"Gobiernos, mafias y transnacionales, asociados"

"A pesar de las reiteradas declaraciones de todos los gobiernos; de las propuestas y acuerdos de las más altas instancias internacionales y de su amplia y sistemática denuncia en los medios, los hechos delictivos que involucran a empresarios y empresas, entidades financieras, políticos y gobiernos con las organizaciones mafiosas son cada vez más importantes y numerosos. Pero se trata de un combate de fachada, porque estas prácticas son parte de un sistema coherente, funcional a la expansión del capitalismo en su fase actual.

Sistemáticamente presentada, en un país tras otro, como "escándalos" que comprometen a una empresa o un banco, a un político o un partido, a un cartel o a una mafia, la criminalidad financiera pierde legibilidad. La masa de transacciones relativas a operaciones ilícitas -calificadas como crímenes o delitos respecto de las leyes nacionales o de los acuerdos internacionales- se reduce a una sucesión de disfunciones accidentales de la economía y la democracia liberales que un "buen gobierno" podría eliminar.

Pero la realidad nada tiene que ver con esta visión mirífica: se trata de un sistema coherente, vinculado con la expansión del capitalismo moderno y fundado en la asociación de tres copartícipes: gobiernos, empresas transnacionales y mafias. Negocios son negocios: la criminalidad financiera es ante todo un mercado, próspero y estructurado, donde convergen la oferta y la demanda, business as usual.

Las grandes organizaciones criminales sólo pueden asegurarse el blanqueo y el reciclaje de las fabulosas ganancias derivadas de sus actividades con la complicidad de los círculos de negocios y la permisividad del poder político. Para ratificar y acrecentar sus posiciones y sus ganancias, aplastar o resistir a la competencia, obtener los "contratos del siglo" y financiar sus operaciones ilícitas, las empresas transnacionales necesitan del apoyo de sus gobiernos y la neutralidad de las instancias de regulación. En cuanto al poder de intervención del personal político directamente involucrado, depende de los apoyos y de los financiamientos que garantizarán su perennidad. Esta colusión de intereses constituye un componente esencial en la economía mundial y el lubricante indispensable para el "buen" funcionamiento del capitalismo.

Este funcionamiento se vio considerablemente perfeccionado por efecto de tres factores conjuntos: la completa liberalización de los movimientos de capitales, que escapan a todo control nacional o internacional desde fines de la década del 80; el incremento y la desmaterialización de las transacciones financieras, acelerados por la revolución tecnológica de las comunicaciones y, por último, la acrecentada fiabilidad de un archipiélago planetario de plazas especializadas en la administración tolerada de la criminalidad financiera: los paraísos fiscales.

La Revolución no es una cena de gala, se justificaba Lenin; tampoco la competencia. Tiene poco que ver con los torneos entre gallardos caballeros que cuentan las estampas de la canción de gesta liberal, donde, tocados por la gracia del Dios-mercado, triunfa el mejor producto y el mejor servicio al mejor precio. Igual que en los combates feudales, todos los golpes son válidos para ganar la guerra económica, y preferentemente los más bajos. La panoplia de armas está bien surtida: acuerdos y cárteles, abuso de posiciones preeminentes, dumping y ventas forzosas, delitos de iniciados y especulación, absorción y desarticulación de los competidores, falsos balances, manipulaciones contables y de los valores de transferencia, fraude y evasión fiscal mediante filiales offshore y sociedades-pantalla, malversaciones de créditos públicos y mercados falseados, corrupción y comisiones encubiertas, enriquecimiento injustificado y abuso de los bienes sociales, vigilancia y espionaje, chantaje y delación, violación de las reglamentaciones en materia de derecho al trabajo y de libertad sindical, de higiene y seguridad, de aportes sociales, de polución y de medio ambiente… a los que se suman las prácticas vigentes en las zonas francas que se multiplicaron en el mundo, incluyendo a Europa y Francia, zonas total o parcialmente al margen de la ley, particularmente en materia social, fiscal y financiera.

