(emitido a las 8.36 Hs.)

ALEJANDRO ACLE:
Este fin de semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó su primer viaje a La Habana para reunirse con Fidel y Raúl Castro y así ratificar una "alianza estratégica" entre ambos países. En medio de la cobertura de esa visita, en Caracas el Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que hará la auditoría de las elecciones del pasado 14 de abril.

Este había sido un reclamo enfático de la oposición, liderada por Henrique Capriles, después de que Maduro ganara por un escaso margen de apenas 1,8% de los votos, y en medio de múltiples denuncias de irregularidades durante la jornada de votación.

Sin embargo, la resolución del Consejo Nacional Electoral está lejos de satisfacer a la oposición ya que no tiene en cuenta las exigencias planteadas por Capriles. Hablando en cadena obligatoria de radio y televisión, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, dijo que el equipo de Capriles solicitó "revisiones impracticables" que están fuera de lo que comprende la "verificación ciudadana".

Para analizar estos últimos hechos en Venezuela, estamos en diálogo con Andrés Rojas, periodista del diario El Nacional de Venezuela.

En primer lugar, ¿cómo ha caído en los diferentes sectores esta decisión del Consejo Nacional Electoral de hacer la auditoría de las elecciones, pero sin tener en cuenta lo que había reclamado Capriles?

ANDRÉS ROJAS:
Ayer hubo una conferencia de prensa de los diputados de la oposición, los cuales rechazan los términos en los que fue planteada la auditoría, entre otras razones porque no se permite la revisión de los cuadernos de votación. Los cuadernos de votación son como unos listados en los que se verifica si los electores efectivamente acudieron a la votación y se trata de determinar si hubo duplicidad de votantes, porque se han hecho muchas denuncias de fallecidos que acudieron una y hasta más veces a votar en distintos sitios. Ese es uno de los aspectos que ha objetado la oposición, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha señalado que eso está fuera del marco de una auditoría.

AA - Ese es el punto principal, y quedó claro que por ese lado no se va a dar lugar al pedido de Capriles. ¿La denuncia de la oposición incluía algunos otros puntos?

AR - Sí, incluía otros aspectos que tienen que ver con determinar todas las irregularidades en las que incurrió la presidenta del Consejo Nacional Electoral el sábado en la noche en la cadena de televisión cuando señaló que a su criterio muchas de las denuncias que había hecho la oposición y que serían objeto de revisión en la auditoría carecían de fundamento. Señalaba que había algunos aspectos que no tenían que ver estrictamente con las votaciones, por ejemplo hay cantidad de denuncias con respecto a lo que aquí se llama "voto asistido". La normativa electoral permite que una sola persona asista por ejemplo a una persona mayor, en silla de ruedas o invidente, y se denuncia que en algunos centros de votación una persona asistió hasta 10 votantes.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué medidas le quedan ahora a Capriles para impugnar la elección después de este anuncio del Consejo Nacional Electoral?

AR - Ellos tenían dos vías, una era esta, acudir a la auditoría. El lapso para impugnar las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia vence esta semana. De todas maneras, Capriles había dicho que independientemente de si se aceptaba o no la auditoría –antes de conocerse el mecanismo que iba a utilizar el Consejo Nacional Electoral– se iban a impugnar las elecciones porque de acuerdo a la revisión que ha hecho la oposición la votación favorecería a Capriles. En la última alocución que dio la semana pasada, en una entrevista, dijo que consideraba que tenía los votos, y que hay inconsistencias en los votos obtenidos por Nicolás Maduro.

AA - Ayer Capriles en su cuenta de Twitter escribía, entre otras cosas: "Más temprano que tarde se van a volver a hacer estas elecciones". ¿Qué posibilidades le ves a ese camino?

AR - En este momento personalmente lo veo un poco inviable, pero indiscutiblemente va a depender de cómo se vayan dando los acontecimientos políticos. Formalmente la Constitución permite lo que se llama el "mecanismo revocatorio": que pasada la mitad del período, que es de tres años, se convoque a un referendo revocatorio contra el mandatario. Eso es no solamente para la figura del presidente de la República, sino también de gobernadores de estado o alcaldes.

Dependerá mucho de dos cosas. Por un lado, de la decisión que tome el Tribunal Supremo. Pero en el Tribunal Supremo la mayor parte de los magistrados son de tendencia oficialista, el presidente de esa sala, que se llama Gilberto Carrasquero, fue presidente del Consejo Nacional Electoral durante los 14 años del gobierno del presidente Chávez, antes de Tibisay Lucena.

RA - Si vamos a lo que ha pasado desde el 14 de abril hasta ahora en Venezuela, ¿cómo definirías la relación Gobierno-oposición luego de las elecciones?

AR - Es una relación sin diálogo en la que las dos partes niegan la existencia de la otra. Eso es lo que está marcando la agenda de ingobernabilidad, por lo demás en un escenario económico bastante complicado. Yo estoy especializado en temas económicos, y uno empieza a ver que los reportes internacionales sobre Venezuela de la banca de inversión, de agentes financieros, son de mucha duda sobre todo por las medidas tremendas desde el punto de vista fiscal, monetario, cambiario que tiene que tomar el Gobierno del presidente Maduro y en un ambiente sin acuerdo político. Uno de los aspectos que el Gobierno no ha tomado en cuenta es que independientemente de quién ganó, si ganó Maduro, son dos mitades prácticamente iguales.

Y por otro lado, detuvieron a una persona que fue militar que ahora forma parte de uno de los partidos políticos de oposición. Hay una arremetida contra dirigentes de la oposición a quienes se amenaza de que no se les va a pagar su sueldo porque no reconocen al presidente Maduro. Se han hecho denuncias ante las Inspectorías del Trabajo de que se está despidiendo a funcionarios que trabajan para algún organismo del Estado por la simple sospecha de que no acudieron a los actos masivos del presidente Maduro, sobre todo en la campaña electoral.

AA - Por otra parte, ¿en qué está la denuncia que se iba a presentar contra Capriles por su supuesta responsabilidad en los disturbios con heridos que hubo en las protestas posteriores al día de elecciones?

AR - Hasta ahora formalmente no se ha presentado ninguna acción a la fiscalía contra Capriles. Se nombró una comisión de la Asamblea Nacional que va a estudiar los casos de violencia, pero ahí nuevamente tenemos el problema de que esa comisión está formada solamente por diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, no hay ningún miembro de la oposición. Entonces en ese sentido no ha avanzado.

Con Capriles se preparan dos acciones. Una desde el punto de vista penal por su supuesto vínculo con incitaciones a la violencia en los días posteriores al 14 de abril. Y la otra es que como Capriles sigue teniendo la posición de gobernador del estado de Miranda, que es el segundo estado con mayor población y abarca una porción de Caracas, ha habido señalamientos, sobre todo a través de los medios de comunicación, de que se intentaría revocarle el mandato o declarar su falta absoluta al frente de la gobernación. Pero hasta ahora ni en la vía judicial ni en esta vía política se han tomado decisiones contra Capriles.

RA - Este fin de semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó su primer viaje, que fue a La Habana, para reunirse con Fidel y Raúl Castro y ratificar una alianza estratégica. ¿Qué valor tiene este encuentro? ¿Qué peso se le dio desde el punto de vista político, teniendo en cuenta la relación que Chávez mantuvo históricamente con Cuba y con estos líderes cubanos?

AR - Se ha convertido en un nuevo elemento de discusión política, tomando en cuenta esos lazos. El presidente Maduro anunció desde La Habana acuerdos por el orden de 2.000 millones de dólares, pero estos acuerdos han sido siempre una asistencia financiera básicamente centrada en el envío de petróleo a cambio de servicios de salud o de educación por ese monto, 2.000 millones de dólares. La oposición ha señalado que fueron a recibir líneas de lo que debería ser la actuación política y a reiterar la asistencia del gobierno venezolano a Cuba, que viene desde hace casi 14 años. El Gobierno insiste en que todos estos acuerdos benefician a la población, principalmente el que es en materia de salud, que implica el apoyo a los llamados Centros de Diagnóstico Primario, donde la persona que se enferma recibe atención inmediata, sobre todo en zonas del país de escasos recursos.

RA - ¿Qué análisis se hizo desde el punto de vista de la imagen de Maduro, de consolidar su nuevo cargo de presidente, teniendo en cuenta lo que históricamente fueron las relaciones de Chávez tanto con Fidel como con Raúl Castro?

AR - Ya durante la campaña electoral, incluso cuando Maduro era presidente encargado en los momentos en que el presidente Chávez estaba convaleciente, se señalaba que Maduro era el funcionario del Gobierno del presidente Chávez que tuvo mayores vínculos con el Gobierno cubano, porque buena parte de la formación política de Maduro, aún antes de que Chávez llegara al poder, se realizó en Cuba. Maduro militó en un partido político que prácticamente ya no existe, que se llamaba Liga Socialista, que realizaba buena parte de la formación en Cuba.

Y por el lado de las relaciones, es tratar de fortalecer unos vínculos que a los cubanos les generaban dudas, porque ellos no tenían incertidumbre con respecto a Chávez, pero dados los problemas económicos y sobre todo petroleros que tiene en este momento Venezuela, las autoridades cubanas tenían la necesidad de saber cuáles eran las orientaciones que iba a adoptar Maduro, sobre todo porque en los últimos días se ha señalado que en algunas designaciones del gabinete se ha privilegiado más lo pragmático que lo ideológico. Ha habido ya un primer intento de acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, luego de que el presidente anunció la semana pasada la designación de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Calixto Ortega, como encargado de negocios de nuestra embajada en Washington.

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Transcripción: María Lila Ltaif