Una resolución de la secretaría general del Ministerio publicada en el diario oficial El Peruano decretó la ilegalidad de la huelga en todas las regiones del país.

El documento sostiene que la huelga no fue comunicada correspondientemente por la organización gremial a la autoridad educativa y que además fue acatada parcialmente por los profesores a pesar de haber sido declarada previamente improcedente.

Según los reportes del Ministerio de Educación, apenas el 5 % de los alrededor de 400.000 profesores de la educación pública básica de Perú secundaron el paro.

La huelga ha tenido más seguimiento en las regiones de Ayacucho, Tacna, Apurímac, La Libertad, Madre de Dios, Arequipa, Lambayeque, Lima Provincias, Ica, Lima y Huánuco.

En regiones como Amazonas, Áncash, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Junín, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali no se ha comunicado el acatamiento del paro pero igualmente ha habido personal docente que no ha asistido para impartir sus clases.

La huelga está convocada por el Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales del Sutep, una facción del sindicato liderada por el profesor Pedro Castillo que disputa el control de la asociación gremial al comité nacional, cuyos dirigentes no respaldan el paro.

El sector de Castillo, también conocido como Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción (Conare), acusa al Gobierno peruano de incumplir los acuerdos alcanzados el año pasado.

Reclama una subida de sueldo de hasta los 4.000 soles (1.200 dólares) en 2021, al considerar insuficiente el incremento acordado tras la última huelga, que era hasta los 2.000 soles (600 dólares), con aumentos progresivos que concluirán a final de año.

El paro del pasado año terminó con una crisis en bloque del Gobierno peruano, pues todo el Consejo de Ministros fue censurado por el Congreso, donde el fujimorismo tiene mayoría, ante una cuestión de confianza presentada por el entonces primer ministro, Fernando Zavala. EFE