La Procuraduría General de la República hará el trámite ante un Juzgado de Trabajo, mientras entidades como el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de Petróleo y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica presentaron solicitudes por su lado.

De ser declarada ilegal la huelga, los trabajadores que se unieron podrían enfrentar sanciones o la rebaja del día de salario.

El viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, explicó a los periodistas que "la reforma procesal laboral delimita de forma clara el procedimiento a seguir antes de iniciar una huelga" y que, en este caso, no se cumplió con las disposiciones establecidas.

La reforma procesal laboral, que entró en vigencia el año pasado, prohíbe las huelgas en servicios esenciales como los de la salud y la policía, entre otros.

"En este caso las instituciones a lo interno se encargarán de revisar la naturaleza, afectación y procedimientos que cada sindicato haya llevado acabo y de esta forma presentar la solicitud de que esta sea declarada ilegal, en vista de no haber cumplido con lo establecido el Código de Trabajo", afirmó Alfaro.

El Gobierno destacó que el próximo viernes 29 de junio iniciarán una nueva etapa en el diálogo con los sindicatos y otros sectores, ya que se convocó a una mesa de negociación con agenda única del tema fiscal.

Los grupos sindicales de Costa Rica realizan este lunes una huelga de un día para protestar contra una reforma tributaria y un plan de contención del gasto impulsados por el Gobierno para paliar el creciente déficit fiscal.

El Gobierno afirma que el movimiento de huelga no se justifica y que una mesa de diálogo se mantiene activa.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia desde hace más de dos años el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que consiste en una reforma tributaria que introduce cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital, la renta global y reducción de incentivos salariales en el sector público.

El principal punto del proyecto es la transformación del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que gravará los servicios y ampliará la base de productos.

El déficit fiscal de 2017 cerró en el 6,2 por ciento del PIB y para 2018 se proyecta en el 7,1 por ciento si no se da la reforma tributaria.

EFE