"Esas personas ya están siendo sometidas a proceso en Brasil y para poder prestar declaración de manera amplia y eficaz tienen que ser primero reconocidos los derechos aquí en Argentina", contó a Efe en Buenos Aires Pablo Maggio, abogado de la compañía brasileña en el país suramericano.

Tras saltar el escándalo de corrupción brasileño conocido como Lava Jato en 2014 -que afectó a importantes figuras de la política y a grandes empresas brasileñas y extranjeras- Odebrecht, adjudicataria en los últimos años de varias obras públicas en Argentina, firmó a finales de 2016 acuerdos de colaboración con el Ministerio Publico de Brasil y el Departamento de Justicia de EE.UU.

Fue en ese momento cuando reconoció haber pagado sobornos a funcionarios públicos e intermediarios en 12 países para acceder a licitaciones: en Argentina las coimas alcanzaron al menos 35 millones de dólares.

Según afirma Maggio, la compañía, que se dedica principalmente a la ingeniería y la construcción, se comprometió a colaborar con los países en los que se investigan los delitos pero siempre teniendo la seguridad de que se respeten los "derechos" acordados en Brasil para los exempleados de la empresa imputados que actúan de colaboradores de la Justicia.

En este sentido, el letrado destacó la imposibilidad de que esos "arrepentidos" también sean imputados en Argentina, ya que según recordó, tratados internacionales -a los que se adhiere Argentina- y la propia legislación local velan por que nadie pueda ser "perseguido dos veces por el mismo hecho", así como por la limitación del uso de las pruebas y el secreto de las investigaciones para no entorpecerlas.

"Odebrecht optó por la transparencia y reconoció ilícitos ocurridos en Brasil y en el exterior. Reparó los ilícitos y se comprometió e instrumentó un sistema de controles interno de primer nivel mundial", aseveró Maggio, para remarcar que la empresa no busca "impunidad", sino "reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones".

Para llegar a buen término y que la colaboración en Argentina se lleve a la práctica, Odebrecht subraya las reuniones que hasta ahora ha tenido con autoridades del país y diversas presentaciones judiciales para buscar las "herramientas eficaces" para poder concretar esa cooperación.

Los casos que implican en Argentina a Odebrecht y a sus socias locales son la concesión de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008), otro para ampliar el ferrocarril Sarmiento de Buenos Aires y contrataciones realizadas por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante el período 2007-2015.

Todos son proyectos iniciados durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), y en estos expedientes ya hay varios empresarios -entre ellos y ex altos funcionarios públicos procesados.

"Hoy Odebrecht, si no es la más, es una de las empresas más transparentes que hay en el mundo por el nivel de controles que tiene y esos controles los estableció Odebrecht a conciencia de que no tiene ninguna posibilidad de volver a equivocarse", reconoció Maggio.

Actualmente, la labor de la compañía en Argentina está centrada en la construcción de una red de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, con los que se beneficiará, según el proyecto, a más de 700.000 ciudadanos.

Sin embargo, el Gobierno de Mauricio Macri anunció en julio de 2017 su decisión de retirar por un año de la lista de oferentes de obra pública a la constructora brasileña, que suponía impedir su participación en licitación alguna para acometer obras nuevas durante ese periodo.

"Odebrecht da trabajo a más de 1.500 familias y lo que pretende es seguir dando trabajo, ampliar su trabajo y hacerlo en condiciones de igualdad con el resto de sus competidores", concluyó el abogado. 

EFE