De acuerdo con el diario, la legisladora es objeto de una investigación que depura sospechas de tráfico de drogas y asociación para el tráfico durante la campaña electoral de 2010, y en la que también estarían implicados tres de sus antiguos asesores y el diputado estatal Marcus Vinicius, excuñado de Cristiane Brasil.

El periódico señaló que la investigación fue enviada en la víspera a la Fiscalía General de la República, en Brasilia, debido a que la parlamentaria posee fuero privilegiado por lo que solo puede ser denunciada y juzgada en el Tribunal Supremo.

Los sospechosos son acusados de "dar dinero a traficantes de Cavalcanti", un barrio de deprimido de la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro que es además uno de los nichos electorales de la diputada, apuntó O Estado de Sao Paulo.

El procedimiento, en trámite desde 2010, fue abierto primero por la Policía Civil en base a unas denuncias que fueron enviadas por correo electrónico al departamento de asuntos internos de la corporación, dice el diario.

El texto recoge que, según los denunciantes, cuyos nombres no han sido divulgados por razones de seguridad, asesores de Cristiane Brasil, que por entonces era concejala y estaba al frente de una secretaría municipal, "pagaron a traficantes para tener 'derecho exclusivo' de hacer campaña en la región".

La ahora diputada federal, elegida en 2014, no se presentó a las elecciones de 2010, pero apoyó la candidatura de Marcus Vinicius -entonces su cuñado- a la reelección, divulgó el periódico.

Ambos niegan todas las acusaciones, según el tabloide, el cual aseguró que la semana pasada la Policía Civil remitió el caso al Ministerio Público Estatal, que a su vez lo envió para el Ministerio Público Federal en Río y ya el viernes fue mandado definitivamente a Brasilia.

Cristiane Brasil, abogada de 44 años, fue elegida el pasado 3 de enero por el presidente brasileño, Michel Temer, para ser la nueva ministra de Trabajo, pero el nombramiento fue respondido en los tribunales por diversas asociaciones, que desvelaron supuestas violaciones de leyes laborales en las que habría incurrido.

Esas asociaciones denunciaron que Brasil fue procesada en 2016 por haber tenido dos conductores a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que fue condenada a indemnizar a uno de ellos con más 60.000 reales (unos 18.700 dólares).

Su investidura como ministra fue suspendida en tres diferentes tribunales, una decisión que ratificó la presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia Antunes, quien también optó a finales de enero por impedir la asunción de su nuevo puesto en el Ejecutivo brasileño. EFE