Ministro propuso recuperar la horca para combatir violencia

El ministro de Diversidad Nacional e Integración Social de Trinidad y Tobago, Rodger Samuel, propuso recuperar los ahorcamientos como técnica para combatir la elevada violencia que sufre ese país, donde se registraron 16 asesinatos en lo que va del 2014, según publicaron hoy medios locales.
De acuerdo con el diario Trinidad y Tobago Express, para Samuel "llegó el momento de repensar seriamente la forma en que las autoridades se ocupan del problema de los asesinatos", que durante 2013 superaron los 400 en un territorio caribeño muy próximo a Venezuela y con menos de un millón y medio de habitantes.
"Llegamos a un estado en este país en el que tenemos que decidir y determinar ya cómo abordar el problema de la delincuencia" y "cómo hacer entender que, para que la gente viva en paz, los derechos de las personas no pueden ser vulnerados", argumentó al diario Samuel, quien también es pastor religioso.
El ministro afirmó que, según el Antiguo Testamento, "Dios instituyó leyes que establecen que si una persona asesina a otra y se le halla culpable, ésta no debe vivir".
"Si un hombre derramó la sangre de un hombre, entonces por el hombre su sangre será derramada", dijo, y luego se preguntó: "¿con qué clase de gente estamos tratando, que es capaz de entrar en una casa para rebanar y matar a una familia, y que descuartiza a una niña y la mete en un barril para dejarla en su propia habitación".
Samuel prometió llevar su propuesta "a todas partes donde tenga que hacerlo" para lograr la recuperación de la técnica de la horca y argumentó que "para que la seguridad y la paz se mantengan en la tierra, tendremos que seguir las instrucciones de Dios".
El último ahorcamiento en Trinidad tuvo lugar en 1995, cuando Glen Ashby fue ahorcado por apuñalar a un hombre en 1989.
Desde entonces las autoridades no han ahorcado a nadie más debido al trabajo de los abogados de los reos y a la jurisprudencia del Consejo Privado de Londres, instancia firme para muchos países del Caribe y que en 1993 estableció que no debían pasar más de cinco años desde la comisión de un delito y su ejecución.
Fuente: EFE