Estas operaciones se ven en todos los grandes sectores de actividad y en todos los mercados: armamento, petróleo, obras públicas, aviación civil, transporte aéreo, ferroviario y marítimo, telecomunicaciones, bancos y seguros, química, agro-alimentación. Acarrean considerables malversaciones de fondos, extraídos de las cuentas lícitas de las sociedades transnacionales para terminar en los paraísos fiscales. Un fabuloso saqueo, del que nunca se realizará contabilidad global alguna. Para llevarlo a cabo, sus autores necesitan del poder del Estado y del de las organizaciones internacionales y regionales, en particular de su aptitud para promulgar un mínimo de reglamentaciones apremiantes, suprimir las que ya existen o tornarlas inaplicables, retrasando indefinidamente y paralizando las investigaciones e instrucciones, atenuando o amnistiando las eventuales sanciones. En cambio, se ofrecen para "financiar la democracia" y de eso se ocupan: campañas electorales de los partidos, promoción de las personalidades políticas y de los altos funcionarios más prometedores, seguidos y "marcados" por ejércitos de agentes de influencia, lobbies encargados de ayudarlos a hacer las "buenas opciones" y de corromperlos, presentes en todas las instancias de decisión.

Por último, no le hacen asco a recurrir, llegado el caso, a los servicios de las organizaciones criminales profesionales. Truhanes del empresariado y sindicatos "amarillos", rompehuelgas, policías privadas y escuadrones de la muerte se ensañan con los trabajadores y proveedores de la mayoría de sus filiales en los países del Sur; también con los accionistas indóciles, ubicados, en Japón, bajo la vigilancia de las yakuzas en las asambleas generales. Actúan también en la ejecución de "contratos" contra intermediarios que resultan molestos o investigadores demasiado curiosos: son incontables los hombres de negocios, banqueros, políticos, jueces, abogados o periodistas "suicidados" al ingerir un capuchino con cianuro, al ahorcarse o caer del décimo piso con las manos atadas a la espalda, disparándose dos tiros en la cabeza, ahogándose vestidos en un charco de agua o en su bañadera, resbalando debajo de un autobús, dentro de un tanque de hormigón o de ácido, cayendo desnudos al mar desde sus yates repletos de guardaespaldas, volatilizados en vuelo o en automóviles… Por lo demás ¿acaso no es el calificativo más elogioso atribuido a un gran empresario y hasta a un líder político el de "matador"?


Fabulosa fuente de riquezas

Los bancos y las grandes empresas se muestran ávidos de captar, después de blanqueadas, las ganancias de los negocios del crimen organizado. Junto a las actividades tradicionales -droga, extorsiones, secuestros, juegos, proxenetismo de mujeres y niños, contrabando (alcohol, tabaco, medicamentos…), robos a mano armada, falsa moneda y falsas facturas, fraude fiscal y de créditos públicos prosperan nuevos mercados: tráfico de mano de obra clandestina y refugiados, pirateo informático, tráfico de objetos de arte y antigüedades, de automóviles robados y repuestos, de especies protegidas y órganos humanos, de armas, desechos tóxicos y productos nucleares, falsificaciones…

Cada país alberga a sus propios círculos criminales. Las principales organizaciones y las más activas y antiguas se encuentran en los polos del capitalismo: Estados Unidos (Cosa Nostra); Europa (Mafia siciliana); Asia (tríadas chinas y yakuzas japoneses). Otras se han desarrollado en el curso de las últimas décadas, tales como los cárteles colombianos en América Latina o las mafias rusas. Cientos de grupos rivales se reparten los mercados nacionales e internacionales del crimen, celebran alianzas y acuerdos de subcontratación.

Las ganancias anuales del tráfico de droga (cannabis, cocaína, heroína, sin contar las drogas sintéticas, en explosivo desarrollo) se calculan en 300 a 500 mil millones de dólares, o sea de 8 a 10% del comercio mundial. El volumen de negocios del pirateo informático es de más de 200 mil millones de dólares; el de las falsificaciones de más de 100 mil millones, mientras que 10 a 15 mil millones de dólares son derivados para el fraude en el presupuesto comunitario europeo y unos 20 mil millones para el tráfico de animales, etc. En total, tomando sólo en cuenta las actividades con dimensiones transnacionales -como el proxenetismo- el producto bruto criminal mundial supera ampliamente el billón de dólares por año, casi el 20% del comercio mundial.

