Hoy solicitaremos a la Asamblea Legislativa, que una comisión mixta integrada por diputados oficialistas y opositores, investigue de manera transparente si hubo actos de corrupción y manipulación de la empresa brasileña Odebrecht, con algunas exautoridades de nuestro país.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 de abril de 2018

"Voy a pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional que haga una profunda investigación de exautoridades como se menciona en algunos medios de comunicación", aseguró Morales a los periodistas durante un acto en La Paz.

El objetivo, añadió, es dar "con los autores si ha habido esta extorsión, soborno, en la adjudicación de construcciones de obras".

"Soy el más interesado, el Gobierno es el más interesado en que se investigue sobre estos actos de corrupción", agregó.

El mandatario subrayó que "el Gobierno, el presidente no está implicado en ningún acto de corrupción con las empresas, menos con Odebrecht".

En esta línea, reiteró que el Gobierno boliviano no está incluido en caso Odebretch y garantizó que se investigará cualquier caso de corrupción en el país.

El presidente hizo estas declaraciones durante un acto en el Comando General de la Policía Boliviana, poco después de que a primera hora publicara en Twitter que el Ejecutivo presentará hoy mismo en el Parlamento el pedido de una comisión mixta integrada por diputados oficialistas y opositores.

La solicitud llega "después de recabar información sobre la investigación que realiza Brasil a la empresa Odebrecht y que menciona a Bolivia", explicó en la red social.

El conglomerado de empresas de Odebrecht fue adjudicatario de una serie de obras en Bolivia, alguna de las cuales aparece en documentos sobre supuestas comisiones por parte de un servicio estatal de carreteras ya extinto.

Odebrecht, junto con otras quince constructoras brasileñas, protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil al participar de una red que desvió, por medio de licitaciones fraudulentas y contratos inflados, millonarios fondos de una petrolera estatal.

El caso se expandió por otra decena de países de América y África, cuyas autoridades investigan el pago de sobornos a políticos de parte de la constructora.

La compañía cerró acuerdos de colaboración con la Justicia en Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Guatemala y Ecuador en los que, además de pagar millonarias multas, reconoció haber cometido actos ilícitos y se comprometió a no repetirlos. EFE