"El aborto estaba mal ayer y sigue estando mal hoy", declaró en un comunicado Cora Sherlock, portavoz de la plataforma provida "Save the Eighth" ("salvad la octava"), unos de los grupos más visibles durante la campaña de esta consulta.

Aunque todavía no hay resultados oficiales, dos encuestas efectuadas a pie de urna por la cadena pública RTE y el diario "Irish Times" indicaron que el "sí" obtuvo el 69 y el 68 % de apoyo, respectivamente, cifras considerablemente más altas de lo esperado.

La activista aseguró que sus integrantes se opondrán a la reforma de ley propuesta por el Gobierno del partido democristiano Fine Gael, que podría abrir la puerta a la terminación de embarazos sin restricciones durante las primeras doce semanas y, en casos excepciones, hasta las veinticuatro.

"Es un día muy triste para Irlanda porque la gente ha votado a favor del aborto", dijo Sherlock, mientras continúa hoy el recuento de sufragios del referéndum, en el que el "sí" podría haber recibido un apoyo cercano al 70 %, según los sondeos.

Por el contrario, el ministro de Sanidad, Simon Harris, uno de los principales impulsores del cambio, indicó que "hoy en un día muy emotivo" para él y para todas las mujeres de este país que "han padecido", solas o con sus parejas, "crisis durante sus embarazos".

"En vez de decirles que cojan el barco, ahora les damos la mano y les decimos que cuidaremos de ellas", destacó Harris, en referencia a la miles de mujeres de este país que viajan cada año al extranjero para abortar, nueve a diario, debido a las restricciones de la legislación vigente, una de las más duras de Europa.

El Gobierno había pedido a la ciudadanía que se pronunciara sobre la eliminación de la llamada "octava enmienda", incluida en 1983 en la Constitución, y que garantiza de igual manera el derecho a la vida del "no nacido" y de la madre.

De acuerdo con esta previsión, la ley promulgada en 2013 por el Ejecutivo del Fine Gael, la primera en la historia de Irlanda, solo permite la interrupción del embarazo en las circunstancias excepcionales citadas y prevé, además, penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la sanidad que lo procuren al margen de las normas. EFE