Admitiendo que las cargas (producción y proveedores, intermediarios y corrupción, gastos de inversión, costos de gestión, pérdidas por incautaciones y medidas represivas…), representan en líneas generales el 50% del volumen de negocios, quedan 500 mil millones de ganancias anuales. O sea, en un período de diez años, 5 billones de dólares, más de tres veces el monto de las reservas en divisas de la totalidad de los bancos centrales, una cuarta parte de la capitalización de las cinco principales plazas bursátiles mundiales y diez veces mayor que la Bolsa de París.

Hay que administrar esta gigantesca fuente de riquezas, a la que no se puede dar salida en billetes chicos, cosa que trastorna a todos los financistas del mundo. Precisamente, las organizaciones necesitan indefectiblemente de su ayuda para blanquear este dinero y reciclarlo en el circuito legal. Están dispuestas a pagar el precio, y lo hacen. Costo de la operación: aproximadamente un tercio, o sea 150 mil millones de dólares distribuidos entre las redes bancarias e intermediarias: abogados, corredores, gerentes de trusts y compañías fiduciarias. Al final de la cuenta, se blanquean y reinvierten anualmente más de 350 mil millones de dólares, es decir mil millones de dólares diarios.

Ningún sector de actividad se acerca a estas cifras y ninguno puede rivalizar con esta capacidad, que representa entre la mitad y los dos tercios de las inversiones directas extranjeras (IDE). Las organizaciones criminales multinacionales, adeptas al mercado y a la mundialización -cuyas lógicas manejan perfectamente- no llenan las cajas de ahorro. Apuntan a las tasas de ganancias más altas: inversiones de riesgo (hedge funds) y especulación financiera, mercados emergentes, bienes inmuebles, nuevas tecnologías, a la vez que se aseguran sólidos réditos en lo mejor de la industria y del comercio. En permanente colaboración con las transnacionales en las cuales invirtieron y con los bancos que administran sus inversiones, son el lubricante de la prodigiosa expansión del capitalismo moderno. Les queda suficiente dinero para mantener su tren de vida y participar del financiamiento y la corrupción de los dirigentes y partidos políticos mejor ubicados para mantener un sistema que les es tan propicio.

Esto es precisamente lo que puede ofrecer el último de los copartícipes, el poder político-burocrático, a cambio de una ayuda financiera que le permita mantener su lugar, reposicionarse a posteriori y hasta enriquecerse. Su papel es dar la ilusión de una lucha permanente -gubernamental, policial y judicial- contra la criminalidad financiera (corrupción, tráficos, blanqueos), sin perjudicar el funcionamiento del sistema. Cambiarlo todo para que todo quede igual. El fracaso de más de treinta años de lucha internacional contra el tráfico de drogas atestigua el "éxito" de la formula. Se puede anticipar un destino similar para la lucha contra el blanqueo de dinero sucio y la corrupción, estruendosamente reactivada en 1989 por el grupo G7 (EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Japón) en la Cumbre del Arco, en París, que movilizó además a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Regulaciones Internacionales (BRI) y la Unión Europea (UE)…

Se crearon organismos especializados, se firmaron y ratificaron convenciones internacionales sobre la represión de la corrupción en los mercados internacionales, la cooperación policial y la ayuda mutua judicial y se multiplicaron coloquios, estudios, comisiones de investigación e informes, todo ello acompañado por las firmes declaraciones y compromisos de los responsables, sin que por ello el sistema de criminalidad financiera se haya visto sacudido en lo más mínimo. Al contrario, está en vías de ganar por desgaste el combate, tal como testimonia el cansancio que ha ganado en Italia a jueces y policías comprometidos en la ejemplar operación "manos limpias", o la voz de alarma lanzada a fines de 1996 por siete jueces europeos especializados ("el llamado de Ginebra"), que no tuvo eco.

Ni hablar de desmantelar los paraísos fiscales, las bases indispensables para el encubrimiento de la delincuencia financiera: simplemente se les incita a adoptar códigos de buena conducta, una medida tan eficaz como confiar los transportes de drogas a la mafia, pero con el compromiso moral de someter a sus vehículos a un control técnico. Ni hablar tampoco de implementar una cooperación internacional permanente, ni siquiera un espacio judicial europeo: hacen falta dieciocho meses de espera para que un pedido de ayuda mutua judicial recorra el camino de ida y vuelta entre París y Ginebra.

