La situación frusta la intendención de no vender para perjudicar al Gobierno.

El 56% de la nueva cosecha de soja en Argentina, unas 28 millones de toneladas, irán directamente a pagar insumos, servicios de cosecha, transporte y otros gastos de comercialización de los productores.

También irá para afrontar las deudas contraídas con los bancos, por préstamos otorgados. Esto configura un obstáculo para la intención de los ruralistas de no vender soja y así perjudicar la caja nacional, en protesta por las retenciones a las exportaciones impuestas por el gobierno de Cristina Fernández.

Es que de vender, entrarán en mora con sus acreedores no podrán pagar para recolectar soja nueva. La mayoría de los préstamos vencen en mayo.

A esto se suma que arrancaron con unas 15 millones de toneladas menos, entre soja, maíz y trigo, por la mala cosecha de la campaña 2012, por lo que la desfinanciación del sector ronda los US$ 5000 millones.