Ejército de Chile: el fin de una visión

Se ha cerrado recientemente el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). Con la misma fecha se ha creado y dado paso a la Agrupación de Seguridad Militar, unidad eminentemente especializada, reducida en dotación de personal y preparada para cumplir misiones distintas a las que efectuaba en el pasado, particularmente hasta 1990, como producto de la situación nacional e internacional de fines del siglo XX.

La creación de esta nueva unidad obedece también a una legislación reciente que busca dotar al Estado de un órgano de Inteligencia con capacidad para producir los insumos necesarios para las resoluciones del nivel político, y con el cual debemos interactuar. No constituye un mero cambio de denominación, de rostros o de lugar de trabajo. Una función como la Inteligencia y la Seguridad Militar, dada su creciente complejidad y su aporte a las decisiones en el ámbito castrense, necesita de contenido real y no de tratamientos cosméticos.

De ahí que este cierre deba ser interpretado como parte de un proceso general, progresivo y previsto por la planificación de modernización institucional, para los tiempos que se viven en la actual realidad nacional e internacional. Estas son las que nos indican los nuevos paradigmas a seguir. Sin embargo, en estricto rigor, este cambio no es la esencia novedosa; el tema es más profundo, y el cese del BIE es sólo un hecho -desde luego importante- inserto dentro de un conjunto mayor y más relevante de planificadas acciones.

En efecto, el Ejército de Chile viene adoptando, desde hace ya varios años, decisiones tendientes a abandonar una concepción centrada en una óptica propia de la Guerra Fría. Una visión -por cierto generalizada en los diferentes actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo- que llevó a la radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación, que llegó a aceptar como legítimos todos los procedimientos y medios de lucha como métodos para obtener o mantener el poder. Una visión que condujo a la comprensión de la política desde una perspectiva que consideraba enemigos a los que eran sólo adversarios y a la reducción del respeto a las personas, su dignidad y sus derechos. Una visión, en fin, que se constituyó en un sello distintivo de nuestras relaciones políticas, sociales y económicas, y que se mantuvo imperante entre nosotros, los chilenos, durante muchos años, como la propia Guerra Fría que la inspiraba.

Como consecuencia de la situación descrita el Ejército de Chile no pudo sustraerse a la vorágine inapelable de esa visión y de los acontecimientos que ella, a escala mundial, precipitó, convirtiéndose en uno de los protagonistas principales de los mismos en este, nuestro país. Actuó -en ese contexto- con la absoluta certeza que su proceder era justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de los ciudadanos. Se podrá disentir totalmente de esta afirmación, es lícito, pero no es igualmente lícito olvidar ni la lógica de la confrontación que imperaba en ese momento ni el comportamiento consecuente que ella indujo en los chilenos de entonces.

¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie, pueden tener justificación ética. Por ello mis palabras no deben entenderse como una morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus; pero debe ser una verdad completa y entendida siempre en el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. En nuestro caso, unas circunstancias excepcionales, anormales y de odiosidad muy amplias que nos dividieron, y profundamente.

Se trata, sin embargo, de una época y de una manera de existir, como pueblo y como nación, que se ha dejado atrás. Por ello, como comandante en Jefe del Ejército, he volcado una parte importante de mi cometido a adecuar a la institución a la realidad de un Chile que aspira al desarrollo, la cooperación y la paz internacionales; a la realidad de un país -el nuestro- que hace suyos los principios y valores de la democracia como sistema político y del respeto a la dignidad del ser humano como el elemento vital para una sana convivencia nacional e internacional.

En esa perspectiva -como ya lo advertí- el cierre del BIE no es un hecho aislado. Concluye un proceso de cambios graduales y sucesivos entre los que destacan la nueva arquitectura del Ejército -que se sustenta en considerar a nuestros vecinos como verdaderos socios y amigos con proyectos comunes-; un proceso educativo de revalorización de los derechos humanos, una atenta revisión y reformulación de nuestra reglamentación y procedimientos y un reposicionamiento en la sociedad- a la cual nos debemos y servimos- buscando una mayor cercanía que nos haga ser percibidos como una institución de todos los chilenos.

El Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación. Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse. Expresión de esta línea de conducta ha sido nuestra concurrencia a la mesa de diálogo y el esfuerzo de recopilación de información útil y conducente para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, así como su remisión a los tribunales, únicos encargados de establecer la verdad jurídica y aplicar la legislación vigente. Y al mismo estilo de conducta ha correspondido, más recientemente, nuestro decidido compromiso y colaboración con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o Tortura, cuyo contenido y conclusiones asumiremos con la misma serenidad y responsabilidad con que hemos actuado hasta ahora. Puedo afirmar pues, al ofrecer esta sintetizada cuenta del proceso de cambios que el Ejército ha venido efectuando que la institución a mi mando ha transitado desde una organización, una lógica y un actuar, que eran propios de la Guerra Fría, hacia aquella que Chile hoy nos demanda.

Me parece que con el proceso que ha vivido la institución y el país, las lecciones aprendidas por todos y la superación de las divisiones mediante la verdad y la justicia, nos encaminamos hacia un futuro promisorio que, recogiendo estas experiencias, le dé a Chile la suficiente fortaleza y cohesión de su sociedad para enfrentar un mundo complejo, competitivo y con heterogéneas amenazas. Creo, sin embargo, que todavía podemos avanzar mucho en el perfeccionamiento de la sociedad democrática a la cual aspiramos todos los chilenos y que una de las formas de procurar ese avance es la superación de prejuicios y desconfianzas que, también en el pasado, llevaron o al ostracismo de las Fuerzas Armadas en los cuarteles o a un protagonismo de éstas impropio de la condición militar. Esa dicotomía - como expresé en otra oportunidad - puede ser resuelta con grandeza por los chilenos. El justo medio entre estas dos desviaciones sería el paradigma virtuoso que, como sociedad, encontraríamos para establecer los límites entre el aislacionismo ciego, auto excluyente, y el tutelaje castrense.

Se trata, sin embargo, de un justo medio que no nos corresponde a los militares encontrar sino a la ciudadanía toda por intermedio de sus instituciones. Nuestra tarea en esa dirección, quizá aún incompleta, se debe limitar al tránsito institucional desde visiones del pasado, como aquella determinada por la Guerra Fría, hacia otras contemporáneas y concordantes con el Chile hoy. Una tarea a la que seguiremos dedicando nuestros mejores y más honestos esfuerzos como militares y como chilenos.

Fuente: LA TERCERA (Chile) - Viernes 5 de noviembre de 2004
 
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Entretelones de la relación Gobierno-Ejército:
Truenos antes de la tormenta

· El Ejército decidió adelantarse a la entrega del Informe sobre Tortura y Prisión Política, asumiendo la responsabilidad institucional en las violaciones de Derechos Humanos. El episodio mostró una gran coordinación entre el gobierno y el Ejército en los días previos a la entrega de un documento que promete mucha polémica.
· JUAN ANTONIO MUÑOZ Y MARIELA HERRERA

La decisión estaba tomada una semana antes de las elecciones. El Ejército enviaría a la prensa la carta del comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, afirmando que no justificaría "nunca" las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. La operación fue conversada con el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, y comunicada al Presidente Ricardo Lagos, con semanas de antelación para preparar las reacciones.

El jueves en la mañana, el plan de contingencia del gobierno estuvo listo. La estrategia fue que el ministro de Defensa no comentara la carta publicada el viernes, y que sería el Presidente el que iba a saludar el gesto en una conferencia de prensa desde Brasil, donde asistía a la Cumbre de Río. El plan se cumplió al pie de la letra, y el único imprevisto fue que la carta cambió levemente respecto de la versión original que tenía el gobierno.

Mientras la opinión pública reaccionaba a las palabras del general Cheyre, a las 11:00 de la mañana los siete miembros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o Tortura se reunían de emergencia en la sede de la institución en Moneda 1025, para afinar los últimos detalles del documento. La fecha de entrega nuevamente se posterga, y en vez del martes 9 de noviembre, se acuerda que se entregaría el jueves 11 al Presidente.

Las palabras del general Cheyre po-drían haber despejado la entrega, pero existían otros elementos que había que cerrar antes de la ceremonia oficial en La Moneda. Algunos especularon que el gobierno esperaba otros gestos de parte de las FF.AA., pero el principal argumento que dan a nivel oficial para explicar el atraso es la falta de acuerdo que existiría respecto de la reparación a las víctimas.

