"La muerte de un niño víctima de bala perdida es el lado más repugnante de la violencia de nuestro Estado; (es) resultado, entre otros motivos, de la incapacidad del poder público en averiguar la autoría de esos homicidios y castigar con rigor y celeridad a los culpables", denunció la entidad en un comunicado.

Los primeros menores de edad en engrosar la lista este año fueron una niña de de tres años, quien murió cuando su padre intentó huir en coche de un atraco, y un adolescente de 13 años, quien recibió un balazo de un tiroteo cuando salía de casa para practicar fútbol.

El año pasado, la muerte en Río de Janeiro de otra adolescente de 13 años, María Eduarda, conmocionó a la ciudad, ya que la joven murió de un disparo en la cabeza cuando se ejercitaba en el patio de su escuela durante la clase de educación física.

El Ayuntamiento de la ciudad llegó a anunciar que cubriría todas las escuelas públicas con un hormigón a prueba de balas, pero la propuesta fue muy criticada por quienes alertaban de que los centros educativos se convertirían en búnkeres que podrían ser codiciados tanto por los narcotraficantes como por la policía, y finalmente la idea nunca llegó a concretarse.

Otro de los casos más mediáticos ocurrido el pasado año fue el de una joven embarazada que recibió una bala perdida perforándole el útero y alcanzando a su bebé en el noveno mes de gestación.

Tras una cesárea de emergencia, el bebé, al que llamaron Arthur, sobrevivió, pero 30 días después murió. (Sputnik)