La decisión fue tomada esta tarde en un plenario en Miami al que asistieron varios miembros tribunal, así como otros magistrados desde Colombia, Panamá y Chile que participaron por videoconferencia.

Además, los magistrados exhortaron a la Guardia Nacional Bolivariana a que notifique y detenga al dictador, además de pedir a Interpol que emita una alerta roja, según la resolución a la que tuvo acceso Efe.

"La importancia de esta decisión es el inicio del proceso penal en contra de Nicolás Maduro donde se determinará su responsabilidad, o no, en la comisión de los delitos por los que está siendo juzgado", indicó Marval.

En marzo, el mismo tribunal había admitido a trámite una querella de la exfiscal general Luisa Ortega (también en el exilio) en la que se acusa al presidente Nicolás Maduro de delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht y en la que se pidió emitir una orden de captura contra él a través de Interpol.

La denuncia de la fiscal Ortega se relaciona con "pagos hechos a funcionarios públicos y empresas fantasmas por parte de la constructora" brasileña.

"El tribunal le ha garantizado todos los derechos fundamentales a Maduro, como es el debido proceso del derecho a defensa e incluso el derecho como ciudadano", sostuvo Marval.

"La fase siguiente es la intermedia del proceso penal, para depurar el proceso y posteriormente entraría la fase del juicio oral y público. En caso de no asistir (Maduro), se declara en rebeldía y en consecuencia el abogado de oficio designado ejercerá su defensa", explicó.

"Nicolás Maduro Moros está suspendido e inhabilitado para el ejercicio del cargo de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela; y tengan a bien tomar las previsiones jurídicas pertinentes", se lee en el documento firmado en la ciudad de Coral Gables, aledaña a Miami.

"Notifíquese a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA); a la Presidencia de la Comisión Europea (CE); al Parlamento Europeo y a las Cancillerías de los países que integran el denominado Grupo de Lima a los fines de hacer de su conocimiento", expresa también el texto, suscrito por Miguel Ángel Martin Tortabú, Presidente de la Sala Plena, y por una veintena de magistrados. EFE