Mientras el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas espera en la cárcel el proceso judicial por asociación ilícita por cobrar 14 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, hay dos instancias que avanzan paralelamente vinculadas al escándalo trasnacional.

Por un lado, el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Glas a fin de demostrar que su enjuiciamiento carece de las pruebas suficientes para sustentar la acusación. Ese argumento pone el foco en la gestión del fiscal general Carlos Baca Mancheno, quien llevó adelante la investigación y acusó al exvicepresidente.

Baca se defendió ayer públicamente y enumeró las razones por las cuales resolvió acusar a Glas, exhombre fuerte del gobierno de Rafael Correa, y ordenar su detención.

Pero por otro lado progresa en el congreso desde el mes de marzo un proceso que podría derivar en la destitución de Baca. La Asamblea Nacional formalizó un juicio político que tiene como principal sustento la existencia de una supuesta negociación para quitarlo del cargo, y que el fiscal habría hecho pública para su propio beneficio.

Dos legisladores tendrán dos horas para cuestionarlo, con base en las pruebas recogidas por el informe de una Comisión de Fiscalización. El fiscal tendrá una hora más para replicar las acusaciones. Tras esas tres horas, el debate se abrirá y podrán participar los 137 asambleístas.

La censura y destitución de Baca puede aprobarse con un mínimo de 70 votos.

 Desde Quito, Fabián Werner contó en La Mañana de El Espectador cuál es el avance de ambos procesos (el político y el judicial) y cómo el caso se 

vincula directamente con Uruguay, ya que parte de las coimas cobradas por Glas pasaron por la sociedad anónima Cilgory, ubicada en un escritorio de la Ciudad Vieja de Montevideo.

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