La organización defensora de los derechos humanos presentó un memorial en derecho como 'amicus curiae' ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que expresó su preocupación por el indulto concedido, dos días antes de la sesión en la que la Corte verá el caso del exmandatario peruano condenado en 2009 a 25 años de cárcel.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, declaró, en un comunicado, que "el indulto a Alberto Fujimori ha sido un duro golpe para los derechos humanos en el continente, y particularmente para las víctimas y sus familiares".

"Es imperativa la exigencia que se haga al Estado peruano para que cumpla de manera íntegra con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", agregó.

El exgobernante (1990-2000) fue condenado por la matanza de 25 personas en los casos de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) cometidas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

Sin embargo, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó el indulto humanitario el pasado 24 de diciembre, días después de que el legislador Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario, y otros nueve congresistas lo salvaron de la destitución en el Congreso.

Varias organizaciones y entidades estatales como la Defensoría del Pueblo han pedido al gobierno infructuosamente el informe técnico que fundamenta los motivos por los cuales fueron otorgados el indulto y derecho de gracia a Fujimori.

No obstante, el ministerio de Justicia ha argumentado la reserva del mismo por contener información médica personal, aunque aseguró que lo ha enviado a la Corte Interamericana.

"La liberación anticipada, incluso por razones humanitarias, en ninguna circunstancia debe implicar la extinción de la condena ni representar una medida que perpetúe la impunidad", expresó Guevara.

Amnistía Internacional estará presente en la audiencia pública que realizará la Corte Interamericana el viernes para supervisar el cumplimiento de sentencias para los casos Barrios Altos y La Cantuta, a la cual también acudirán los familiares de las víctimas y sus abogados.

La Corte Interamericana dictó sentencia en 2001 sobre la responsabilidad del Estado peruano en el caso de Barrios Altos, y cinco años después en el caso de La Cantuta, y ordenó la investigación y sanción de ambas matanzas.

A raíz de esos procesos, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú procesó y sentenció a Fujimori en 2009 por los delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves en ambos casos, los cuales fueron consignados como delitos de lesa humanidad.EFE