(Emitido a las 8.38)

EMILIANO COTELO:
El presidente Ricardo Lagos habló anoche por cadena de radio y televisión y anunció que compensará a miles de víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura del general Augusto Pinochet. El mandatario comunicó esta decisión al revelar fragmentos del informe sobre torturas preparado por una comisión especial que, a su vez, se basó en los testimonios de unas 35.000 personas.

El informe, del cual habían ya circulado algunos trascendidos, concluye que las detenciones ilegales y la tortura fueron una práctica sistemática del régimen militar.

Vamos a dialogar con nuestro corresponsal en Santiago, Horacio Brum.

Horacio, conversamos contigo cuando estaba saliendo el informe de la comisión especial sobre la tortura; en ese momento se anunciaba que todavía no se conocería el texto completo, que lo había recibido el presidente Lagos y que había decidido tomarse un tiempo para estudiarlo.

HORACIO BRUM:
Exactamente, eso fue lo que hizo el presidente. Fue a su residencia de Cerro Castillo, en la costa del Pacífico, cerca de Viña del Mar, y durante varios días se dedicó al estudio del documento en una experiencia que según han relatado él y algunos de sus cercanos resultó ser bastante conmovedora. De ahí el discurso de anoche, en el cual se pronunció sobre el informe.

EC - En síntesis, ¿qué fue lo que relató del informe en sí?

HB - Del informe en sí, detalles y demás, muy poco. Hay que mencionar que en el mismo discurso dijo que se va a crear un Instituto de Derechos Humanos que va a conservar los testimonios y promover los derechos humanos, pero que todos los testimonios están en reserva, o sea que no se pueden conocer, durante 50 años. Solamente se refirió a los puntos generales en el sentido de admitir que las torturas fueron una práctica de Estado, detalló luego las pensiones que se van a adjudicar, aproximadamente 187 dólares por persona, a 28.000 personas, porque hay otros de 7.000 casos que aún están pendientes de verificación, no se pudo hacer una verificación fehaciente de que eso hubiera ocurrido así pero se continúa investigando. También mencionó que esta pensión es renunciable, aquellos que por razones económicas quieran renunciar a ella pueden hacerlo y los fondos van a ese Instituto de Derechos Humanos.

De manera que en general no se dieron detalles minuciosos. Tampoco se nombran, no se van a conocer –en el informe hay algunas menciones pero específicamente no se van a nombrar– los torturadores, o sea quienes ejecutaron todas estas acciones, porque la comisión tenía órdenes de recibir los testimonios pero no profundizar ni realizar un catastro de los torturadores.

EC - Con respecto a las compensaciones había existido más de un criterio en las semanas previas al mensaje del presidente Ricardo Lago, se había hablado de que en todo caso serían compensaciones simbólicas, otros se inclinaban por pensiones con montos más importantes. ¿Cuál fue finalmente la solución que se eligió?

HB - Evidentemente el presidente fue más allá de las compensaciones simbólicas, porque esto es lo que en Chile se considera una pensión mínima; de manera que se puede considerar que se trató de hacer un esfuerzo un poco mayor. Al respecto también habría que mencionar que algunos "rumores de palacio" -como se dice aquí, del Palacio de la Moneda– dicen que en esto aparentemente ha incidido bastante la señora del presidente, que tiene mucha simpatía con todas las causas de derechos humanos y que de hecho fue la primera del sector oficialista hace algún tiempo en sugerir que también los civiles que participaron en el gobierno militar deberían haber pedido perdón por todas las atrocidades. De modo que nos encontramos con una pensión que es bastante más importante de la que originalmente se pensó. Ahora, por supuesto que no es una suma con la cual se pueda vivir aquí en Chile, tiene un valor todavía simbólico porque es claramente insuficiente para que una persona viva, como lo han hecho ya notar algunas asociaciones de detenidos desaparecidos y de derechos humanos que sostienen que entre ellos hay un número bastante alto de desempleados, por ejemplo, y de gente que perdió su trabajo por razones políticas y que aún hoy tiene dificultades para insertarse en el mercado.

EC - Pero la indemnización no es sólo en efectivo; veía que los afectados y sus familiares también van a recibir educación especial, asistencia para la adquisición de vivienda y beneficios de salud por parte del Estado.

HB - Exactamente, se les va a dar acceso más fácil que al resto de la población al sistema público de salud, a la educación –en el caso universitario aquí hay todo un sistema de becas para pagar la educación, que aquí es paga, incluso la del Estado– y a la vivienda en los planes de ahorro que el Estado concede para que la gente pueda acceder a su casa propia. De manera que se podría decir que la pensión más los beneficios sí tiene una entidad sustancial, aunque en cuanto a dinero en el bolsillo es realmente simbólica.

EC - ¿Qué podemos añadir con respecto al Instituto de Derechos Humanos que se crea?

HB - El Instituto va a promover la educación en términos de derechos humanos a través de cursos, va a hacer promoción a las escuelas; por supuesto, va a recoger nuevos testimonios y antecedentes; y básicamente va a tratar de mantener viva la memoria de todo este sufrimiento, aunque el presidente –hay que mencionarlo– en una línea del discurso se refirió a que todo esto significa que no hay que escudriñar eternamente en el pasado. El presidente Lagos se ve a sí mismo como el hombre que de alguna manera va a cerrar todos estos asuntos, va a terminar con ellos; tal vez por eso pronunció esa línea. El Instituto, en cambio, debería mantener la memoria histórica de los chilenos referente a lo que sucedió.

Y querría agregar algo referente al pasado...

EC - A ver...

HB - Aquí hay un problema jurídico, porque el presidente, según criticaron las asociaciones de derechos humanos, no incluye, no menciona en ningún momento el valor de la legislación internacional en juicios y demás referentes a la tortura. De hecho el Estado no se hará parte en ningún caso de tortura para demandar a los supuestos torturadores. Pero hace dos semanas la Corte Suprema decidió en el caso particular de un detenido desaparecido que los convenios internacionales priman sobre las leyes locales. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que la amnistía que los militares se dieron en 1978 no sería aplicable de aquí en adelante. Esto le crea un nuevo problema al presidente Lagos en sus intenciones de terminar con todo este tema de los derechos humanos.

EC - Para terminar, ¿qué tipo de referencias hizo el presidente al pronunciamiento del comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire –que comentamos aquí contigo hace pocos días–, cuando asumió la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos?

HB - Indudablemente las palabras de Cheire fueron muy bien recibidas por el presidente; ahora en el discurso dijo en concreto que todo lo que ha dicho, todo lo que revelan el informe y sus propias palabras, no constituye una afrenta a las Fuerzas Armadas. "Las Fuerzas Armadas –dijo literalmente– pertenecen a todos los chilenos". O sea que en el discurso reiteró una vez más su intención de reincorporar a las Fuerzas Armadas a la imagen colectiva nacional, no apuntó a ellas con el dedo.

Esto tampoco es nuevo, habría que mencionar que en 1991, cuando se publicó aquel primer informe sobre los detenidos desaparecidos, encargado por el gobierno del presidente Patricio Aylwin, el mismo también pidió perdón en nombre del Estado. Se ha hecho siempre un esfuerzo muy insistente en no acusar directamente a las Fuerzas Armadas. Menos aun lo hace Lagos, a pesar de que menciona que ocurrieron aberraciones y demás, porque está embarcado, junto con el comandante Cheire, en un proceso de rehabilitación de las Fuerzas Armadas frente a toda esta situación.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe