Desde que se inició la campaña electoral el pasado 30 de marzo, los candidatos han evitado explicar cómo solucionarán estos puntos, que tampoco han encontrado espacios en los tres debates que tuvieron.

Las cifras son alarmantes. Por ejemplo, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas señala que hay más de 37.000 individuos cuyo paradero es desconocido.

Entre los casos de desaparición forzada, el más emblemático de los últimos años es el de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, ocurrido en 2014.

El sexenio gubernamental del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) suma, hasta fines del pasado año, 1.986 agresiones a la prensa y 41 asesinatos de periodistas, según datos de Artículo 19, y el país es considerado uno de los más peligrosos para ejercer el oficio.

Además, la ONU ha manifestado su preocupación por los casos de tortura -que llegó a calificar de "generalizada"- y Amnistía Internacional (AI) ha dicho que la violencia sexual es "una práctica rutinaria" en los arrestos a mujeres por parte de las fuerzas de seguridad.

A pocos días de la jornada electoral del 1 de julio, "seguimos con vacíos", y sin "propuestas específicas" para atender estos asuntos, asevera a Efe Raquel Aguilera, subdirectora de programas de AI México.

"Nos preocupa mucho que una persona que pretende dirigir el rumbo del país como presidente de la República no nos esté dando al menos información para poder decidir el voto", indica.

Este silencio es alarmante porque "la situación de derechos humanos que se vive en el país es muy grave".

"Los candidatos ni siquiera lo están haciendo visible; no lo están dimensionando, no lo están tomando como importante", destaca Aguilera, y comenta que esta es "una estrategia muy utilizada" cuando se quiere hacer creer que un problema "no existe".

AI y Artículo 19 presentaron en abril la plataforma en línea "México Sin Miedo" para seguir cuántas veces los candidatos mencionan temas de derechos humanos en sus redes sociales y animarles a incluirlos en su agenda.

Se analiza la presencia de cuatro puntos: desaparición forzada, agresiones a periodistas, violencia machista y detenciones arbitrarias.

El conservador Ricardo Anaya es el que más veces ha tuiteado sobre esto, con 15 mensajes, mientras que el que menos lo ha hecho es el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (un tuit).

En sus programas electorales, los candidatos manifiestan su compromiso con los DD.HH. pero no aportan soluciones específicas para atender las violaciones que se dan en el país.

Por ejemplo, Anaya -de la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano- destaca que se han dado "enormes retrocesos en la libertad de expresión" y que su eventual gobierno impulsará un "nuevo modelo democrático" que promoverá el flujo de información, pero no concreta cómo.

López Obrador, favorito en las encuestas y abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo y Encuentro Social, asegura que alentará "la promoción y protección de los derechos humanos en México y en el mundo".

José Antonio Meade -Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza- no se ha aludido de forma directa las mencionadas violaciones, pero ha expresado en varias ocasiones que los DD.HH. deben ser el "eje rector" de todos los asuntos nacionales.

Por otra parte, el PVEM incluye entre sus propuestas de campaña la pena de muerte con el argumento de que "los asesinos y secuestradores pensarán dos veces antes de actuar".

Es un punto en que coincide con el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, quien también está en favor de establecer la pena de muerte a secuestradores.

El tema en el que sí han profundizado más los candidatos es el de los derechos de los migrantes. Concretamente, se han pronunciado sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos y el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente de ese país, Donald Trump.

En su segundo debate, todos los candidatos plantearon, con diferentes matices, mejorar las condiciones en las comunidades de origen de los migrantes, particularmente en el sur del país, para resolver el problema de la migración hacia EE.UU.

Asimismo, apostaron por reforzar la labor de los consulados en el país vecino para proteger a los connacionales que viven allí y están en riesgo de ser deportados. EFE