"El secuestro de Aylton Mortati es considerado permanente debido a que sus restos mortales nunca fueron hallados", explicó el Ministerio Público Federal (MPF) en un comunicado en el que justificó su decisión de retomar un proceso por un crimen ocurrido hace 47 años y supuestamente acogido por la Ley de Amnistía.

De acuerdo con la Fiscalía, el crimen de secuestro no ha prescrito debido a que el caso no ha sido resuelto, a que el activista político aún es considerado como un desaparecido y a que la ley de amnistía sólo beneficia a los responsables por delitos políticos y no a los que cometieron crímenes comunes.

Los blancos de la acusación fueron el agente Walter Lang, el comisario Cyrino Francisco de Paula Filho y el detective Dirceu Gravina, todos al servicio del Departamento de Operaciones de Informaciones (DOI), un organismo policial vinculado a la Segunda División del Ejército en el estado de Sao Paulo.

El DOI era considerado como uno de los más activos centros de persecución política, tortura y muerte de la dictadura militar, según la Fiscalía.

Mortati era uno de los dirigentes del Movimiento de Liberación Popular (Molipo), disidencia de la Alianza Libertadora Nacional (ALN), una de las organizaciones guerrilleras urbanas que se alzaron en armas contra la dictadura.

La Fiscalía alegó que diferente documentación dejó probado que Lang y De Paula Filho siguieron secretamente al activista político por cerca de un mes antes de detenerlo en noviembre de 1971 cerca a su casa, en la zona este de Sao Paulo.

La vigilancia fue iniciada poco después de que el guerrillero regresara de un viaje a Cuba y en el marco de una operación supuestamente destinada a eliminar activistas políticos entrenados militarmente en ese país.

Los fiscales aseguran que el activista fue conducido a las celdas del DOI en Sao Paulo y que fue sometido a torturas por un equipo comandado por Gravina.

Tras su arresto nunca más fue visto y sus restos no han sido hallados, pero documentos militares indican que los organismos de represión lo daban por muerto, algo que la dictadura militar jamás admitió.

"Numerosos documentos comprueban que Aylton era perseguido por los militares y que existían varias órdenes de captura en su contra, así como investigaciones policiales. Los órganos de represión nutrían un especial interés por sus actividades en el país debido a su posición de líder y a su entrenamiento como guerrillero", afirmó el fiscal Andrey Borges Mendonça, autor de la denuncia.

De acuerdo con la Fiscalía, Lang admitió ante el Ministerio Público que participó en la operación de captura del militante pero alegó desconocer lo ocurrido después.

Los autores de la denuncia pidieron que los acusados sean condenados por el delito de secuestro y que se tengan en cuenta como agravantes el abuso de autoridad y el cautiverio clandestino de la víctima en una edificación pública.

En diciembre pasado el Tribunal Regional Federal de Sao Paulo acogió una denuncia similar de la Fiscalía, que acusó de secuestro a dos comisarios de un organismo de inteligencia que detuvieron sin orden judicial a otro activista en 1975.

El tribunal aceptó los argumentos de la Fiscalía en el sentido de que el delito es imprescriptible por tratarse de un crimen de lesa humanidad y de que la ley de amnistía no acoge a los responsables por delitos comunes como el secuestro.

Los dos comisarios del Departamento de Orden Político y Social del Estado de Sao Paulo (DEOPS) fueron acusados de haber secuestrado al obrero metalúrgico Feliciano Eugenio Neto, que en la época era militante del Partido Comunista Brasileño y que murió en una prisión pocos meses después de su detención ilegal. 

EFE