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Chile impulsa fin de la prescripción de delitos sexuales contra menores

Chile impulsa fin de la prescripción de delitos sexuales contra menores

Chile busca dar un paso decisivo en la protección de la infancia con la no prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores. Víctimas y activistas celebran el anuncio del presidente Sebastián Pinera.

A pesar del escándalo y repudio que ha producido en la sociedad chilena el caso del sacerdote Fernando Karadima, quien se aprovechó de la influencia en los jóvenes de su parroquia para dominar sus voluntades y abusar de ellos sexualmente, el cura cumple solamente con la sanción impuesta por el Vaticano de vivir retirado de la vida pastoral. La justicia civil, en cambio, no pudo castigarlo.

La ley chilena establece que, pasados cinco años, o 10 en algunos casos, de que la víctima de un delito sexual cumple la mayoría de edad, el autor del crimen no puede ser llevado a juicio. Mientras las víctimas siguen cargando con el dolor y el trauma de por vida, los autores gozan de impunidad. Los casos no llegan a la justicia y los abusadores no reciben ninguna sanción. Esto también favorece que los crímenes se sigan cometiendo en el tiempo, además de desincentivar las denuncias.

Por eso la indicación del presidente chileno, Sebastián Piñera, para que el proyecto de ley actualmente en el Congreso considere que todos los delitos relacionados con abusos sexuales en contra de menores de edad no prescriban, fue calificada como un "momento histórico" y un "regalo para el país" por James Hamilton, víctima de Karadima.

"Esto es muy significativo para las víctimas, entre las que me incluyo. Nos da una gran esperanza", dice a DW Vinka Jackson, sicóloga que ha encabezado junto a James Hamilton la lucha por visibilizar este tema y por lograr la imprescriptibilidad. "Aunque falta la tramitación de la ley, ya desde el Congreso se dejó saber que había una altísima probabilidad de se apruebe por unanimidad", agrega.

Derecho al tiempo

Si bien el proyecto tiene antecedentes en una iniciativa presentada por el parlamentario democratacristiano Patricio Walker, durante varios años no hubo avances significativos. Tampoco la "suma urgencia" indicada por Michelle Bachelet pocos días antes de terminar su mandato en marzo pasado tuvo mayor incidencia. Desde 2010, un grupo de víctimas y activistas venían trabajando para pomover una iniciativa legal que respetara el tiempo de las víctimas y les asegurara el acceso a la justicia.

Los casos conocidos dentro de la iglesia, tanto del cura Karadima, como de los Hermanos Maristas y en otras organizaciones eclesiásticas, avalados por el silencio y el encubrimiento al interior de la institución, han generado conmoción en una sociedad tradicionalmente católica y llevaron al Papa Francisco a reunirse en el Vaticano con tres de las víctimas para pedirles perdón y conocer sus sugerencias sobre cómo acabar con estos delitos al interior de la iglesia.

Clamor por justicia

Hace pocos días, la violación y muerte de la pequeña Ámbar, de sólo un año y siete meses, supuestamente a manos de la pareja de una familiar, estremeció a la sociedad. Comunidades de la región de los Andes, donde ocurrió el crimen, han salido a la calle exigiendo justicia. En redes sociales y medios de comunicación se sumaron las voces que llamaban a las autoridades y a la sociedad entera a asumir su responsabilidad de proteger la infancia.

Muchos niños, por su edad, ni siquiera son capaces de comprender que son víctimas de un delito, no tienen la posibilidad de escapar de esa situación, o están bajo cierto grado de dependencia emocional o económica del abusador, más aún cuando éste puede ser parte del círculo familiar o de amigos. "El dolor no prescribe. Este tipo de crimen, por sus características y las de las victimas, impide que éstas se asuman como víctimas sino hasta avanzada edad y hace muy difícil la develacion, la elaboracion y la verbalizacion", explica Vinka Jackson.