Los comisionados todavía no habrían despejado el último capítulo del documento donde se entrega al Presidente Lagos algunas alternativas de indemnización. La discusión -donde participa activamente el ministerio de Hacienda- estaría centrada en cuál es la solución más adecuada: pensiones de por vida o una indemnización única. La discusión se mantiene y será Lagos quien deberá finalmente tomar la decisión.

El cronograma que tiene el gobierno es realizar una ceremonia austera de entrega del documento al Ejecutivo este jueves, y que luego un equipo interdisciplinario lo estudie con él. Este grupo estaría encabezado por los asesores presidenciales del segundo piso, junto a personas de los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Hacienda.

"La idea es trabajar entre 35 a 45 días, analizar las propuestas de la comisión y, luego, elaborar el documento que Lagos difundirá por cadena nacional al igual que el Presidente Aylwin hizo con la Comisión Rettig", explican en La Moneda. Se espera que el Presidente tenga resuelto todo antes del 15 de diciembre.

Las palabras del general Cheyre el viernes fueron interpretadas como una manera de adelantarse a un texto que dará mucho que hablar respecto del rol de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de la tortura. "¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurrida en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética", señala Cheyre en su declaración.

Duro documento

Aunque el Comandante en Jefe del Ejército no habría tenido acceso al documento definitivo de la Comisión, sus dos conversaciones con la vicepresidenta ejecutiva de la comisión, María Luisa Sepúlveda, y su permanente contacto con el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, le han permitido interiorizarse respecto de la tónica del informe.

El tema más complejo es que la práctica de la tortura involucró a todas las Fuerzas Armadas y de Orden, y que tuvo un carácter nacional. Los detalles que dieron los afectados demuestran que se trató de una práctica indiscriminada que alcanzó a cerca de 32.000 personas, muchas de ellas sin vinculaciones con grupos subversivos.

El informe divide en tres períodos la práctica de la tortura a finales del siglo XX. El primero se concentra en 1973, luego explica el funcionamiento de la DINA entre 1974-78, para terminar con el ejercicio de la CNI hasta 1990. La comisión trabaja en detalle los métodos de tortura que aplicaron cada rama de las Fuerzas Armadas y de Orden durante estas tres etapas, y las secuelas sociales que produjo. "La gente que es torturada por lo general queda con secuelas físicas y mentales, pero también era muy probable que perdiera el trabajo y entrara en un círculo de pobreza extrema. Esto era aún más dramático en pueblos pequeños donde estas personas quedaron estigmatizadas y sin posibilidades de reinsertarse", explica un especialista.

El documento trabaja un perfil de las víctimas que demuestra que en muchos casos los afectados no estuvieron directamente involucrados, y que las estrategias de detención eran absolutamente indiscriminadas. El informe no entrega los nombres de los afectados, ni de los implicados; sólo detalla la edad, el tipo de trabajo que realizaban, la organización a la que pertenecían y los lugares de detención. Los recintos utilizados para la represión y tortura estarán detallados ampliamente en un mapa y en una lista con la descripción exhaustiva de sus características.

A nivel de las FF.AA existe incertidumbre sobre la manera como el gobierno utilizará este informe.

El tema de los Derechos Humanos es uno de los que quedan abiertos en la transición y el Presidente Lagos estaría muy interesado en aparecer -al igual como lo hizo en el caso de las Reformas Constitucionales- como la administración que cerró una discusión de años. Por esto, a nivel de los uniformados existe cierto optimismo de que este nuevo capítulo sea el comienzo del cierre en el tema, sirva de impulso para acelerar el trámite de la ley de Derechos Humanos que está en el Congreso y modifique la actitud en los tribunales.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA COMISIÓN

Monseñor Sergio Valech

· El obispo emérito tuvo un rol protagónico en el tema de DD.HH. como Vicario de la Solidaridad y en la Mesa de Diálogo . En la actual Comisión su presidencia fue más bien de carácter "honorario". Considerado como la "reserva moral" del equipo.

María Luisa Sepúlveda

· Vicepresidenta Ejecutiva. Se rodeó de jóvenes profesionales como el abogado Cristián Correa. Le ha dedicado al tema seis días de la semana. Pasó a ser la cara pública de la Comisión. Armó las redes de recolección de los datos. Trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y en el Fasic.

