"La agenda electoral no es y nunca será causa de las acciones del presidente (…) el presidente de la República no se influenció por ningún otro factor al margen de atener una demanda de la sociedad; esa es la única lógica que motivó la intervención federal en el área de la seguridad pública en el estado de Río de Janeiro", expresó Parola en un pronunciamiento oficial.

El pasado viernes el Gobierno Temer decretó que las Fuerzas Armadas tomaran el mando de la seguridad pública en el estado de Río (sureste), con lo que todos los cuerpos policiales, los bomberos, el servicio de inteligencia y el sistema de prisiones están ahora coordinados por un militar.

La medida, inédita en la democracia brasileña y en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, se justificó por la escalada de violencia que vive esta región en Brasil, aunque los especialistas acusaron al Gobierno de oportunista, al intentar mejorar su imagen pública a costa de una intervención que califican de teatral y poco productiva.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) dijo este miércoles en declaraciones a la local Radio Itatiaia que con la decisión Temer pretende ganar fuerza en la opinión pública para presentarse en las elecciones de octubre, algo que el actual mandatario ha descartado repetidamente hasta el momento.

El líder de la izquierda en Brasil también aseguró que Temer está intentando seducir al electorado del ultraderechista Jair Bolsonaro, un militar en la reserva que con su discurso de mano dura contra el crimen se ha posicionado en segundo lugar en las encuestas.

Al margen de los expertos y el exmandatario en el círculo del propio presidente algunas voces también apuntaron a intereses electorales: el responsable de marketing de Temer, Elsinho Mouco, explicó en una entrevista al diario O Globo que el Gobierno quiere usar la intervención para apuntalar una eventual candidatura de Temer a la reelección.

La mayoría de especialistas en seguridad pública alertaron en los últimos días que la intervención militar en Río de Janeiro apenas tendrá efectos a largo plazo, recordando que las Fuerzas Armadas realizan operaciones en esta región de forma puntual desde el año 1992 sin que haya habido grandes resultados.

Además, avisan de que en las favelas y suburbios donde vive la población más desfavorecida (y mayoritariamente negra) se pueden multiplicar los casos de violaciones de derechos humanos, amparadas por el hecho de que las posibles irregularidades que cometan los soldados serán juzgadas por la Justicia Militar. (Sputnik)