"El programa ilegal israelí de asentamientos se ha atrincherado con firmeza con la demolición de 50.000 estructuras palestinas, la confiscación de 6.241 km2 y el desplazamiento de 750.000 palestinos que han sido reemplazados por 636.452 colonos en 425 asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este", denunció en un comunicado la Oficina del primer ministro palestino, Rami Hamdala.

Este martes, día 5 de junio, se conmemorará el inicio de la contienda tras la que Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, además de los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio, éste último de donde se retiró tras los Acuerdos de Paz de Camp David firmados con El Cairo en 1979, al igual que más tarde haría de Gaza en 2005, tras los Acuerdos de Oslo de 1993. 

Desde entonces, "las prácticas ilegales de Israel y las flagrantes violaciones se han centrado en los derechos palestinos a la libertad e independencia. Se han impuesto restricciones militares sobre millones de ciudadanos mientras Israel sigue confiscando tierra y saqueando recursos naturales palestinos", indicaron las autoridades palestinas en la nota.

El Ejecutivo denunció que la ocupación "ha estado imponiendo duras restricciones sobre las fundaciones geopolíticas y económicas del futuro Estado palestino" que limitan "significativamente el potencial y futuro crecimiento de las instituciones".

Como ejemplo nombra las restricciones de acceso a recursos naturales, a las importaciones y exportaciones -ya que Israel controla las fronteras de los territorios-, y los obstáculos para el desarrollo industrial y otros sectores económicos.

Esta situación, aseguran, "ha llevado a una de las tasas de desempleo más altas del mundo según el Banco Mundial, del 20 % en Cisjordania y el 46,6 % en Gaza".

El primer ministro palestino destacó las trabas para levantar infraestructuras y realizar otro tipo de "actividades de desarrollo humano" en el Área C, que ocupa el 60 % de Cisjordania y sobre el que Israel tiene el control de la planificación y construcción de edificaciones en virtud de los Acuerdos de Oslo. 

Los palestinos han denunciado en numerosas ocasiones que apenas se emiten estas autorizaciones y de acuerdo al Banco Mundial (BM), la explotación de los recursos en este territorio les reportaría un beneficio de 3.500 millones de dólares al año.

Hamdala sostuvo que el Gobierno palestino "está comprometido con la solución de los dos estados", y "ha creado el entorno político, económico y legal necesario" para evolucionar, al tiempo que los donantes y organizaciones internacionales "han afirmado que Palestina está preparada para (tener) la categoría de Estado".

Sin embargo, "no puede convertirse en un estado libre mientras que la ocupación militar israelí esté bloqueando duramente las aspiraciones nacionales palestinas de autodeterminación y obstaculizando la transformación de las instituciones palestinas en las de un estado independiente". EFE