Miguel Luis Amunátegui

· Fue vicepresidente de Renovación Nacional. Viene a ser el símil de lo que fue el historiador Gonzalo Vial en la Comisión Rettig. Dicen que se preocupó de que en la redacción final del informe se evitaran los juicios valóricos.

Luciano Fouillioux

· Trabajó en la Vicaría de la Solidaridad e integró la Mesa de Diálogo. Este abogado decé dirigió el programa de DD.HH. del gobierno de Lagos y fue él quien le propuso a La Moneda el tema de las reparaciones económicas y sociales a los familiares de las víctimas de violaciones de los DD.HH.

José Antonio Gómez

· Ex ministro de Justicia y militante del Partido Radical.
· Comentan que ha echado mano a su conocimiento de la estructura del Poder Judicial y de la relación que tiene éste con el Gobierno y el mundo militar.

Elizabeth Lira

· Integró la Mesa de Diálogo. Es considerada una de las personas que más conocen del tema.
· Desde el gobierno militar que se dedica a atender a detenidos y torturados.
· Actualmente dirige el Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado.

Lucas Sierra

· Pertenece al sector de la "derecha liberal". Es abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP). Tiene una muy buena llegada con el Presidente Lagos. Como representante de la derecha, se trenzó en más de una discusión con Amunátegui sobre los juicios valóricos del informe.

Álvaro Varela

· Hoy, este abogado está dedicado al sector de la minería, pero históricamente ha estado ligado al tema de los DD.HH., y ahora último como asesor del consejo asesor del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior. Se inició en estas lides en el Comité Pro-Paz.

Fuente. EL MERCURIO - Domingo 6 de noviembre de 2004 -

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La trama desconocida del gesto histórico del general Cheyre

· El general Cheyre decidió en marzo que el Ejército colaborara con la comisión sobre la tortura, y afinó cada detalle del documento en el que asume la responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH. y se anticipa a lo que viene
· Rodrigo Frey y Francisco Artaza

El pasado miércoles, un día antes de que el Presidente Ricardo Lagos partiera rumbo a Brasil para participar en la cumbre del Grupo de Río, a su despacho en La Moneda llegó una copia de un documento que marcaría un antes y un después en la historia de las Fuerzas Armadas y de la transición chilena. En el texto, que La Tercera publicó dos días después, el general Juan Emilio Cheyre reconocía por primera vez la responsabilidad institucional del Ejército en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar y, además, anticipaba que aceptaría con "serenidad y responsabilidad" las conclusiones del esperado informe sobre la tortura.

Cheyre había tomado la decisión de publicar el histórico documento hace sólo unas semanas, durante un viaje a China y Corea. Ya sabía a esas alturas que el informe arrojaría que los abusos no respondieron sólo a conductas individuales, sino a una cierta sistematicidad. Consciente de que las conclusiones de la comisión tendrían un impacto profundo, decidió adelantarse a su divulgación y aprovechar la coyuntura para hacer un último gesto, que cerrara el largo proceso de normalización y reinserción del Ejército en el Chile democrático que inició el 10 de marzo del 2002, cuando tomó el mando. Ya había juzgado que los resultados del informe, así como su metodología, no podían ser cuestionados. Ahora había que encontrar el modo de hacerse cargo de ellos.

Mientras maduraba la forma y la oportunidad de publicitar el texto, Cheyre se reunió el 20 de octubre por primera vez con el debutante ministro de Defensa, Jaime Ravinet. En el edificio Diego Portales discutieron el efecto de lo que estaba por venir y la necesidad de anticiparse.

Pocos días después, cuando la determinación de dar este "paso final" ya estaba tomada, Cheyre sostuvo un encuentro con los comandantes en jefe de la Armada y la Fach, y el general director de Carabineros. Junto al almirante Miguel Angel Vergara; el general (A) Osvaldo Sarabia y el general Alberto Cienfuegos, analizó el mismo tema.

El tema del informe tampoco era indiferente para ellos. Carabineros será la institución más comprometida en casos de tortura, y la Armada tendrá que encajar un duro golpe cuando se haga público un hecho que siempre ha negado: que el buque escuela Esmeralda fue efectivamente un centro de torturas.

El jueves 28 de octubre, una semana antes de que el documento de Cheyre se publicara, Ravinet asistió a una reunión informativa con el alto mando del Ejército en el edificio de las FF.AA., y aprovechó la ocasión para quedarse conversando por 45 minutos con el general en su oficina. Este, explicitándole sus planes, le mostró un borrador del texto, que había comenzado a escribir junto a dos asesores apenas unos días antes, durante una visita a una unidad de Coyhaique.

En ese encuentro Cheyre también le anunció a Ravinet que el lunes siguiente aprovecharía la ceremonia de disolución del cuestionado Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para hacer un gesto previo. Ravinet, afirman fuentes de gobierno, no sólo no planteó reparos: quedó sorprendido por los contenidos del texto. Más tarde comentaría, en privado, que "jamás había esperado tanto".

Desde entonces los plazos se aceleraron. El lunes Cheyre disolvió el BIE y comenzó su plan. Hizo una severa autocrítica, culpó a los mandos medios de haber cometido abusos y afirmó que habían "fallado en su cometido". El esquema original era divulgar el documento el martes, un día después de esa ceremonia simbólica, pero para evitar que la agenda política postmunicipal le restara la atención que merecía, fue postergado para el viernes.

Cheyre viajó el miércoles a Europa, a una gira de dos semanas que contempla una audiencia con el Papa Juan Pablo II y un encuentro con el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano. Antes de viajar, sin embargo, dejó la instrucción de que el documento fuese entregado previamente a un reducido número de personeros clave. El jueves el texto llegó a manos del cardenal Errázuriz, de Joaquín Lavín, de la ex ministra Michelle Bachelet y de los demás comandantes en jefe, entre otros.

Colaboración

El viernes el texto fue destacado transversalmente por la clase política, que le otorgó el carácter de histórico. Este no surgió de una decisión de última hora, sino de un largo proceso. El Ejército, como el resto de las FF.AA. y junto a otras instituciones, había recibido a comienzos de este año un oficio de la Comisión Nacional de la Tortura pidiendo su colaboración.

La instancia, creada por Lagos en noviembre de 2003, tenía la misión de determinar quiénes podían acceder, en su calidad de víctimas, a las reparaciones "modestas y simbólicas" contempladas en la propuesta de DD.HH. que el Presidente había formulado en julio de ese año.

El 23 de marzo pasado, en un consejo militar en Chaitén al que asistió el alto mando en pleno, Cheyre anunció por primera vez a sus subordinados su decisión de cooperar. Pocos días después, el presidente de la comisión, monseñor Sergio Valech, llegó a la oficina del comandante en jefe para discutir el tema. El general le planteó que -tal como había ocurrido en la mesa de diálogo- el Ejército no tenía archivos ni documentos con registros de prisioneros o centros de tortura, pero que estaba dispuesto a ayudar intentando responder las inquietudes que la comisión pudiera plantearle.

Por esos mismos días, Cheyre sostuvo la primera de varias reuniones con María Luisa Sepúlveda, la vicepresidenta ejecutiva de la comisión y la responsable de efectuar el trabajo práctico de recopilación, procesamiento y clasificación de los antecedentes. Con un marco de cooperación definido, el Ejército recibió una serie de preguntas que a lo largo de los meses respondió a través de -al menos- ocho oficios secretos. En ellos confirmó antecedentes que manejaba la comisión, como qué unidades habían sido utilizadas de centros de detención; explicó algunos procedimientos utilizados en la época, y pudo detallar las circunstancias históricas que, a su juicio, habían influido sobre la actuación de sus hombres.

Otro ámbito tuvo que ver con el modo en que el Ejército fue adaptando su doctrina y la formación de sus oficiales a una nueva visión sobre los DD.HH. durante los últimos años. A la comisión le interesaban esos datos, porque un capítulo del informe establecerá una serie de recomendaciones y medidas para evitar que los abusos y vejaciones se repitan.

El trabajo de la comisión Valech volvió a ser un tema central en el consejo militar del 22 de agosto en Pichidangui. Aunque el encuentro estuvo marcado por una misa en la que los generales pidieron por el bienestar del general Pinochet horas antes de que fuese desaforado en el caso Operación Cóndor, en la reunión se tomaron decisiones clave.

