De acuerdo con la Policía Militarizada, Paulo Henrique Dourado Teixeira, conocido como Paulinho P9, estaba en su vehículo cuando fue alcanzado por varios disparos que le quitaron la vida.

En declaraciones divulgadas por medios de comunicación, el comisario Evaristo Magalhães, de la división de Homicidios de la Baixada Fluminense, dijo que aunque las informaciones todavía son preliminares una de las líneas de investigación es por crimen político.

Otra persona que acompañaba al político en el vehículo y cuya identidad se desconoce resultó herida sin gravedad.

Paulo Teixeira se postuló al Concejo en 2016 por el Partido Laborista Brasileño (PTB) en la lista del diputado regional Renato Cozzolino. Recibió 536 votos y era suplente en el Concejo de Magé.

El crimen de Paulinho P9 ocurrió una semana después de que asesinaran a tiros, en el centro de Río de Janeiro, a la concejala Marielle Franco y a su conductor Anderson Gómes, un hecho que conmocionó a Brasil.

Franco, una enérgica crítica de la intervención militar en la seguridad en Río de Janeiro y que se caracterizaba por su activismo como defensora de los derechos humanos, especialmente de mujeres, negras, lesbianas y procedentes de favelas como ella, había vuelto a denunciar la violencia policial un día antes de su crimen.

De acuerdo con un análisis divulgado por la red Globo con base en datos de la Unión de Concejales de Brasil (UCB), desde comienzos del año pasado han sido asesinados 15 políticos entre concejales y alcaldes municipales y en por lo menos seis de esos casos los crímenes sucedieron por motivación política.

Declaraciones del presidente de la UCB, Gilson Conzatti, divulgadas por el medio de comunicación, señalan que los crímenes políticos son una realidad presente principalmente en ciudades pequeñas.

De acuerdo con Conzatti, en esos lugares actividades como la fiscalización son más difíciles porque cuando un concejal hace una denuncia termina convirtiéndose en "enemigo de otro grupo".

La reciente ola de asesinatos y asaltos ocurre tras el primer mes desde que el presidente de Brasil, Michel Temer, decretara una intervención federal en la seguridad del estado de Río de Janeiro para combatir la ola de violencia que afecta al estado más emblemático de Brasil desde los Juegos Olímpicos de 2016.

La intervención en la seguridad de Río cede a los militares el control del orden público hasta finales de 2018 tras la ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y una decena de niños alcanzados por balas perdidas. EFE