Con la decisión, Barroso también negó un pedido de la defensa de Temer, que solicitaba archivar el caso, al subrayar en su auto que es "necesario aguardar la conclusión de las diligencias en curso para que pueda formar una opinión sobre la existencia material de los delitos investigados".

Esta es la segunda vez que el magistrado concede a la Policía Federal ampliar en 60 días el plazo para concluir la investigación después de haberlo hecho ya el pasado 27 de febrero, cuando otorgó otros dos meses.

Con el apoyo de la Fiscalía, la Policía Federal solicitó prorrogar nuevamente las diligencias contra el mandatario para tener más tiempo para analizar los datos obtenidos con el levantamiento del secreto bancario de Temer, autorizado por el juez Barroso, y el material obtenido en diferentes operativos relacionados con el caso.

Uno de ellos fue el que resultó en la detención temporal de algunos de los allegados, como el abogado José Yunes, exasesor de la Presidencia, y el coronel retirado João Baptista Lima, ambos viejos y conocidos amigos de Temer, así como el exministro Wagner Rossi, un aliado político.

Las autoridades investigan si un decreto sancionado por Temer en mayo del año pasado y que alteró la ley de puertos benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado.

En el transcurso de esas investigaciones, el influyente diario 'Folha de Sao Paulo', a partir de supuestas filtraciones de los responsables del caso, publicó el mes pasado que hay sospechas de que Temer lavó dinero procedente de sobornos mediante la compra de inmuebles adquiridos a nombre de su esposa y de su hijo de 9 años.

Temer ya negó todas las acusaciones por escrito en las respuestas al interrogatorio de la Policía Federal y en una entrevista en la emisora de radio CBN dijo que el caso es "kafkiano".

"Es una caso extraordinariamente inadecuado, comienza sin saber por qué, prosigue sin saber por qué y terminará sin saber por qué", comentó el jefe de Estado, en el poder desde mediados de 2016 y cuyo mandato expira el 1 de enero de 2019.

El gobernante dijo "no teme ser preso" y que ese supuesto "sería una indignidad".

La apertura de esa investigación fue autorizada por el propio Barroso en septiembre del año pasado a petición del entonces fiscal general, Rodrigo Janot, quien ya denunció a Temer en dos ocasiones el año pasado por otros asuntos relacionados con la corrupción.

La Cámara de Diputados, sin embargo, impidió que la Corte Suprema diera curso a esos dos procesos contra el jefe de Estado, que sólo podrá ser juzgado por los mismos al final de su mandato. 

EFE