La mujer con más poder en el país austral entre 2007 y 2015, viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), tendrá que sentarse en el banquillo, en una fecha aún por determinar, junto a, entre otros imputados, quien fuera ministro del área de obras públicas, Julio De Vido, y el constructor Lázaro Báez, ambos en prisión preventiva por otras causas.

El juez Julián Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto 'direccionamiento' de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los Gobiernos de Kirchner y su esposa.

Según el fallo del magistrado, Fernández, en su carácter de presidenta, "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad".

La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo "fraudulento" de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas.

A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial.

Todo mediante licitaciones con "múltiples irregularidades" destinadas al favorecimiento del empresario.

En el relato de los hechos establecido por la Justicia, se destaca cómo se realizó la "conversión formal" de Báez, amigo durante años del matrimonio presidencial, en empresario de la construcción para luego "ser insertado" en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado.

Se nombra como prueba que pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia, Báez, junto con dos socios, fundó el Grupo Austral.

"En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado expresidente montó la estructura institucional de su Gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz (de la que Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003)", explica Ercolini en el fallo.

Presumiblemente, esa estructura fue mantenida a partir de 2007 con el comienzo del mandato de Fernández.

La causa de Ercolini se relaciona, inevitablemente, con otras dos que afectan también, principalmente, a Fernández y Báez, y en las que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

Este no será el primer juicio abierto contra la exmandataria: en marzo de 2017, otro juez anunció que la sentará en el banquillo por el millonario perjuicio económico del Estado que supuestamente generó la decisión de su Gobierno de que el Banco Central vendiera dólares a un precio por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York.

En total, la ex jefa de Estado está procesada en cuatro causas, dos de ellas por corrupción.

Además, enfrenta una orden de detención -que no se ha hecho efectiva por contar con fueros parlamentarios- por el presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados del ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

Fernández, opositora al Gobierno de Mauricio Macri, ha negado en multitud de ocasiones los cargos que se le imputan y reiterado que se siente víctima de una persecución política impulsada por su sucesor.

"Son temas judiciales. Lo importante es que entremos en la normalidad de entender que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley", dijo hoy a la prensa el jefe del Gabinete de Ministros al ser consultado por las novedades judiciales de la expresidenta.

Para Peña, es necesario también velar por que "cuando se trata de una expresidenta se dé todo el debido proceso con toda la transparencia posible para garantizar ese derecho que tiene".