La decisión, tomada este jueves de forma cautelar por la magistrada Mónica Ribeiro Teixeira, del Tribunal de Justicia de Río, impone multas de 50.000 reales (unos 13.300 dólares) a las autoridades que impidan trabajar a los conductores de Uber en Río de Janeiro.

La jueza argumenta que la prohibición de Uber viola el principio a libre iniciativa recogido en la Constitución y señala que el Estado no puede "prohibir una actividad económica lícita, abierta a la iniciativa privada y a la libre competencia".

En su sentencia, la jueza sostiene además que, al prohibir un medio de transporte privado, las autoridades cariocas violaron la ley nacional que regula la cuestión.

El uso de Uber ha generado una gran polémica en las dos mayores ciudades de Brasil, San Pablo y Río de Janeiro, donde los taxistas han realizado sucesivas protestas para presionar por la aprobación de sendas leyes contrarias al uso de la aplicación, que consideran que les hace competencia desleal.

La Cámara Municipal de Río de Janeiro prohibió tajantemente Uber a finales de agosto, aunque esa ley municipal solo entró en vigor la semana pasada.

San Pablo siguió el ejemplo de Río y aprobó una ley similar el mes pasado, aunque este jueves la Alcaldía reglamentó una nueva categoría de taxis en la que podrían inscribirse los conductores de Uber mediante el pago de una licencia cuyo valor puede llegar hasta los 60.000 reales (16.000 dólares).

Esa nueva categoría de taxis estará formada exclusivamente por vehículos de color negro que operarán a través de las aplicaciones de teléfono móvil y no podrán recoger a pasajeros en las calles. EFE