El titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA pidió citar a declaración indagatoria a Fernández y al canciller argentino, Héctor Timerman, y solicitó un embargo preventivo de bienes por la suma de 200 millones de pesos (23,2 millones de dólares), informó la Fiscalía a través de un comunicado.

En una demanda penal de cerca de 300 páginas, Fernández fue denunciada por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional".

Según el comunicado, la denuncia fue presentada tras reunir evidencias mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para "borrar a Irán del caso AMIA".

En la denuncia se acusa a Fernández de haber ordenado "abandonar la investigación de la causa" por el atentado terrorista y de haber buscado "librar de toda sospecha a los imputados iraníes".

"Decidió fabricar la inocencia de Irán", dijo Nisman en el documento.

De acuerdo al fiscal, las negociaciones con Teherán comenzaron en 2011, cuando Fernández decidió acercarse a Irán para "restablecer relaciones comerciales plenas" con el país asiático con el objetivo de superar "la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos" e "incluso venderle armas".

La denuncia alcanza al diputado Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia, Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní, Jorge "Yussuf" Khalil.

El atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994, causó 85 muertos y 300 heridos, y fue el segundo contra un espacio judío en Argentina.

Dos años antes explotó una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires que causó 29 víctimas fatales.

La comunidad judía atribuye a Irán y a la organización Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.

Fuente: EFE.