Una cuarta parte de los autores de este tipo de ataques tenía un diagnóstico de alguna enfermedad mental antes de acometer la acción: De ellos, el 75 % padecía un trastorno emocional y el 19 % psicosis.

Estos datos contrastan con las declaraciones después de cada tiroteo que efectúa el presidente Donald Trump, quien ha calificado las actuaciones fatales como un "problema de salud mental" y ha evitado ahondar en el debate sobre el control de armas que afecta al país.

El estudio también aborda cómo fueron adquiridas las armas de fuego utilizadas.

De acuerdo con el informe, el armamento empleado en estos actos fue adquirido por la vía ilegal en un 2 % de los casos o mediante robo, en un 6 %; el 40 % fue conseguido de forma legal; el 35 % de los atacantes tenía el arma desde hacía tiempo y nada hacía indicar que su objetivo fuera protagonizar una agresión; y un 11 % la obtuvo de una persona que conocían, entre otros.

Sobre la preparación y el planeamiento de los ataques, solo el 14 % había estudiado sus objetivos y el 10 % había analizado el lugar en el que perpetraría los hechos.

En la mayoría de los casos, el lugar escogido tenía una conexión previa con los atacantes: en el 73 % era su sitio de trabajo entre los mayores de 18 años y su centro educativo o antigua escuela en el 88 % entre los menores de edad.

Además, en el 64 % del total el agresor había seleccionado de forma específica al menos a una de las víctimas.

El estudio analiza un total de 63 casos, ocurridos entre 2000 y 2013 y pretende arrojar luz sobre las circunstancias previas a los ataques, después de que en 2014 publicaran otro informe sobre los hechos durante y después del asalto.

El 2017 fue el año en el que el FBI registró el número más alto de tiroteos, con un total de 30 casos, según la propia agencia. EFE