Un comunicado con una fuerte condena fue divulgado este viernes a raíz del operativo con más de 3.200 agentes de las Fuerzas Militares y de Policía que tuvo lugar en tres favelas de Río de janeiro y en el que los militares y agentes, con sus celulares, sacaron fotos de los moradores con sus documentos en un supuesto procedimiento para verificar sus antecedentes criminales.

La operación fue realizada en el marco de la intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro decretada hace una semana por el presidente brasileño, Michel Temer, y que encarga al Ejército de la tarea de garantizar el orden público en el estado más emblemático de Brasil.

Sobre los "fichajes", la Defensoría explicó que la ley establece que "ningún ciudadano sea sometido a la identificación criminal si porta la debida documentación civil".

"Se trata, por lo tanto, de una grave violación de los derechos a la intimidad y la libertad de movimiento", precisó el comunicado de la entidad.

El Ministerio Público también se manifestó contra la expulsión de periodistas de los lugares donde se están llevando a cabo estos operativos, como ocurrió hoy con el equipo de reporteros del periódico Folha, retirado del lugar después de registrar como un agente militar tomaba foto a un documento de uno de los moradores.

"La Defensoría Pública también considera extremadamente preocupante la ausencia de transparencia en las operaciones y considera como graves las noticias de expulsión de profesionales de la prensa de los lugares donde se están llevando a cabo", señaló.

De acuerdo con la Defensoría, eso es un acto inconstitucional que viola "el ejercicio profesional del periodista".

En relación con el comunicado del Ministerio Público, el jefe de prensa del Comando Militar del Este, Carlos Frederico Cinelli, dijo al portal de noticias G1 que el procedimiento ya se había efectuado otras veces y que el método se ampara en el decreto de garantía de la Ley y el Orden, firmado por Temer el año pasado.

Según el portal, Cinelli dijo que existen dudas por la conducta de los efectivos, las cuales están siendo analizadas por la asesoría jurídica del Comando y explicó que las fotos tomadas no quedaran en posesión de los militares.

El comunicado de la Defensoría Pública señala que, e acuerdo con la ley brasileña, el abordaje personal por parte de cualquier agente de seguridad sólo es permitido cuando hay razones concretas que lleven a levantar sospechas sobre un individuo por porte ilegal de algún bien o la práctica de algún delito.

"El hecho de vivir en una comunidad pobre no es razón suficiente" para que se levanten "este tipo de sospechas", dijo la Defensoría.

Las tres favelas donde tuvo lugar el operativo de hoy fueron Vila Aliança, Coreia y Vila Kennedy, donde el miércoles fue asesinado un subcomandante de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en un presunto intento de asalto.

Temer justificó su decisión de intervenir la seguridad de Río de Janeiro por la ola de violencia que sacude al estado, pero la medida ha sido severamente cuestionada por organizaciones humanitarias y asociaciones de comunidades de Río, por ser estas últimas las zonas más vulnerables a la actuación de las Fuerzas Armadas. EFE