Mejor aún, bajo la égida de Estados Unidos, primer copartícipe de la criminalidad financiera internacional, se desarrolla un operativo de imagen de las técnicas de corrupción, que apunta a reemplazar las prácticas un tanto arcaicas de coimas o comisiones ocultas (o declaradas) por la actividad de lobbies, más eficaces y presentables. Un sector de servicios en el que los estadounidenses ya gozan de una ventaja considerable sobre sus competidores, no sólo debido a su know how, sino también a la disponibilidad para sus multinacionales de descomunales medios financieros de intervención y logísticos, incluida la movilización de los servicios secretos del más poderoso aparato de Estado a nivel mundial, que pasaron de la guerra fría a la guerra económica.

Así lo demuestra el éxito obtenido ante los medios masivos de comunicación por un índice anual de cotización de los países corruptores y corruptos, establecido por Transparency International, una asociación de lobbies, corresponsal de la CIA, financiada por gobiernos y empresas expertas en la materia mayormente estadounidenses, como Lockheed, Boeing, IBM, General Motors, Exxon, General Electric o Texaco. Las campañas anticorrupción, alternativamente llevadas a cabo por las organizaciones internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE), no tienen otro objetivo que el "buen gobierno" de una criminalidad financiera integrada de ahora en más a la mundialización de los mercados bajo la batuta de la democracia estadounidense, la más corrupta del planeta.

La desenfrenada carrera en pos de las ganancias y acumulación de capital, por el medio que sea, se manifiesta mediante un robo generalizado del producto del trabajo de los hombres y de las riquezas comunes, que llevan a la corrupción de las costumbres de las clases dirigentes. A los barones ladrones les suceden los príncipes saqueadores".

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Los paraísos fiscales al día

A comienzos del 2017, un total de 92 países figuran en la lista provisional de paraísos fiscales de la Unión Europea, entre ellos Estados Unidos, Brasil o Panamá, a los que se pidieron "aclaraciones" de cara a la clasificación final prevista a finales de año, indicaron este miércoles fuentes coincidentes.

"Invitamos a las jurisdicciones concernidas a iniciar un diálogo con los Estados miembros [de la UE] para salir de esta lista. La verdadera lista estará a finales de año", precisó una fuente conocedora del dossier.

Bruselas inició en 2016 una evaluación para determinar el riesgo en los países de fuera del bloque de favorecer la evasión fiscal, a través de una serie de criterios: la falta de transparencia, la existencia de regímenes fiscales preferenciales y la ausencia de impuestos de sociedades.

Su evaluación preliminar, difundida en septiembre, reflejó que muchos países registran los dos primeros indicadores de riesgo, entre ellos algunos latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú o Uruguay.

En cambio, Bahamas, Mónaco o las Islas Caimán son algunos de los pocos países que no disponen de impuesto de sociedades, un criterio que los ministros de Finanzas de la UE decidieron retirar temporalmente en noviembre a propuesta de Reino Unido, a la espera de un análisis de los expertos.

En base a estos datos, 92 países se someterán finalmente a un examen oficial de la UE, entre ellos Estados Unidos por el estado de Delaware, Canadá, Brasil, Panamá o Singapur, y a los que el Consejo de la UE "envió ayer una carta" para "solicitar aclaraciones sobre algunos aspectos de su política fiscal", apuntó otra fuente.

"Esto no quiere decir que todos estarán en la lista" final prevista a finales de año, añadió. Las discusiones podrían terminar en julio de 2017.

Los países del bloque deben acordar todavía qué medidas podrían enfrentar aquellas naciones que figuren finalmente en esta lista negra de "jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal".

La práctica de la evasión fiscal se encuentra en el ojo del huracán en el mundo, tras la aparición de una serie de escándalos, como el de los denominados papeles de Panamá.   Su publicación en abril reveló cómo personalidades de la política o la economía de todo el mundo colocaban activos en paraísos fiscales, e implicó la dimisión de un ministro español e incluso del primer ministro islandés.