El juez Carlos Bruniard ordenó este jueves el procesamiento del endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente, y dictó contra ellos un embargo de 1,7 millones de pesos (unos 61.000 dólares).

Los dos acusados fueron los médicos principales que asistieron junto a una cardióloga y dos terapeutas a Pérez Volpin durante y tras la endoscopia ordinaria que le practicaron el 6 de febrero de este año en el Sanatorio de la Trinidad de Buenos Aires, y que terminó con la vida de la paciente.

El pasado abril uno de los abogados de la familia de la periodista, Diego Pirota, afirmó que, según el informe final de la autopsia, Pérez Volpin, de 50 años, falleció a raíz de una "perforación instrumental del esófago" mientras le realizaban la endoscopia.

En un primer momento, la clínica donde falleció aseguró que la diputada murió por un paro cardiorrespiratorio mientras se realizaba la intervención, aunque Pirota recalcó que el informe desvela que sufrió "una muerte violenta producto del accionar de los profesionales", en referencia a una negligencia.

Deborah Lichtmann, abogada de la familia Pérez Volpin, declaró hoy al canal TN, para el que la legisladora trabajó gran parte de su carrera, que se encuentran "conformes" con el procesamiento -que podrá acabar en un juicio oral- y remarcó que "hubo una mala práctica con el instrumento de perforación".

Hubo una "violación del deber de cuidado (por parte del endoscopista) como garante de la vida del paciente" dijo.

La letrada añadió que "no es aceptable que médicos con experiencia no supieran qué hacer, ni explicar qué paso".

De los testigos que asistieron a la intervención médica y fueron llamados a declarar, la abogada de la familia extrajo la conclusión de que el médico "no hizo nada".

Tras acudir a declarar como investigados y según trascendió en la prensa de sus extensas comparecencias, tanto Bialolenkier como la anestesista reiteraron que no cometieron ningún error. 

EFE