Hasta esta reforma, con 211 votos a favor y 2 abstenciones, la legislación argentina solo penalizaba la producción y distribución de material pedófilo y la tenencia del mismo solo era un delito en caso de que estuviera destinado, de manera inequívoca, a la comercialización o distribución.

Durante la sesión parlamentaria, la diputada del frente oficialista Cambiemos declaró: "No tenemos que tener temor y hay que decirlo con todas letras. El que tiene pornografía infantil es un pedófilo. Es un paso previo para la materialización del abuso sexual infantil".

Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, explicó en la Cámara que en Argentina "hay un negocio con ganancias de 250 millones de pesos anuales (12,3 millones de dólares)", y que el país austral "está entre los diez países del mundo que más bajan pornografía infantil, y entre los tres primeros de la región que avanza no sólo en bajar este material, sino también en producirlo".

Según los datos del Gobierno, en 2016 se produjeron 8.800 denuncias relacionadas con la pornografía infantil, y en los 10 primeros meses de 2017 las denuncias ascendieron a 19.214. 

EFE