¿Cuáles son las nuevas decisiones de los poderes públicos en medio de la confrontación política en Venezuela?

Tres poderes públicos en Venezuela han tomado decisiones que favorecen al presidente Nicolás Maduro ante la prueba que tendrá dentro de una semana, cuando los opositores acudan a centros electorales para apoyar la convocatoria de un referendo que pudiera revocar su mandato.

La primera de estas decisiones es que el poder judicial, a través del Tribunal Supremo de Justicia, decidió que los opositores deben recoger las huellas digitales de al menos veinte por ciento de los electores en cada una de las 24 regiones de Venezuela, y no como sostiene la oposición, que según el texto constitucional esa cuenta debe hacerse nacionalmente, como una sola circunscripción.

Una segunda decisión es que el Consejo Nacional Electoral, árbitro entre las fuerzas políticas, presentó el cronograma de elecciones para el año 2017. Aunque el período de las gobernaciones de estado se vence este Diciembre, decidió que esas elecciones regionales se realizarán seis meses después, a mediados del año próximo.

Y una tercera decisión es que el poder Ejecutivo, es decir, el presidente, anunció que todos los gobernadores y alcaldes deben firmar un acta de obediencia a la aprobación del presupuesto nacional 2017 por parte del el Tribunal Supremo de Justicia. Si los gobernadores y alcaldes de la oposición no lo hacen, los dejará sin un centavo para cualquier plan o proyecto. Así mismo lo dijo el presidente Maduro.

¿Y cuál es el problema de aceptar el presupuesto como indica el Gobierno nacional?

El problema es que esa ley de presupuesto viola la Constitución según los opositores, porque debió aprobarla el parlamento, controlado por la oposición, y no el Tribunal Supremo. Hay tres gobernadores regionales y unos 40 de los 330 alcaldes del país que son opositores. Si aceptan el acta del Gobierno nacional avalarían una decisión que consideran inconstitucional y si no la aceptan entonces se quedarían sin dinero para sostener su gestión.

Además esos gobernadores y alcaldes opositores destacan en la movilización de gente para buscar el referendo, y varios de ellos han sido detenidos por orden de tribunales o solicitados por la policía política para que se presenten a declarar como sospechosos de favorecer la violencia política.

¿Las otras medidas también tienden un cerco a la oposición?

Sí, porque compromete a la oposición a lograr que veinte por ciento de ciudadanos, unos cuatro millones de electores, acudan a colocar huellas digitales en un número reducido de centros, a veces alejados de los grandes núcleos de electorado opositor, ante una cantidad también limitada de máquinas, y durante unas pocas horas hábiles, en tres jornadas.

¿Cuál es el fondo de esta falta de acuerdo sobre una consulta popular?

Los directores de las firmas encuestadoras y los analistas políticos que consultamos casi a diario no tienen dudas: la popularidad del Gobierno es muy baja, por los problemas de inflación, carestía y escasez de alimentos, medicinas y otros bienes de consumo masivo, y el deterioro de servicios.

Según la encuestadora más conocida, Datanálisis, más del 90 por ciento de la gente dice que el país está mal y tres de cada cuatro electores votarían por revocar el Gobierno.

Su director, Luis Vicente León, dice que el Gobierno no quiere ninguna elección ahora porque la perdería estrepitosamente, y por eso ha decidido bloquearlas o postergarlas para cuando quizás lleguen tiempos mejores.

La oposición reunida en la Mesa de Unidad Democrática anunció que seguirá con su plan de conseguir el apoyo popular para el referendo y llevar millones de electores a estampar sus huellas los días 26, 27 y 28 de este mes.

Si el referendo avanza, el oficialismo puede seguir rodeándolo con el poder de sus instituciones. Y si no puede hacerse, cada bando tratará de que sea el rival el que cargue con el costo político de esa frustración. Esa puja hace que los días que restan de Octubre sean de vértigo político en Venezuela.