Fue el mejor de los tiempos; fue el peor de los tiempos. Los diez días de huelga de camioneros expusieron la desconcertante complejidad de Brasil. En una más de las revueltas organizadas que acometen, de tanto en tanto, sorpresivas como un hipo repentino, a la población, la sociedad civil brasileña demostró su fuerza. Y también sus contradicciones.

Los camioneros solo necesitaron cuatro días para dejar al gobierno de rodillas y desencadenar una crisis de abastecimiento en el país más grande América Latina. Demostraron que, como ellos mismos dijeron, son la sangre que corre por las venas del país.

Aunque estaban separados por miles de kilómetros de rutas, los grupos de camioneros autónomos se organizaron a través de WhatsApp, según el modelo de la Primavera Árabe, y en un lapso de diez días consiguieron derrumbar el precio del diésel y que se rebajaran los peajes.

La población apoyó con todo la causa de los camioneros. Según una encuesta del Instituto Datafolha, un 87 por ciento de los brasileños estaban a favor del paro, incluso si sufrían el impacto del desasbastecimiento.

Así, Brasil asistió a una tempestad democrática perfecta: ciudadanos haciendo uso de su derecho a huelga y a manifestarse, con libre acceso a las herramientas de la comunicación, que gozan del apoyo popular y logran que el gobierno acceda a sus demandas. Todo eso sin represión ni violencia. Un país ejemplar.

Hasta que la situación se salió de sus carriles. Camioneros de todo Brasil hicieron campaña en las redes sociales e imprimieron afiches donde pedían una intervención militar. Usaron su derecho democrático a la libre expresión para pedir medidas antidemocráticas y, básicamente, la vuelta de la dictadura.

Felizmente, los propios militares despreciaron públicamente ese llamamiento y reafirmaron su lealtad a la Constitución. Ahora solo falta que los brasileños entiendan que no habrá un salvador de la Patria. La única forma de "poner orden en este país" es participar del proceso político antes, durante y después de las elecciones. Votar con responsabilidad y fiscalizar a los actores políticos.

El "lado oscuro de la Fuerza" también se manifestó en los supermercados y puestos de gasolina. La solidaridad demostrada con los camioneros contrastó con la mezquindad de los comerciantes, que pasaron a cobrar precios extorsivos por productos escasos. O de consumidores que se creyeron en derecho de comprar más de lo que precisaban, solo para garantizar lo suyo, sin importarles que los demás se quedaran sin nada.

Y esa contradicción también se ve en la cifras: del 87 por ciento de la población que apoyó la huelga, un 87 por ciento dijo no querer pagar por los 13.500 millones de reales (cerca de 3.590 millones de dólares) necesarios para cumplir con lo que fue prometido a los camioneros. Ahora bien, en un país en crisis, con un déficit presupuestario de más de 150.000 millones de reales (unos 40.800 millones de dólares), el dinero tiene que salir de algún lado.

El gobierno resolvió entonces cortar allí donde más duele: en el servicio básico de salud, en las políticas de combate a la violencia contra la mujer, en la demarcación de territorios indígenas y en la innovación. Y cuando se anunció que justamente los más débiles tendrían que pagar la cuenta, la gente se alzó de hombros.

Las últimas semanas demostraron que la democracia brasileñá tiene mucho más fuerza de lo que piensa para transformar el país, pero la sociedad debe decidir si será parte de la solución o del problema.

Faltan apenas cuatro meses para las elecciones presidenciales de octubre. Es tiempo de empezar a construir el mejor de los tiempos para Brasil.