¿Cuál es la nueva controversia entre el Gobierno de Venezuela y el secretario general de la OEA, Luis Almagro?

El secretario general de la Organización de Estados Americanos y ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, ha planteado que la organización hemisférica debe suspender a Venezuela si este país no celebra elecciones generales completas a la mayor brevedad, y seguidas por observadores internacionales para que sean "libres, justas y transparentes";.

Es parte de un informe de 75 páginas sobre la situación venezolana que Almagro ha presentado a los 34 gobiernos del hemisferio, y que naturalmente se ha convertido en el acontecimiento político de la semana, porque es justamente lo que quiere la oposición en este país, que haya elecciones que posibiliten cambiar a los gobernadores regionales, a los alcaldes y por supuesto al presidente Nicolás Maduro.

El gobierno, lógicamente, rechaza cualquier adelanto de elecciones. Las elecciones regionales, que debieron efectuarse a finales de 2016, están demoradas y sin fecha cierta para realizarse. Un posible referendo que podría haber revocado el mandato de Maduro fue abortado por decisiones de tribunales.

Más allá de eso, el gobierno del presidente Maduro sostiene que la prioridad en Venezuela no es hacer elecciones sino derrotar la guerra económica que el país padece con auspicio de Estados Unidos, y sobre todo rechaza que organismos internacionales u otros gobiernos intervengan en la solución de las crisis económica, social y política que se acumulan en Venezuela.

¿No hay espacio entonces para zanjar esta controversia entre el secretario de la OEA y el gobierno de Maduro?

Cada vez menos espacio, menos entendimiento y más confrontación. Almagro sostuvo que Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana, un documento que adoptaron los países del hemisferio en 2001 y que reúne un conjunto de normas y criterios acerca de lo que debe ser la vida democrática en esta parte del mundo.

Para el secretario general, si no se preparan elecciones generales en Venezuela la OEA debe suspender a su Gobierno, como hizo hace 55 años con Cuba, pues, según dijo, "aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro gesto y esfuerzo que podemos hacer por la gente de este país y por su democracia";.

La respuesta del gobierno de Caracas fue asimismo muy dura. El presidente Maduro dijo que "no nos vamos a quedar callados ni de brazos cruzados"; ante la arremetida de Almagro, a quien calificó de "inepto"; e incluso lo tildó de "esta basura de ser humano";.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez no se quedó atrás y en una declaración aseguró que el "triste malhechor";, como llamó al secretario Almagro, "encabeza el concierto hemisférico de la derecha fascista que hostiga, agrede y ataca con saña a Venezuela, sin escrúpulo ni ética alguna";. La confrontación verbal es muy, muy fuerte.

En otra esquina, la oposición favorece la aplicación de la Carta Democrática. Por ejemplo, Julio Borges, presidente del parlamento, sostiene que no se trataría de una intervención porque Venezuela es firmante de esa Carta y su objetivo sería garantizar el derecho al voto, pues considera que solamente con elecciones libres se puede superar la crisis venezolana.

¿Qué debe ocurrir para que se aplique la Carta, y qué implicaría para Venezuela?

Primeramente, para que el Consejo Permanente, de embajadores ante la OEA, entienda que la crisis altera el orden democrático y se impone una apreciación colectiva de la situación, se necesita mayoría simple de los 34 estados miembros, 18 votos.
En ese caso se activarían gestiones diplomáticas con misiones de investigación y recomendaciones a Venezuela, como por ejemplo fijar un calendario de elecciones. Si Caracas no rectifica o no cumple lo pactado, entonces una mayoría de dos tercios, 34 países, podría decidir suspender su gobierno de la organización.

Venezuela confía en que esas mayorías en su contra difícilmente se reunirán porque cuenta con algunos aliados latinoamericanos, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y, hasta ahora, con la mayoría de los pequeños estados del Caribe de habla inglesa.
Los expertos en relaciones internacionales aseguran que activar la Carta Diplomática tendría impactos políticos y diplomáticos importantes, adversos a Venezuela, aunque no implican sanciones económicas y menos aún medidas de fuerza.

¿La oposición dentro de Venezuela participa de este pleito del Gobierno y la secretaría general de la OEA?

Lógicamente, la oposición respalda la aplicación de la Carta Democrática y las gestiones, el informe y demás declaraciones de Luis Almagro. Es más, ha pedido muchas veces que se aplique la Carta y que se tomen acciones para forzar cuatro decisiones del gobierno de Maduro, al que apoyan las cúpulas judicial, electoral, militar y la Fiscalía. Esas son la liberación de los políticos presos, un cronograma de elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, el parlamento de mayoría opositora cuyas decisiones son anuladas por el Tribunal Supremo, y que se acepte la ayuda ofrecida por algunos países y la organización católica Cáritas para enviar alimentos y medicinas a Venezuela.

Pero los partidos opositores están enfrascados por estos días en tareas de validación, es decir, de reconstruir su militancia, mediante un complicado proceso que incluye máquinas captahuellas, para que su matrícula no sea anulada por el Poder Electoral y así poder participar en eventuales elecciones, sean locales, regionales, nacionales u otras consultas.

Cada partido lleva a sus simpatizantes durante unas horas del fin de semana fijado por el Consejo Electoral para que expresen su voluntad inscribirse en la organización. Los expertos estiman que apenas cuatro o cinco partidos lograrán legalizarse.

Y mientras tanto ¿hay cambios en la cotidianidad de la gente común?

Ningún cambio apreciable, en realidad, a lo que hemos descrito en anteriores entregas acerca de la inflación, la más alta del planeta pues pasa de 500 por ciento anual, y a la escasez y carestía de bienes esenciales como alimentos, excepto pequeñas bolsas que una vez al mes el Gobierno vende en comunidades pobres. Hay escasez de artículos de higiene y sobre todo de medicinas e insumos médicos.
Esta semana se agregó una "guerra del pan";, pues el Gobierno ordenó que las panaderías deben dedicar el 90 por ciento de su harina a confeccionar pan popular, tipo francés, sobre todo en barras o baguettes de sabor simple, que son las más baratas.

Dos panaderías que violaban la norma, de las 700 censadas en Caracas, ya fueron intervenidas por las autoridades y colocadas en manos de consejos locales o comunales que se ocuparán del negocio.
La confrontación política venezolana, pues, va desde la OEA en Washington hasta unos modestos locales donde se hornea el pan.