Cheyre no sólo dio cuenta de la colaboración con el informe y de la importancia que para el Ejército revestía encararlo del modo correcto. En esa misma oportunidad anunció su decisión de que el 30 de septiembre la institución rindiera honores militares al general y ex comandante en jefe Carlos Prats, cuyo homicidio a manos de la Dina en Buenos Aires cumplía 30 años.

El epílogo

Ese homenaje a Prats fue un eslabón más de la larga cadena de gestos que había comenzado el 10 de marzo del 2002, el mismo día en que Cheyre tomó el mando e invitó al acto a las familias de Prats y del asesinado general René Schneider.

En la lista ya figuraban varios hitos, como el documento de enero del 2003, en el que afirmó que el Ejército no era heredero del régimen militar ni el responsable de su defensa, o su comentada frase del "nunca más" de junio de ese mismo año. El texto de esta semana quiso cerrar ese proceso.

En los cálculos de Cheyre, ahora sólo resta esperar el informe, que Lagos recibirá el próximo miércoles, pero que ya decidió no exponer al país sino hasta después de la cumbre de líderes de la Apec, que concluye el 21 de noviembre.

Los planes castrenses sólo contemplan una señal más, que tendrá lugar el 7 de diciembre.

Para ese día está fijado un masivo seminario en la Escuela Militar, cuyo objetivo es explicar cómo el Ejército ha incorporado el tema de los DD.HH. en su nueva doctrina institucional.

El encuentro comenzará con una exposición del abogado Raúl Madrid, secretario general de la Universidad Católica. Luego intervendrá José Zalaquett, ex miembro de la Vicaría de la Solidaridad y ex secretario general de Amnistía Internacional, quien expondrá sobre cómo fue tomando cuerpo en las últimas décadas el Derecho Internacional Humanitario. El tercer turno será para el abogado Miguel Luis Amunátegui, miembro de la comisión de la tortura y quien pudo observar, a lo largo de su trabajo, cómo la institución colaboró con esa instancia. En su exposición, evaluará la forma en que el Ejército adaptó su doctrina a esta nueva visión.

El encuentro será cerrado por Cheyre, que pretende concluir así el diseño que trazó para desligar al Ejército de los problemas que heredó del gobierno militar, aunque sabe que los juicios a los ex uniformados seguirán abiertos y le preocupan los criterios que la Corte Suprema adopte sobre la interpretación de la Ley de Amnistía y la prescripción.

Sabe, sin embargo, que esa es una definición que escapa de su estricto control, y que ya no le quedan más recursos simbólicos ni concretos factibles que desplegar en el futuro. De cómo evolucione ese tema dependerá que el 11 de marzo del 2006, cuando entregue el mando, haya o no cumplido el principal objetivo que se trazó como comandante en jefe: legarle a su sucesor no sólo un Ejército modernizado y reestructurado de acuerdo a nuevos criterios estratétigos y operacionales, sino libre de la pesada carga del pasado. Su antecesor, el general Ricardo Izurieta, no lo logró. Cheyre aún cree que podrá conseguirlo.

El último paso de la transición en el Ejército

El 11 de marzo de 1990 el Ejército inició su propia transición, que para muchos concluyó este viernes. Los extremos del proceso están marcados por el contraste. Si en 1991 Pinochet intentó restarle toda legitimadad al Informe Rettig, hoy Cheyre hizo lo contrario con el documento de la comisión Valech. Entre los dos puntos está la detención en Londres.

1. Informe Rettig.

El documento, redactado por una comisión nombrada por Aylwin y que en 1991 determinó por primera vez la identidad de los detenidos desaparecidos, así como las circunstancias en que fueron aprehendidos, fue objetado por Augusto Pinochet, que intentó incluso evitar su elaboración. Una vez publicado, el general desconoció sus conclusiones, dijo que retrotraería al país al pasado y preparó un contradocumento para desmentirlo.

2. Lento avance.

La presencia de Pinochet como comandante en jefe del Ejército bloqueó el avance de los casos de DD.HH. en tribunales. El general incluso justificó medidas de fuerza como el boinazo y el ejercicio de enlace, destinadas a detener el caso Pinocheques, por la "inconveniencia" de que oficiales y ex oficiales fuesen citados a declarar a tribunales en causas de DDD.HH. Entre 1990 y 1998 uno de los escasos procesos que pudo avanzar fue el del caso Letelier, que terminó con la condena del general Manuel Contreras. Los demás correspondieron fundamentalmente a casos no cubiertos por la amnistía.

