares a pesar de que el valor de la capitalización bursátil la empresa está en poco más de 10.000 millones. Pero los españoles alegan que en el momento en que se privatizó, hace unos 20 años, se previó que el valor que iba a primar era el mayor entre varios que podían compararse, para evitar que alguien quisiera hacer caer el precio de las acciones para disminuir el valor de la compañía.

La otra cuestión es de dónde va a salir la plata para pagar esa indemnización. No hay muchas opciones aquí en Argentina. Una posibilidad son las reservas del Banco Central, que no parece, dadas las urgencias que tiene el país para pagar obligaciones financieras. Así que mucha gente ya está poniendo un ojo en los fondos jubilatorios.

Finalmente, como comentábamos antes, la gran pregunta a futuro es, después de los festejos por la renacionalización, quién va a poner esos 25.000 millones para que se empiecen a sacar las reservas de gas y así dejar de importar.

EC - Ahí hay versiones que apuntan a China.

FG - Hay muchas especulaciones, porque de todos los grupos petroleros importantes de Argentina hay un único grupo que no disminuyó sus reservas sino que las aumentó en los últimos años, que es Pan American Energy, un consorcio del grupo argentino Bridas, liderado por los hermanos Bulgheroni, que se asociaron con una empresa estatal china, la CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Hay una fuerte especulación en el sentido de que los chinos, que están realizando una fuerte avanzada inversora sobre Argentina, serían los grandes candidatos a poner dinero. Pero es todavía todo muy especulativo.

Ayer hablaba con algunos expertos del mercado petrolero que ponían en duda si China realmente tiene la tecnología para explotar el shell gas, que es una tecnología muy nueva, muy sofisticada, porque implica perforar la roca para sacar el hidrocarburo que está contenido dentro. No es un yacimiento convencional, el típico pozo petrolero. Por más amigos que sean o por más entusiasmados que estén los chinos con esta cuestión de inversión, después de una renacionalización de este tipo lo lógico es que durante un período haya un poco de parálisis en cuanto a la llegada de inversión, lo cual lleva a que muchos economistas y expertos del área energética crean que al menos en el corto plazo el efecto puede ser incluso un agravamiento en la situación de dependencia de Argentina de las importaciones de energía.

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Transcripción: María Lila Ltaif