"Todos los nicaragüenses, y en particular las autoridades, debemos comprender que no podemos volver al camino de la violencia (...) esto solamente trae dolor, atraso, división en nuestra sociedad", expresó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en una declaración pública.

El Cosep exigió al Gobierno que garantice el derecho cívico a la protesta "que tenemos como ciudadanos y se elimine toda forma de confrontación entre hermanos nicaragüenses".

Asimismo, observó que los nicaragüenses "también tenemos el derecho a ser informados de manera veraz, lo que implica que los medios de comunicación deben tener la libertad plena de buscar, recibir y difundir información".

"Por lo que demandamos que aquellos medios que han sido suspendidos de sus transmisiones vuelvan al aire sin restricción alguna", agregó.

El Cosep también expresó su respaldo a un llamado que hiciera el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, "de invitar al diálogo como el mejor medio para solucionar los problemas, porque la violencia genera más violencia".

"Hacemos un llamado al Gobierno para que retome el diálogo que ha mostrado ser determinante para avanzar en el camino de la paz, el crecimiento y el desarrollo económico y social del país", abogó esa organización.

"Encontremos soluciones que nos garanticen la paz social y la estabilidad que el país demanda", continuó.

Al menos 33 heridos suman ya las acciones de violencia a causa de nuevas medidas de seguridad social en Nicaragua, informó hoy la Cruz Roja Nicaragüense.

La mayoría de heridos atendidos son estudiantes universitarios, según la Cruz Roja, que no distinguió entre alumnos que se oponen al Gobierno ni los que le dan su apoyo.

A través de dos resoluciones, el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) acordó aumentar de 6,25 a 7 % la cotización que pagan los trabajadores a partir del 1 de julio próximo.

También eleva de 19 a 21 % la cuota patronal a partir de esa fecha, y 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22,5 %.

Además, ahora los jubilados tendrán que aportar un 5 % de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades.

Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, quienes afirman que las mismas, lejos de evitar la quiebra del seguro social, traerán desempleo e informalidad, a la vez que disminuirá el consumo, la competitividad y el clima de negocios.

El Gobierno de Nicaragua ha justificado ese aumento a los aportes de la seguridad social, que afecta a trabajadores y empleadores, con el argumento de que la medida servirá para proteger a las personas de enfermedades, invalidez y muerte. 

EFE