(Emitido a las 07.25)

EMILIANO COTELO:
El juez en lo Penal Gustavo Mirabal ordenó el cierre de fronteras y citó para mañana a declarar a tres oficiales del Ejército, cuya extradición fue pedida por la Justicia chilena en relación con la muerte en Uruguay del bioquímico Eugenio Berríos, según fuentes judiciales citadas por el semanario Búsqueda.

El martes pasado por la noche, Mirabal determinó que las fronteras fueran cerradas como medida cautelar para el teniente coronel retirado Tomás Casella y los capitanes Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, cuya extradición fue solicitada por la Corte Suprema de Chile con el objetivo de someterlos a proceso imputados de los delitos de asociación ilícita y secuestro.

Mirabal citó a los tres oficiales para una audiencia que tendrá lugar en su juzgado de la calle Misiones, en la cual les preguntará si están dispuestos a trasladarse a Santiago para ser sometidos a proceso penal. La defensa de los militares deberá presentar después su alegado, tras lo cual el fiscal Luis Bajac y luego el juez deberán expedirse sobre el pedido de extradición.

Estamos en comunicación con nuestro corresponsal en Santiago, Horacio Brum. ¿Cómo está este tema allí? Te lo pregunto sobre todo por los ecos de la visita que realizó esta semana la senadora Carmen Frei, acompañada por los senadores Sergio Páez y Ricardo Núñez, quienes venían buscando agilizar este proceso en la Justicia uruguaya.

HORACIO BRUM:
La noticia que acabas de detallar todavía no ha tenido repercusión en Chile, tal vez la tengamos hoy. Pero el tema de los Frei se maneja, por supuesto, en el caso de Eugenio Berríos, el químico de la policía secreta de Pinochet que fue asesinado en Uruguay.

La familia Frei sospecha hace mucho tiempo que Berríos participó en lo que ellos creen que fue el asesinato de su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien murió en 1982 por una infección masiva después de una operación, aquí en Santiago. Por lo tanto, este caso se viene manejando desde hace bastante tiempo. No se ha producido ninguna reacción espectacular a la visita de los Frei...

EC - Pero la senadora Frei está interesada en la extradición de estos militares uruguayos para completar la investigación en Chile sobre el asesinato de Berríos. Pero ¿cómo influiría eso en la investigación de la muerte del padre de la senadora?

HB - Precisamente ahí está el problema, porque para Chile el caso Berríos está prácticamente cerrado; lo único que falta es la presencia de estos tres oficiales uruguayos. Pero los Frei creen que estos oficiales eventualmente podrían aportar algún dato por el contacto que tuvieron con los oficiales chilenos que llevaron a Berríos a Uruguay. Pero es una suposición que, según algunos sectores, es bastante osada en ese sentido porque, como me comentaba hace algún tiempo el abogado de la familia Berríos, no parece haber razones lógicas para que los oficiales chilenos hayan contado a los oficiales uruguayos lo que sucedió con el ex presidente Frei allá por 1982, mientras tenían a Berríos preso en Uruguay, planeaban su asesinato y todo lo demás. Si la gente de Inteligencia tiene alguna característica es precisamente la discreción, por lo tanto como ese tema no interesaba a Uruguay, no había necesidad de saber, como se dice en la comunidad de Inteligencia; los oficiales chilenos no tendrían por qué haber dicho a los uruguayos algún tipo de dato sobre este caso. De ahí que las suposiciones de los Frei sean vistas por algunos sectores, como decía antes, como un poco osadas y que tal vez no conduzcan a ninguna parte.

EC - Según informó la propia senadora Frei esta semana en Montevideo, sus contactos aquí dejaron un par de resultados positivos. Por un lado que, desde el punto de vista administrativo, la solicitud de extradición proveniente de la Justicia chilena había pasado los trámites de rigor y por lo tanto continuaba el trámite en Uruguay. Y, por otro lado, que a nivel político, en el Poder Ejecutivo, habían obtenido el compromiso, la seguridad de que el gobierno no interferiría con la extradición; que todo quedaba librado a lo que resolviera la Justicia uruguaya. Porque estaba de por medio la preocupación de si podía alegarse de algún modo que la Ley de Caducidad protegía a estos militares.

HB - Exactamente. Esa es una circunstancia que, aunque es vista por los Frei como algo muy positivo, indudablemente es un gran aporte al caso Berríos en concreto, porque algo de lo cual se quejaba mucho la Justicia chilena y los sectores vinculados a los derechos humanos era de la lentitud y las indefiniciones de la Justicia uruguaya sobre este tema.

EC - Sí: el caso del asesinato de Berríos nunca avanzó en la Justicia uruguaya.

HB - Y eso era lo que provocaba preocupación en Chile, porque aquí la parte chilena estaba prácticamente resuelta: hay oficiales chilenos procesados, se tiene detalles bastante claros del caso, y se necesita complementar lo que ocurrió en Uruguay precisamente con el testimonio de Radaelli, Casella y Sarli. Ese era el gran problema que había hasta ahora.

EC - En la Justicia uruguaya la investigación del caso quedó bloqueada, y lo que ahora se está moviendo es el pedido chileno de extradición.

HB - Exactamente, porque hay un tratado de extradición muy antiguo entre Chile y Uruguay -creo que es de 1897- y por tanto Uruguay, en virtud de eso y de las relaciones que se tienen actualmente, estaría obligado a conceder esta extradición. De modo que aquí se supone que lo que va a hacer el juez con los oficiales, preguntarles si quieren venir a Chile, no es más que una formalidad: todo el mundo supone aquí que la Suprema Corte de Justicia (como lo confirmaron los contactos que hicieron los Frei), no va a tener problemas en conceder esa extradición.

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EC - Añade la nota de Búsqueda que el juez Mirabal "recibió el pedido de extradición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 16 de julio. El procedimiento es solicitado por el juez penal chileno Alejandro Madrid, al cabo de una investigación que realizó la magistrada del crimen Olga Pérez.

"La Justicia chilena considera que los tres oficiales uruguayos incurrieron en asociación ilícita con el objetivo de 'atentar contra la libertad personal y la vida' de Berríos, cuyo cadáver fue descubierto el 13 de abril de 1995, enterrado en la playa de El Pinar.

"Según la Justicia de Chile, la asociación ilícita comenzó a concertarse en Chile y prosiguió en Argentina y luego en Uruguay, al igual que el secuestro. Precisamente, la Justicia uruguaya deberá establecer si esa asociación fue cometida en Chile o en Uruguay. Si concluye lo primero, correspondería la extradición; en cambio, la rechazaría si determina que la segunda tesis es la correcta".

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón