La puja por las tarifas esconde la urgente necesidad del Gobierno de reducir los millonarios subsidios al consumo de servicios que impactan negativamente en el desequilibrio fiscal del país.

Macri había llegado a la Presidencia a finales de 2015 con promesas de revertir el déficit fiscal, pero transcurridos casi dos años y medio el desequilibrio se ha reducido poco, ha aumentado el endeudamiento y la alta inflación no ha sido domada todavía.

Todas estas variables entraron en juego en la corrida cambiaria registrada en mayo, con una súbita depreciación del peso, a la que el Gobierno respondió con la apertura de una negociación de asistencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, de saldarse con un acuerdo, podría implicar fuertes recortes en el gasto público.

Según Jorge Arias, director de la consultora Polilat, el Gobierno está en una "encerrona": debe hacer un ajuste, pide a otros sectores que apoyen recortes para lograr una ayuda financiera de FMI y pretende compartir ese coste político, pero, advirtió el analista, difícilmente consiga la "solidaridad" de la oposición e, incluso, de algunos miembros de la alianza gobernante Cambiemos.

"El veto impacta en la gente, que siente que no llega a fin de mes, que tenía un presupuesto de gastos, que le dijeron que estábamos bien y ahora inexplicablemente estamos mal y todo el mundo tiene que ajustarse en un esquema de retracción económica y de pérdida de trabajo. Es muy difícil que los argentinos acepten esto", dijo Arias .

Para el director de la consultora Opina Argentina, Andrés Gilio, la corrida cambiaria y el aumento de las tarifas tienen impacto en sectores medios urbanos en los que Macri había logrado en 2015 "amplios apoyos" para acceder a la Casa Rosada.

Según observó Gilio, desde la aprobación de la reforma en el sistema de pensiones, a finales del pasado año, el Gobierno registra una "caída sistemática todos los meses" en su imagen y hoy "está en los niveles de aprobación mínimos" desde que Macri asumió el poder, factor que "condiciona" al Gobierno de cara a las presidenciales de 2019.

Asimismo, apuntó el experto en diálogo con Efe, el Gobierno va a tener "serias dificultades de acá a 2019 para lograr consensos en el Congreso" para sacar adelante iniciativas propias, como una reforma laboral.

Con el veto presidencial, la ley contra el "tarifazo" puede volve a tratarse en un Parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría propia, pero en el que la oposición difícilmente logre los votos necesarios para revalidar la norma y hacerla efectiva.

"Para insistir con la ley, el Congreso tendría que reunir los dos tercios de los votos y no parece que la oposición los pueda conseguir. Así que esta ley va a vía muerta", sostuvo Arias.

Pero, resaltó, la oposición ha conseguido ya "que el Gobierno pague el costo de vetar una medida a favor de los consumidores".

"Tampoco la oposición tiene un interés real en el proyecto en sí, sino que era algo legítimo en el juego político para hacerle pagar al Gobierno un costo de vetar la ley", coincide Gilio.

Aún así, la fragmentada oposición en Argentina todavía está lejos de un proyecto unificado capaz de disputarle en 2019 las presidenciales al oficialismo que podría llevar nuevamente a Macri como candidato.

"Si bien esta situación de las tarifas los puede mostrar más cercanos, de ninguna forma crea una hoja de ruta que pueda concretar la unidad entre kirchneristas y peronistas no kirchneristas", afirmó Gilio.