3. Detención de Pinochet.

El 16 de octubre de 1998 el general fue apresado en Inglaterra, donde permaneció 503 días detenido. Aunque volvió por motivos humanitarios, fue desaforado en Chile por el magistrado Juan Guzmán, que lo procesó en el caso Caravana bajo la figura del secuestro permanente. A esas alturas (el año 2001), los tribunales habían avanzado rápidamente en casos emblemáticos como el de Tucapel Jiménez, y varios altos oficiales estaban encausados. La coraza protectora del caso Pinochet se derrumbó, así, definitivamente.

4. Mesa de diálogo.

Como un efecto del caso Pinochet, el general Ricardo Izurieta aceptó colaborar en la mesa de diálogo, creada en 1999 para determinar el destino de los desaparecidos. La instancia -que reunió a generales con abogados de DD.HH.- fue el primer esfuerzo de las FF.AA. para colaborar con la búsqueda de la verdad.

5. Decenas de procesados.

Como efecto de las querellas contra Pinochet que investigaba el juez Guzmán, decenas de uniformados en retiro fueron procesados en causas de desaparecidos. La cifra aumentó el 2003, una vez que el Poder Judicial nombró una serie de jueces especiales para tramitar esos procesos. El cuadro se complicó cuando los tribunales, una vez determinado el paradero de los desaparecidos, optaron por cambiar la figura a homicidio sin aplicar la amnistía.

6. Fin de la transición interna.

Aceptando el trabajo de los tribunales, Cheyre efectuó una serie de gestos de normalización. Apartó a su institución del régimen militar, habló por primera vez de un "nunca más", homenajeó al general Prats, ordenó a su institución colaborar con los tribunales. El pasado viernes, en un documento, afirmó que el Ejército asumía la responsabilidad institucional por las violaciones a los DD.HH. Fue, para muchos, el fin de su propia transición.

Fuente: LA TERCERA - Domingo 6 de noviembre de 2004 -

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Lagos sobre documento de Cheyre: "Me llena de satisfacción y orgullo"

El Presidente Ricardo Lagos calificó como un "histórico paso" el documento que dio a conocer hoy a través de La Tercera el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, en el cual la institución asume su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen militar.

Hablando desde Brasil, donde participa en la cumbre de Río de Janeiro, Lagos dijo: "Como Presidente de Chile, me llena de satisfacción y orgullo que el Ejército de Chile señale con meridiana claridad que respecto a las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie pueden tener justificación ética, incluso en el contexto de un pasado en el cual se produjo una profunda división de la sociedad chilena".

Tras leer su declaración, el Presidente fue consultado acerca de si estaba al tanto del escrito de Cheyre, a lo que respondió que  "Estaba en conocimiento de este documento y eso creo que forma parte de cómo funcionan las instituciones en un sistema democrático... No quiero agregar nada más. Oportunamente vamos a añadir más cosas".

LAS PALABRAS DE LAGOS: "El Ejército de Chile, a traves de su comandante en jefe, ha dado a conocer la nueva visión institucional respecto a las tareas de seguridad y de inteligencia, la cual se aleja y deja atrás las visiones propias de la guerra fría. Esta nueva visión es la culminación de un proceso de cambios graduales que se relacionan con la modernización institucional y su plena integración a los tiempos democráticos que vive Chile.

Como Presidente de Chile, me llena de satisfacción y orgullo que el Ejército de Chile señale con meridiana claridad que respecto a las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie pueden tener justificación ética, incluso en el contexto de un pasado en el cual se produjo una profunda división de la sociedad chilena, de la cual el Ejército, como él recuerda, no pudo sustraerse.

De la misma manera, destaco el coraje del Ejército de Chile, cuando señala que el Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las reponsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado.

Con este histórico paso, el Ejército de Chile consolida su proceso de integración al Chile democrático de hoy, refuerza sau carácter de institución permanente de la República, en la cual todos los chilenos se reconocen. Confirma además su contribución importante y activa en la construcción del Chile del mañana, más unido, más cohesionado, más justo, más fraterno, más desarrollado".

LA TERCERA - Miércoles 5 de noviembre de 2004 -