"Sin duda queda aún mucho camino por recorrer, pero consideramos que hemos dado un gran paso (...) antepongamos las necesidades de nuestros conciudadanos a la diversidad de nuestras opiniones", invocó Vizcarra al término de las intervenciones de 31 de los 33 asistentes a la cita regional.

Vizcarra agradeció a los asistentes a la cita por su "compromiso" con las iniciativas propuestas en la cumbre y dijo que la intención fue "adoptar compromisos concretos para prevenir y luchar contra la corrupción".

Sostuvo, en ese sentido, que los mandatarios "han demostrado la firme voluntad de avanzar hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región" y que los "logros obtenidos" permitirán garantizar la confianza en las instituciones y el respeto al estado de derecho, entre otros temas.

"Todos tuvieron la oportunidad de expresar y brindar sus aportes en favor de la lucha contra la corrupción" comentó para luego decir que las medidas adoptadas en el Compromiso de Lima demuestran que se ha "pasado del ámbito declarativo para pasar a la acción".

"Esta alianza regional contra la corrupción, a la que todos hemos respondido afirmativamente, tendrá como base la decisión y voluntad política de cada gobierno para trabajar y cooperar con los demás estados en un enfoque destinado a establecer una política de tolerancia cero frente a los actos corruptos", añadió.

Vizcarra mencionó que entre los compromisos están fortalecer las instituciones democráticas, la autonomía e independencia judicial, reforzar el papel de la educación en la formación de valores democrático y cívicos, y fortalecer la formación pública en base a las mejoras prácticas aplicables.

También promover el uso de nuevas tecnologías para facilitar el gobierno digital y la transparencia, proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos corrupción, así como el trabajo de los periodistas y las personas que investigan estos actos y las medidas que promuevan la transparencia.

Además, promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, implementar las disposiciones de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y promover "la más amplia cooperación" en la investigación de delitos de corrupción, lavado de activos y cohecho, así como la profundización del Estado en redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos.