Puigdemont ha fijado su residencia temporal en Berlín donde deberá comparecer regularmente ante la policía alemana mientras se resuelve su caso bien con una decisión del tribunal alemán o bien con un eventual nuevo paso de la justicia española.

En todo caso, se espera que, en caso que la Audiencia Territorial de Schleswig Holstein aprobase la extradición, los abogados de Puigdemont recurran ante el Tribunal Constitucional (TC) alemán.

Al margen de la evolución jurídica del caso, la presencia de Puigdemont en Berlín implica para el Gobierno alemán un reto diplomático de cara a España.

El ejecutivo de Angela Merkel ha seguido hasta ahora dos principios básicos frente el conflicto catalán.

El primero, que se refrenda casi semana a semana en las conferencias de prensa del Gobierno, es que se trata de un problema interno español que debe resolverse dentro de la legalidad española.

El segundo -ya relacionado directamente con el caso Puigdemont tras su detención en Alemania- es que el estudio de la euroorden es una cuestión exclusiva de los tribunales en la que no cabe ninguna intervención política.

La idea de la euroorden, según la posición del Gobierno alemán, es que haya una cooperación entre los órganos de justicia, al margen de intereses políticos.

El comentario de la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, aprobando la decisión de la Audiencia Terrotorial de Schleswig Holstein de rechazar la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, pareció romper la prudencia que hasta ahora había mostrado el Gobierno germano.

No obstante, en lo que se refiere a los miembros del Gobierno, el caso de Barley ha sido hasta ahora algo único y en buena parte se han limitado a respetar una decisión ya tomada por el tribunal del norte del país, en lo que se refiere al aspecto meramente jurídico.

Lo más sorprendente de la declaración de Barley era la segunda parte en la que señalaba que había empezar a considerar "los componentes políticos" del caso catalán.

El dominical "Frankfurter Allgemeine am Sonntag" recoge en su edición de hoy declaraciones de una fuente anónima del Partido Socialdemócrata (SPD) en la que se asegura que ha habido malestar por la judicialización del conflicto catalán y porque este haya sido traído a suelo alemán.

Mientras tanto, varios políticos alemanes se han pronunciado a favor de una mediación internacional en el conflicto catalán.

Hasta ahora la idea de una mediación era planteada ante todo por políticos de la oposición, especialmente del partido La Izquierda, pero en las voces recogidas por varios medios hay también representantes de los partidos de la gran coalición de Gobierno.

Así, por ejemplo, el eurodiputado Elmar Brock, de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merkel, sugiere la posibilidad de una mediación de la UE o de Alemania, si las partes involucradas así lo piden.

"Estamos dispuestos a mediar si nos lo piden", dijo Brock aunque, según aclara el rotativo, bajo la condición de que los nacionalistas catalanes renunciasen a la meta de la independencia.

El periódico considera que en su conferencia de prensa ayer en Berlín Puigdemont pareció dispuesto a aceptar soluciones distintas a la independencia.

De parte del Partido Socialdemócrata (SPD), socio minoritario de la gran coalición, el también eurodiputado Arne Lietz sostiene que ante el peligro de que se produzca una escalada de violencia en Cataluña la UE debe ofrecer una mediación.

Sin embargo, también hay voces que reflejan lo que ha sido la posición dominante según la cual el conflicto catalán es un asunto interno español.

Así, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, Norbert Röttgen, recuerda que España no quiere la mediación de la UE.

El diputado Alexander Graf Lambsdorf, del Partido Liberal (FDP), actualmente en la oposición, advierte que la UE no debe convertirse en agente de disolución de sus estados miembros.